BENEMERITA UNIVERSIDAD

 AUTONOMA  DE PUEBLA

 

 

 

ARTURITO REY CORAZON VIKINGO

 

MATRICULA: 200508923

 

 

 

 

MARZO 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Contenido

BIBLIOGRAFIA.. 5

LIBROS.. 5

TESIS.. 8

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.. 12

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA.. 16

Retratos, instituciones y convencionalismos.. 17

Aldeanos, locales y tangencialmente globalizados.. 19

El fin de las ciencias sociales.. 23

Los cuarteles ideológicos.. 24

La majestad del protocolo.. 25

La irrelevancia del conocimiento de lo social. 25

NOTAS. 27

Divas audiovisuales del pornopop.. 28

Derechos post mortem de la persona.. 29

Fundamento y definición.. 29

Derechos post mortem de la persona fallecida.. 30

Sujetos responsables de la procuración.. 30

Deberes a las personas fallecidas.. 31

Sobre el derecho al tratamiento decoroso del cadáver y los restos   32

Sobre el derecho al respeto a la honra.. 33

De acuerdo con el derecho a la personalidad jurídica: 33

Algunos de los deberes del Estado con la persona fallecida.. 35

Derechos post mortem de la persona en el Distrito Federal. 36

Notas.. 37

La Constitución, las finanzas públicas y el alcohol. 39

Ciudadanos de segunda.. 39

El reino del revés.. 39

Papá gobierno nos protege de los malosos.. 40

"Pórtense bien". 41

La vida es una perinola: todos ponen.. 41

Paz con justicia y ebriedad.. 42

La Educación Superior en el Sistema Educativo Nacional. 43

La Falacia de la "Gratuidad" Obligatoria.. 44

El predicamento financiero de la educación superior.. 45

Subsidio Ordinario.. 46

Subsidio Extraordinario.. 47

Ausencia de Criterios Equitativos para la Asignación Presupuestal. 49

Gasto por alumno.. 51

Eficiencia terminal. 52

La Zona Metropolitana del Valle de México.. 53

Caída del Financiamiento Público.. 54

Comparación con otros países.. 55

El Abismo Financiero para el Pago de Pensiones.. 56

La Necesaria Generación Creciente de Recursos Propios.. 58

I. FEDERALISMO, CLAVE DEL DESARROLLO SOCIAL. 60

II. FEDERALISMO Y DESCENTRALIZACIÓN: UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA.. 60

III. FEDERALISMO EDUCATIVO: UNA EXIGENCIA DE LA REALIDAD NACIONAL PRESENTE Y FUTURA.. 61

IV. LA EDUCACIÓN COMO SERVICIO PÚBLICO.. 62

V. RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO: HACIA LA PARTICIPACIÓN Y LA EQUIDAD   62

VI. TAREAS PENDIENTES.. 63

La rendición de cuentas en la educación superior.. 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

LIBROS

Autor          CARPIZO, JORGE

Titulo          FEDERALISMO EN LATINOAMERICA / JORGE CARPIZO

Pie Impren            MEXICO : UNAM. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

1973             Bib. Area Cs. Administrativas (Fernández Aguirre)      K1 B45 N.1

 

 

Autor          Simón Ruiz, Inmaculada.

Titulo          Los actores políticos poblanos contra el centralismo : contribuciones a la formación del primer federalismo mexicano : 1808-1826 / Inmaculada Simón Ruiz.

Pie Impren            [Cádiz] : Fundación Municipal de Cultura, Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, [2004]

(Casa Amarilla) JL1220.S8 S55

 

 

Autor          Martínez Sánchez, Francisco.

Titulo          El control interno de las constituciones de los estados de la República Mexicana : perspectiva de un nuevo federalismo / Francisco Martínez Sánchez.

Pie Impren            Mexico : Porrua, 1998.                  Fernández Aguirre)    KGF2921.Z95 .M37  

 

 

Titulo          Federaciones : lo nuevo del federalismo en el mundo

Pie Impren            México : Foro de Federaciones

Descrip.    vol. abierto : il. ; 27 cm.

Frecuencia         Trimestral

Fecha De Pub     1992 -

Materia      Ciencias políticas -- Publicaciones periódicas

Titulo Alt  Federaciones

 

 

Autor          Prieto, Guillermo, 1818-1897.

Titulo          Memorias de mis tiempos, 1828 á 1840 / Guillermo Prieto (Fidel).

Pie Impren            París ; México : Librería de la Vda. de C. Bouret, 1906.

n García Cantú F1232.P74 M45

 

Autor          COSTELOE, MICHAEL P.

Titulo          LA PRIMERA REPUBLICA FEDERAL DE MEXICO (1824-1835) : UN ESTUDIO DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL MEXICO INDEPENDIENTE / MICHAEL P. COSTELOE ; TR. MANUEL FERNANDEZ GASALLA

Pie Impren            MEXICO : FCE                 . 2 de Oct. de 1968           F1232 C6718

 

 

Autor          BARRAGAN BARRAGAN, JOSE

Titulo          INTRODUCCION AL FEDERALISMO: LA FORMACION DE LOS PODERES EN 1824

Pie Impren            [MEXICO] : UNAM, [1978].               Fernández Aguirre)         JL1220 B37

 

Autor          Zamudio Urbano, Rigoberto.

Titulo          Las entidades fiscales y el nuevo federalismo tributario / Rigoberto Zamudio Urbano.

Pie Impren            Puebla, Pue., México : OGS Editores, c2000.    Maestría en Derecho            KGF4597 .Z35

 

Autor          Puebla (México)

Titulo          Ley para el federalismo hacendario del Estado de Puebla

Pie Impren            México : ACD, 2001.              Maestría en Derecho   HJ805.T33 .P8

 

 

Autor          México

Titulo          Reglamento de la ley para el federalismo hacendario.

Pie Impren            Puebla : ACD, 2002                 Maestría en Derecho            JH8901 .M59 2002

 

 

Autor          Caminal Badia, Miquel.

Titulo          El federalismo pluralista : del federalismo nacional al federalismo plurinacional / Miquel Caminal ; prólogo de Ferran Requejo.

Pie Impren            Barcelona : Paidós, 2002.             (Fernández Aguirre) JC355 .C35 c.2

 

Record:   Prev Next

Titulo          De la descentralización al federalismo : estudios comparados sobre el gobierno local en México / Jacqueline Martínez Uriarte & Alberto Díaz Cayeros, coordinadores.

Pie Impren            México, D.F. : Miguel Angel Porrúa : Centro de Investigación para el Desarrollo, 2003.

Fernández Aguirre) JS2110 .D44 c.2

 

autor          Hallivis Pelayo, Manuel

Titulo          Fisco, federalismo y globalización en México / Manuel Hallivis Pelayo ; prol. Mariano Azuela Güitrón, comentarios David Colmenares Páramo.

Pie Impren            México : Tax Editores, 2003.            Contaduría Pública           JL1220.S8 .H24

 

Titulo          El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827 / Josefina Zoraida Vázquez, coordinadora.

Pie Impren            México : El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos 2003.

(Fernández Aguirre)            F1232 .E772 c.2

 

Autor          Faya Viesca, Jacinto.

Titulo          El federalismo mexicano : régimen constitucional del sistema federal / Jacinto Faya Viesca.

Pie Impren            México : Porrúa, 2     Maestría en Derecho           KGF2943 .F39 2004

 

Título:         Distribución de competencias entre la federación y los estados.

Autor:         Cruz Angulo, Daniel.

Descripción:      Clave: D1992 C7 D5. -- Ubicación: Biblioteca de Área de Ciencias Sociales y Económico Administrativas. 'Lic. Arturo Fernández Aguirre'.

Fecha:         Noviembre 1992

Identificador del Documento:  BAFA200618185

            Title:            Federalismo FiscalLey para el Federalismo Hacendario

Author:      Gopar Betanzos, Idalía

Description:       Clave: LE2003 G6 F4. -- Ubicación: Biblioteca de Área de Ciencias Sociales y Económico Administrativas. 'Lic. Arturo Fernández Aguirre'. ATE

Date:            December 2003

Document ID:      BAFA20054043

 

 

Título:         El municipio como una unidad básica del federalismo.

Autor:         Velázquez Sandoval, Javier.

Descripción:      Clave: D2003 V4 M8.-- Ubicación: Biblioteca de Área de Ciencias Sociales y Económico Administrativas. 'Lic. Arturo Fernández Aguirre'.

Fecha:         Enero 2003

Identificador del Documento:  BAFA200511360

 

Título:         La incorrecta aplicación del federalismo y sus efectos en la situación que guarda la hacienda pública del municipio de Puebla.

Autor:         Ramirez Minor, Ismael.

Descripción:      Clave: D1995 R3 I5. -- Ubicación: Biblioteca de Área de Ciencias Sociales y Económico Administrativas. 'Lic. Arturo Fernández Aguirre'.

Fecha:         Enero 1995

Identificador del Documento:  BAFA2006382

 

Título:         La justificación del municipio ante el nuevo federalismo

Autor:         Zenteno Hernández, Patricia

Descripción:      Clave: D1997 Z3 J8. -- Ubicación: Biblioteca de Área de Ciencias Sociales y Económico Administrativas. 'Lic. Arturo Fernández Aguirre'.

Fecha:         Abril 1997

Identificador del Documento:  BAFA200621573

TESIS

 

 

Título:         La problemática que enfrenta el municipio mexicano en el marco del Pacto Federal

Autor:         Terrazas Briones, Saúl

Descripción:      Clave: LE2003 T4 P7. -- Ubicación: Biblioteca de Área de Ciencias Sociales y Económico Administrativas. 'Lic. Arturo Fernández Aguirre'. Las raíces milenarias del municipio se remontan desde la época de larga expansión del Imperio Romano, donde las comunidades que se incorporaban quedaban obligadas a pagar el tributo o manus que recibían el nombre de municipium; sin embargo, los habitantes no disfrutaron, en un principio, de los derechos reservados a los ciudadanos romanos. Posteriormente, a los ciudadanos se les concedía, la ciudadanía y una creciente autonomía de administración de sus intereses locales comunes, a fin de alcanzar un equilibrio político con la metrópoli, llegando finalmente a caracterizarse las mismas comunidades, municipalidades o municipios por el disfrute de una vida local libre y autónoma, no obstante estar vinculadas al poder imperial y formar parte del Imperio Romano. La huella del municipio se extendió también en los lugares que conquistó y colonizó España, y se convirtió en la forma de organización y de administración de los intereses de quienes estaban avecindados en las localidades del mundo hispánico. La estructura jurídica del México Independiente reconoce la forma de organización municipal y es enriquecida en su expresión constitucional en 1917, así como reforzada en 1983, en que quedaron consagrados derechos municipales importantes e inafectables. Tocqueville, en su obra “La democracia en América”, reconoce que donde quiera que convivan seres humanos, aparece naturalmente una figura asociativa o comuna y que tal es la verdadera causa de las comunidades municipales. Así pues, los municipios en México deben responder, al mismo tiempo, a una razón de necesidad y convivencia de solución de intereses y a una herencia jurídica de vieja consistencia, que los enriquecen. La primera de esas razones no significa que la forma de organización municipal y la naturaleza específica de intereses que atiende, sean estáticas o deban permanecer anquilosados en el tiempo. Lo cierto es que el municipio representa, en cambio, el escenario en que se producen con una gran dinámica, las modificaciones y adaptaciones prácticas inmediatas a una realidad que se transforma cada vez más velozmente. El origen del federalismo en México se fundamenta en el esquema del sistema federal de los estados Unidos de Norteamérica. En nuestro país se adoptó como una necesidad que sirvió para unir a la República, debido a la pretensión separatista de varias provincias importantes. En los últimos años, en nuestro país ha habido intentos por robustecer las facultades locales, principalmente utilizando procesos de descentralización administrativa, que sin duda constituyen un gran avance, pero, en la realidad que vive la nación, resultan insuficientes Actualmente, el federalismo continúa rezagado en algunos aspectos; sobre todo, en los relacionados con las finanzas nacionales que, bajo condiciones centralizadas, inhiben la iniciativa, proyección, planeación y desarrollo de los Estados y regiones que componen el mosaico de la República.

Fecha:         Septiembre 2003

Identificador del Documento:  BAFA20041040

 

Título:         El federalismo mexicano

Autor:         Lara Sanchez, Juan Luis

Descripción:      Clave: D1996 L3 F4. -- Ubicación: Biblioteca de Área de Ciencias Sociales y Económico Administrativas. 'Lic. Arturo Fernández Aguirre'.

Fecha:         Mayo 1996

Identificador del Documento:  BAFA200618807

 

Título:         Federalismo autonomia de las entidades federativas y fortalecimiento económico y político a los municipios

Autor:         De la Rosa Chavez, Alicia ; Santos Ruiz, Mario

Descripción:      Clave: D1997 R6 F4. -- Ubicación: Biblioteca de Área de Ciencias Sociales y Económico Administrativas. 'Lic. Arturo Fernández Aguirre'.

Fecha:         Abril 1997

Identificador del Documento:  BAFA200622181

 

Título:         El Federalismo: Una institución Histórico Política en México

Autor:         García Gayosso José Julio ; Espinoza Hernández, Teodoro

Descripción:      Clave: D1991 G3 E4.-- Ubicación: Biblioteca de Área de Ciencias Sociales y Económico Administrativas. 'Lic. Arturo Fernández Aguirre'.

Fecha:         Marzo 1991

Identificador del Documento:  BAFA200514184

 

Título:         Soberanía Y Federalismo, En El Derecho Constitucional Mexicano

Autor:         Salomón Trujillo, Úrsula Liliana

Descripción:      Clave: D2005 S2 S6 Ubicación: Biblioteca de Área de Ciencias Sociales y Económico Administrativas. 'Lic. Arturo Fernández Aguirre'. INTRODUCCIÓN Desde el siglo pasado en México se concibió al Estado Federal y la evolución de las ideas contribuyó a adoptar la forma de gobierno Federal. Esto pone de relieve el interés por conocer al mismo. La naturaleza jurídica de los Estados representa porciones de Estado Federal con determinados atributos característicos que se describen en contenido. Es importante para saber la forma de gobierno que tenemos en la actualidad y saber como surgió y porqué. Así como las diferentes formas de gobierno de nuestras antiguas civilizaciones. Resulta conveniente conocer cómo se realizó la investigación, al respecto: “Plasmar la metodología servirá de guía para posteriores investigaciones”. La metodología empleada en el presenta estudio es el método inductivo de semejanza porque el Sistema Federal de México conserva las características desde su nacimiento hasta la actualidad y además, dicho sistema lo adopta México de Estados Unidos. También a conveniencia de la investigación se emplea el método histórico por consistir en un estudio sobre acontecimientos del pasado que han tenido relevancia y trascendencia social, pues este método es de gran importancia para saber la repercusión que hemos tenido de acuerdo a los acontecimientos históricos de nuestro país. El tipo de investigación aborda el concepto de Estado Federal, cabe mencionar que resulta difícil precisar el momento exacto donde surge tal fenómeno que en contenido conoceremos. En el primer capítulo se detallan definiciones sobre el concepto del Estado Federal para tener una idea general del tema de estudio. Es importante mencionar que en el capítulo segundo se menciona los antecedentes históricos de las formas de gobierno con la finalidad de entender como fueron los gobernantes y los gobiernos antes de adoptar el sistema Federal. En el tercer apartado se trata el Federalismo con sus diferentes conceptos políticos para visualizar la relación de cada uno de ellos con el Federalismo.

Fecha:         Marzo 2005

Identificador del Documento:  BAFA20056058

 

Título:         Democracia y Cambio Político en Tlaxcala 1992 2007

Autor:         Moreno Denicia, Jaime Esteban

Descripción:      Clave: LCP2009 M6 D4. -- Ubicación: Biblioteca de Área de Ciencias Sociales y Económico Administrativas. 'Lic. Arturo Fernández Aguirre'. INTRODUCCIÓN La mecánica del Régimen Político Mexicano hoy día, se sustenta en la formalidad democrática, y ha dado pasos importantes para que así sea en la realidad, los cambios que oportunamente se han dado, del paso del autoritarismo a la democracia, nos deja claro que es indispensable estudiar este fenómeno tanto a nivel federal como estatal, en este sentido, la prioridad es el caso especifico del Estado de Tlaxcala. Todo parece indicar, que la democracia, ha vencido sobre cualquier otra forma de gobierno en el mundo, incluyendo en México, el recorrido por el tiempo que presentaremos en este trabajo, nos lleva a descubrir la evolución de la democracia, el entender de ¿qué implica y qué significa la democracia?; al igual qué ¿cómo ha sido la transición a la democracia en México?; y en especial ¿cómo ha sido la transición a la democracia en el Estado de Tlaxcala?. Los desafíos y retos de la democracia en México, se han dado como resultado de una serie de reformas electorales, entre ellas una reforma en 1989- 1990 que da pauta a la creación de un órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de organizar las elecciones federales, es el caso del Instituto Federal Electoral (IFE). Sobre este Instituto se han forjado las bases para tratar de formar una nueva cultura en México, de formar un sistema de partidos competitivos, y de fortalecer la alternancia en la Presidencia de la República Mexicana en las elecciones del año 2000, con respaldo de legalidad y confianza. Con el resultado de estas elecciones, algunos se atrevieron a decir que daban por concluida la transición a la democracia en México y necesitaban nuevos temas de estudio, otros opinaban que la transición a la democracia apenas 8 comenzaba y que habría que fortalecerla y ayudarla a madurar, en fin un nuevo debate en torno a ideas abstractas que vislumbraban de primer momento. Este mismo fenómeno ocurrido en el año 2000 a nivel federal de alternancia de otro partido distinto al partido hegemónico (PRI), ya se había vivido en varios Estados de la República Mexicana, desde 1989, año en el cual la oposición, con el –Partido Acción Nacional (PAN)– ganó oficialmente su primera gobernatura en la historia post-revolucionaria mexicana (Baja California), nuevos estados se han ido sumando a la lista: el propio PAN ha ganado las elecciones para gobernador en Chihuahua (1992), Guanajuato (1995), nuevamente Baja California (1995), Jalisco (1995), Querétaro (1997), Nuevo León (1997) y Aguascalientes (1998). Por su parte, la oposición de centro-izquierda, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha ganado la elección de jefe de gobierno en el Distrito Federal (1997) y las elecciones para gobernador en Zacatecas (1998), Tlaxcala (1998) y Baja California Sur (1999); Pero además cabe mencionar que este mismo fenómeno que ocurrió a nivel Federal y Estatal, ya se había dado a nivel municipal...., de ahí la importancia de estudiar los casos concretos de alternancia y democracia de los Estados de la República Mexicana. Sin duda, la democracia mexicana es una democracia joven a la que hay que ayudar a madurar, por eso en este trabajo se dará a conocer el funcionamiento de una parte integrante del país, en este caso hablo del Estado de Tlaxcala, para el buen funcionamiento del país y de la propia democracia. Como resultado del nuevo federalismo y de la propia democracia, aparte de las reformas que ya se habían dado a nivel federal, desde lo local (estados), se empezó a originar el cambio a la democracia, hacia la competencia de partidos, etc., siempre configurado desde el aspecto electoral, en el año de 1998 en Tlaxcala con un proceso inesperado se abrió paso a la alternancia, con el cual hoy se puede decir que este proceso está más adelantado que en otros Estados de la República Mexicana.

Fecha:         Febrero 2009

Identificador del Documento:  BAFA2009442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

 

 

 

Comentarios y anexos:

1. Definiciones y teorías clásicas y actuales sobre el federalismo y la descentralización en política comparada: enfoques institutionalistas, económicos y sociológicos Colino, C. (2003). “La Organización Territorial del Estado”, en A. de Blas, J. Rubio Lara y J. de Andrés eds. Teoría del Estado, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 367-391.

 

Elazar, D. J. (1990). Exploración del federalismo, Barcelona, Hacer/ Fundación Rafael Campalans. (cap. 2)

 

Rodríguez-Pose, A. y N. Gill, (2003). "The Global Trend Towards Devolution and its Implications", Environment & Planning C: Government & Policy, 21, 3, 333-351.

 

2. Modelos de sistemas federales y tipos de descentralización: los ejemplos nacionales y la Unión Europea

 

Watts, Ronald L. (2006). Sistemas federales comparados, Madrid: Marcial Pons. (Caps. 2 y 8)

 

Hueglin, T. y A. Fenna (2006). Comparative Federalism. A systematic Inquiry, Broadview Press. (55-84)

 

McKay, D. (2001). Designing Europe. Comparative Lessons from the Federal Experience, Oxford, Oxford University Press. (8-22)

 

3. Explicaciones del surgimiento y el cambio de los sistemas federales: teorías y ejemplos

 

Stepan, A. (2001). “Toward a New Comparative Politics of Federalism, (Multi)Nationalism, and Democracy: Beyond Rikerian Federalism”, en Stepan, Arguing Comparative Politics, Oxford: Oxford University Press, (315-361).

 

Ziblatt, D. (2006). Structuring the State: the formation of Italy and Germany and the puzzle of federalism. Princeton: Princeton University Press. 1-17.

 

Burgess, Michael (2006) Comparative Federalism: Theory and Practice, Londres: Routledge: 76-100.

 

4. El diseño y funcionamiento de los sistemas federales: representación, financiación y relaciones intergubernamentales

 

Colomer, J. M. (1999). “Las instituciones del federalismo”, Revista Española de Ciencia Política, 1, 1. 41-54.

 

Watts, Ronald L., (2006). Sistemas federales comparados, Madrid: Marcial Pons. (Caps. 4 y 9)

 

Cameron, D. (2001). “Las estructuras de las relaciones intergubernamentales”, Revista Internacional de Ciencias Sociales, 167. Número Especial sobre federalismo. Edición en Español.

 

5. Los efectos del federalismo y la descentralización sobre la democracia, la acomodación étnica y la eficacia en las políticas públicas

 

Colino, C. (2002). “Diseño institucional y eficacia de las políticas. El federalismo y la política medioambiental”, en M. Grau y A. Mateos eds. Análisis de políticas públicas en España: enfoques y casos, Valencia: Tirant lo Blanch, 305-333.

 

Linz, J. J. (1999). “Democracia, multinacionalismo y federalismo”, Revista Española de Ciencia Política, 1, 1, 7-40.

 

Obinger, H., S. Leibfried y F. G. Castles (2005). Federalism and Welfare State. New World and European Experiences, Cambridge: Cambridge University Press. 1-45.

 

6. Procesos de reforma institucional en sistemas federales: actores, procesos y resultados

 

Aroyo Gil, A. (2004). “Presente y futuro del federalismo alemán”, Cuadernos de Alzate, 30, 15-36.

 

Roller, E. (2002). “Reforming the Spanish Senate: Mission Impossible?, West European Politics, 25, 4, 69-92.

 

Benz, Arthur, (1994) “A Forum of Constitutional Deliberation? A Critical Analysis of the Experience of the Joint Commission on the Constitution, German Politics 3 (December), 99-117.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Definiciones y teorías clásicas y actuales sobre el federalismo y la descentralización

en política comparada: enfoques institutionalistas, económicos y sociológicos

Colino, C. (2003). “La Organización Territorial del Estado”, en A. de Blas, J. Rubio Lara y J. de

Andrés eds. Teoría del Estado, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 367-391.

Elazar, D. J. (1990). Exploración del federalismo, Barcelona, Hacer/ Fundación Rafael Campalans.

(cap. 2)

Rodríguez-Pose, A. y N. Gill, (2003). "The Global Trend Towards Devolution and its Implications",

Environment & Planning C: Government & Policy, 21, 3, 333-351.

2. Modelos de sistemas federales y tipos de descentralización: los ejemplos nacionales

y la Unión Europea

Watts, Ronald L. (2006). Sistemas federales comparados, Madrid: Marcial Pons. (Caps. 2 y 8)

Hueglin, T. y A. Fenna (2006). Comparative Federalism. A systematic Inquiry, Broadview Press.

(55-84)

McKay, D. (2001). Designing Europe. Comparative Lessons from the Federal Experience, Oxford,

Oxford University Press. (8-22)

3. Explicaciones del surgimiento y el cambio de los sistemas federales: teorías y

ejemplos

Stepan, A. (2001). “Toward a New Comparative Politics of Federalism, (Multi)Nationalism, and

Democracy: Beyond Rikerian Federalism”, en Stepan, Arguing Comparative Politics, Oxford:

Oxford University Press, (315-361).

Ziblatt, D. (2006). Structuring the State: the formation of Italy and Germany and the puzzle of

federalism. Princeton: Princeton University Press. 1-17.

Burgess, Michael (2006) Comparative Federalism: Theory and Practice, Londrés: Routledge: 76-

100.

4. El diseño y funcionamiento de los sistemas federales: representación, financiación y

relaciones intergubernamentales

Colomer, J. M. (1999). “Las instituciones del federalismo”, Revista Española de Ciencia Política, 1,

1. 41-54.

Watts, Ronald L., (2006). Sistemas federales comparados, Madrid: Marcial Pons. (Caps. 4 y 9)

Cameron, D. (2001). “Las estructuras de las relaciones intergubernamentales”, Revista

Internacional de Ciencias Sociales, 167. Número Especial sobre federalismo. Edición en

Español.

5. Los efectos del federalismo y la descentralización sobre la democracia, la

acomodación étnica y la eficacia en las políticas públicas

Colino, C. (2002). “Diseño institucional y eficacia de las políticas. El federalismo y la política

medioambiental”, en M. Grau y A. Mateos eds. Análisis de políticas públicas en España:

enfoques y casos, Valencia: Tirant lo Blanch, 305-333.

Linz, J. J. (1999). “Democracia, multinacionalismo y federalismo”, Revista Española de Ciencia

Política, 1, 1, 7-40.

Obinger, H., S. Leibfried y F. G. Castles (2005). Federalism and Welfare State. New World and

European Experiences, Cambridge: Cambridge University Press. 1-45.

6. Procesos de reforma institucional en sistemas federales: actores, procesos y

resultados

Arroyo Gil, A. (2004). “Presente y futuro del federalismo alemán”, Cuadernos de Alzate, 30, 15-

36.

Roller, E. (2002). “Reforming the Spanish Senate: Mission Impossible?, West European Politics,

25, 4, 69-92.

Benz, Arthur, (1994) “A Forum of Constitutional Deliberation? A Critical Analysis of the

Experience of the Joint Commission on the Constitution, German Politics 3 (December), 99-

117.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

 

 

Agranoff, R. ed. (1999). Accommodating Diversity: Asymmetry in Federal States, Baden-Baden, Nomos.

Aja, E. (2003). El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, 2. ed. Madrid: Alianza

Editorial.

Amoretti, U. A. y N. Bermeo eds. (2004). Federalism and Territorial Cleavages, Baltimore: John Hopkins

University Press.

Aparicio, M. A. (1999). La descentralización y el federalismo: nuevos modelos de autonomía política

(España, Bélgica, Canadá, Italia y Reino Unido), Barcelona, Cedecs.

Argullol, E. ed (2004). Federalismo y autonomía, Barcelona: Ariel.

Blindenbacher, R. y A. Koller 2003. Federalism in a Changing World: Learning from Each Other, McGill-

Queens University Press.

Giménez Montero, A. 2003. Federalismo fiscal. Teoría y práctica, Valencia: Tirant lo Blanch.

Hueglin, T. y A. Fenna (2006). Comparative Federalism. A systematic Inquiry, Broadview Press Baldi, B.

(2002). Stato e territorio. Federalismo e decentramento nelle democrazie contemporanee,

Roma/Bari: Laterza.

McKay, D. ed. (2001). Designing Europe. Comparative Lessons from the Federal Experience, Oxford,

Oxford University Press.

Moreno, L. (2007). La federalización de España. Poder político y territorio, Madrid, Siglo XXI.

Swenden, W. (2006). Federalism and Regionalism in Western Europe. A Comparative and Thematic

Analysis, Basingstoke: Palgrave MacMillan.

VVAA (2006) Organización territorial de los Estados Europeos. Vol. II. Especial Monográfico de la Revista

Parlamentaria de la Asamblea de Madrid. Asamblea de Madrid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Retratos, instituciones y convencionalismos

 

 

 

Identidad oficial

Convencionalmente, no hay otra forma más sencilla y válida de comprobar que uno es quien dice ser, que con una tarjeta expedida por una oficina gubernamental, la cual asegura la correspondencia entre el nombre y el retrato fotográfico, no obstante lo pésimo y poco parecido que a veces puede resultar.

 

Matrimonio legítimo

El acto fundacional de un hogar y una familia nuclear, decente, como dios manda, queda permanentemente manifiesto en la fotografía de la boda religiosa, que, exhibida en un sitio de la casa donde sea fácilmente visible, reitera permanentemente a sus miembros y demuestra a todo visitante el cumplimiento de las reglas convencionales para su legitimación. La diferencia ante la sociedad, entre esposa y concubina, así como entre hijos legítimos y bastardos, como hasta hace no muchos años diferenciaba la ley, está marcada, entre otras cosas, por una fotografía.

 

Respetabilidad laboral

El retrato de la familia en el escritorio de la oficina o en los muros del despacho comunica que su exhibidor es un sujeto equilibrado en el cumplimiento de sus metas, pleno, realizado, triunfador o en camino de serlo. Por lo tanto, alguien responsable y competente en su trabajo, en tanto proveedor de un hogar. La foto nos muestra cónyuges que se comunican, que conviven con niños sonrientes y juguetones; armonía plena, familia de la que no cabría pensarla en episodios de violencia, disfunción o quebrantamiento (nadie exhibiría fotografías de esos momentos, que tal vez sean más frecuentes). Representa genuinamente la presencia de los seres queridos, así como la idealización de que esos instantes fuesen perennes. Pero hay otra posible y simultánea lectura: la santificación del espacio de trabajo para salvaguardarlo de cualquier sospecha de adulterio o acoso.

 

Afectividad portátil

¿De qué viene la costumbre de algunos choferes de colgar el zapatito de su hijo cerca de su asiento? Tiene que ver con la satisfacción de haberle comprado su primer par con el esfuerzo de su trabajo y poder seguir haciéndolo. Tal vez también tiene relación con recrear el gusto por el recuerdo de sus primeros pasos. Posiblemente de compensar un poco que se extraña a la familia en largas jornadas de ausencia del hogar. De esto a los retratos de familiares, parejas y mascotas en las carteras y, recientemente, en los teléfonos móviles, que con frecuencia se muestran a amigos o conocidos, no hay mucha distancia.

 

El fetiche en vez de la memoria

Un viaje, la asistencia a un concierto, la visita a un lugar especial, conocer o encontrarse a equis “personalidad” (persona), son vivencias que parecen carecer de sentido sin su fotografía o videograbación. Como si sólo hubiese existido lo que puede ser exhibido —cada vez más en Internet—, como si no tuviese valor la experiencia de lo que no sea visualmente comunicable, el momento climático es el de la obtención del retrato, lo demás es complementario o en función a ello. En una boda puede faltar el pastel, los padrinos e incluso la voluntad de los contrayentes. Todo, menos las fotografías o el video. Asimismo, el gusto masivo por un cantante o una banda ya no se miden por los aplausos o autógrafos solicitados, sino por la cantidad de cámaras en pos de su imagen.

 

Expresión de clase

Los retratos de recreo son signos del estatus social. Los pobres, dependiendo su lugar de residencia, exponen las fotografías de su visita a una playa nacional, al pueblo de origen o a la capital; los clasemedieros, las que hacen constar su viaje a París, con ellos delante de la Torre Eiffel, o con Mickey en Disneylandia, y los ricos se muestran en los lugares más exóticos, en algún santuario en Tailandia o India, o navegando en un río de Alaska, por esbozar algunos estereotipos.

 

Iconografía del poder

Impostada, grandilocuente y pomposa, así tiene que ser la fotografía del retrato del líder, sea su dominación carismática, tradicional o legal. Como los burgueses, lo primero que hicieron los revolucionarios en el poder fue ordenar que les hicieran retratos a ellos y a sus próceres, reproducirlos industrialmente e imponerlos por todos lados, como si su potestad fuera proporcional a la cantidad de retratos exhibidos públicamente. Luego, se institucionalizó la fotografíaoficial del gobernante como parte de la normalidad de la política, y la censura franca o velada de las fotografías que en la prensa no favorecieran su imagen. La pertenencia a un grupo político implica siempre la exhibición del retrato del líder como objeto mágico. El primer signo del declive de éste, es el reemplazo de su iconografía por la del sucesor.

 

Propaganda como propagación de rostros

La democracia no erradica en la política el culto a la personalidad, lo regula en competencia. En tiempos de campaña electoral, las ciudades y carreteras se tapizan de rostros de candidatos con sonrisas impostadas, como si de ello dependieran las votaciones por uno u otro, como si las campañas se tratasen de una competencia de exhibición de imágenes y no de contrastar la exposición de ideas.

 

El daño simbólico

El maltrato a la fotografía se considera un agravio a la persona retratada, así como es sacrílego el daño a la imagen religiosa. De esto a la creencia vudú de que se puede hacer daño a una persona por medio de la punción a un fetiche, no hay tanta distancia. Su expresión más clara se da en la manifestación política callejera, en numerosas ciudades de distintas culturas, en la que tiene como catarsis la quema de la imagen del adversario.

 

La devoción manifiesta

Los devotos o fanáticos (“fans”) de tal o cual celebridad o estrella de la cultura pop quieren representar su grado deadmiración por medio de la cantidad de carteles con el retrato de su ídolo. Es también una manera de inscribirse en una comunidad imaginaria o real, en forma de club, y de fantasear con el famoso una relación interpersonal o interpósita.

 

El auge del pornopop

El éxito editorial de la década no son los libros de Harry Potter, ni los escritos por Dan Brown, sino las revistas para caballero de periodicidad mensual que evitan la publicación de aureola o vulva de las modelos, bajo el discurso de lo artístico y lo “cuidado”, el cual ampara su ingreso a estanterías en las que no tienen cabida sus competidoras milimétricamente más explícitas. A fin de cuentas es un asunto de más o menos dinero que una amplia cantidad de interesados puedan ver a una celebridad en diminutos calzones o sin ellos. El fenómeno se extiende a los semanarios especializados en la fuente de espectáculos.

 

 

Aldeanos, locales y tangencialmente globalizados

¿Qué puede ser más mexicano que unos tacos al pastor de tortillas de maíz y cerdo importados de Estados Unidos, servidos en un plato de plástico hecho en China, con una Coca-Cola hecha en México por mexicanos, salsa de chile importado de China, y en una taquería con la imagen de la Virgen de Guadalupe fayuqueada de China, mientras se ve en una televisión, fayuqueada de quién sabe donde, un partido de fútbol de la Selección Nacional en la que desde hace varios años han participado extranjeros nacionalizados y mexicanos que juegan en el extranjero? ¿O que una hamburguesa McDonald´s con salsa verde, de franquiciatarios mexicanos, hecha por trabajadores mexicanos con insumos producidos en México —con excepción de la papa que es traída de Canadá—, incluyendo a el pan de México, el pan Bimbo que se vende incluso en China, mientras se escucha a la mexicana Belinda, hija de españoles, que dice en su balada electro-house “necesito unbreak… I forgot”? ¿O que un toquín de skatos que bailan con tenis de la marca estadounidense Converse, maquilados en China, cantan canciones en español contra la globalización, se toman fotos con un teléfono de la marca noruega Nokia hecho en China, gritan vivas al EZLN y a México, le mientan la madre a los gringos y saludan jubilosamente a la bandera nacional?

En una encuesta muy posiblemente se consideraría como auténticamente mexicana la experiencia de estar en una taquería  y como extranjera la de estar en un restaurante de hamburguesas, sólo porque la percepción subjetiva y emocional de lo global y lo local, de lo ajeno y lo propio, o de lo moderno y  lo tradicional, y la influencia de algunas narraciones al respecto, se han sobrepuesto al análisis objetivo de los procesos y de los efectos concretos y simbólicos de globalización en cuanto al libre comercio, la adopción de valores de la democracia moderna, la infraestructura de telecomunicaciones, la emigración y el consumo cultural.

Objetivamente, México es un país poco globalizado, valga la expresión. De acuerdo con el índice de globalización publicado por la revista Foreign Policy, correspondiente a una edición de 2005, México ocupa el 42° lugar  en una lista de 62 países que poseen el 96 por ciento del Producto Interno Bruto mundial y el 85 por ciento de la población. El país más globalizado, valga la expresión, es Singapur, y le siguen Irlanda, Suiza y Estados Unidos.[1]

El índice confirma empíricamente lo que dice Néstor García Canclini sobre la experiencia de la globalización para la mayoría en México: somos diferentes culturalmente, desiguales económicamente y desconectados tecnológicamente.[2] Estamos menos globalizados de lo que a veces puede pensarse de tanto escuchar o leer discursos sobre la globalización, incluidos los países que están en los primeros lugares del índice: actualmente en todo el mundo más del 90 por ciento de las llamadas telefónicas, del tráfico en Internet y de las inversiones son locales.[3] Con razón el propio García Canclini se refiere a los aspectos imaginarios de la globalización como elementos constitutivos de las múltiples narraciones que de ella se han hecho.[4]

 Subjetivamente México es un país plenamente globalizado o no según signifique cada quien sus propias experiencia. Si el nivel o grado de globalización es diferente o diferenciado entre las naciones, también lo es en los respectivos ámbitos domésticos. Más aún, mientras que en países como Singapur o Suiza los efectos de la globalización son más o menos uniformes en el conjunto de su población, en otros como México se viven de manera disímbola, diacrónica y segregada entre los polarizados deciles de sus habitantes multimillonarios, pobres y miserables, así como entre sus regiones o municipios con niveles de vida equivalentes unos a los del primer mundo u otros a los de África subsahariana.[5]Asimismo, la participación en los distintos aspectos de la globalización es variable dependiendo de las actividades profesionales de cada quien, su escolaridad, ingresos, identidades culturales, consumo cultural, prácticas culturales, rango de edad y otras variables.

En general son los jóvenes quienes se supone que podrían estar más globalizados por la influencia en sus identidades culturales de productos, símbolos y significados que provienen de fuera del país, a diferencia de grupos poblacionales de rangos de edad superiores, frecuentemente más influidos por instituciones apegadas a un territorio, una tradición y una  historia, como la Iglesia, la escuela, la familia, el gremio y el gobierno local. A fin de cuentas quienes hoy tienen 18 años de edad nacieron el mismo año en que fue derrumbado el muro de Berlín —génesis de lo que se llamó como un nuevo orden mundial—, y entre quienes tienen 29 tal vez sea una minoría quien lo recuerde en relación con alguna anécdota. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Consumo y Prácticas Culturales publicada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) permite matizar esta idea.[6]

Además de diferentes, desiguales y desconectados, la gran mayoría de los mexicanos jóvenes puede definirse como: monolingüe (exclusivamente hispanoparlante), autorreferencial (nacionalista y arraigada) y videófila (consumidora de imágenes). Acaso en lo que los jóvenes se diferencian más de la población en rangos de mayor edad es en su proclividad a la adopción de valores democráticos, en que proporcionalmente hay un mayor uso de la computadora personal para trabajar, aprender y, sobre todo, entretenerse y comunicarse.

Menos de uno de cada cinco de los jóvenes de 18 a 29 años de edad ha viajado fuera del país  y tres de cuatro nunca han viajado en avión.[7] Sólo el 12 por ciento asegura que puede hablar un idioma (extranjero) adicional al español. De la población en este rango sólo el uno por ciento asegura que habla “muy bien” el inglés y 3.3 “bien”.[8] De modo que con todo y la vecindad con Estados Unidos, los millones de mexicanos que viven allá, los millones de cruces fronterizos y  el comercio entre ambos países, el conocimiento del idioma inglés y su práctica es notoriamente bajísimo, y la gran mayoría de los jóvenes siguen viendo programas de televisión producidos en México, películas o series dobladas al español; escucha música en español de los géneros grupero, pop y balada; eventualmente lee algún libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez o superación personal, y con cierta frecuencia revistas de espectáculos sobre temas locales.[9]

Ni Mc´Donald´s, Wal Mart, Starbucks, Madonna, Eminem, I-Pod, Microsoft, Zara, Harry Potter, Cohelo, ni cualesquiera otros íconos, referentes o imperios de la globalización reemplazan, se sobreponen o vencen a K´Paz de la Sierra, el comercio en puestos semifijos en la vía pública (ambulante), la torta de tamal, el chisme cara a cara, Cañitas, Místico, La Fea más Bella, el fútbol llanero, las Chivas, las ferias de pueblo, etcétera, porque a fin de cuentas hemos asumido diversos efectos de la globalización como parte de lo mexicano más allá de la fetichización de las marcas.

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Notas

[1] A.T. Kearney, Inc., “Measuring Globalization” en Foreign Policy, mayo-junio de 2005, pp. 52-55. Disponible en www.foreignpolicy.com.

[2] Véase: Néstor García Canclini, Diferentes, desiguales y desconectados, Barcelona, Gedisa, 2004.

[3]  Pankaj Ghemawat, “La globalización del 10%” en Foreign Policy, Edición Española, abril-mayo de 2007, pp. 68-74. Disponible en www.fp-es.org/

[4] Véase: Néstor García Canclini, La globalización imaginada, México, Paidós, 1999.

[5] Véase: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano, México 2004, México, PNUD, 2005.

[6] Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Encuesta Nacional de Consumo y Prácticas Culturales, México, Conaculta-UNAM, 2004. El 36.8 por ciento de los jóvenes de 23 a 30 años no leyó ni un libro en el lapso del año previo a la encuesta, y 40 por ciento no ha oído hablar del Conaculta, p. 173, entre muchos otros datos interesantes y pertinentes para referir.

[7] Consulta Mitofsky, Encuesta Nacional en Viviendas, “Los mexicanos, ¿hasta dónde hemos viajado”, México, octubre de 2006, pp. 2 y 3. Disponible en http://www.consulta.com.mx

[8] Consulta Mitofsky, Encuesta Nacional en Viviendas, “Las lenguas extranjeras en México”,México, abril de 2007, p. 3. Disponible en http://www.consulta.com.mx

[9] Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Encuesta Nacional de Lectura, México, Conaculta, pp. 23-28.

 

 

 

El fin de las ciencias sociales

 

 

Más ocupados en promover sus carreras políticas y massmediáticas, con discursos valorativos, que en el progreso de los estados de conocimiento, muchos científicos sociales realizan investigaciones en las que la veracidad de sus conclusiones es irrelevante y su validación está amparada por el estilo narrativo y el cumplimiento de requisitos protocolarios. Investigaciones y militancias que, a fin de cuentas, son intrascendentes para transformar la realidad.

 

 

La militancia de los científicos

 

“La constante mezcla de investigación científica de hechos y de razonamientos valorativos es una de las características más difundidas, pero también más perniciosas en los trabajos de nuestra especialidad”, apuntaba Max Weber en 1904 al referirse a la objetividad del conocimiento en las ciencias sociales, con lo que rechazaba el establecimiento de normas e ideales con el fin de derivar de ellos recetas para la praxis.[1]

 En alusión a la cita de Weber, véase el siguiente ejemplo tomado al azar de la revista arbitrada Estudios Sociológicos —incluida en el índice de revistas científicas de Conacyt—, en el que la antropóloga Marta Lamas dedica “A Claudia Colimoro, realizadora de utopías” el artículo “Trabajadoras sexuales: del estigma a la conciencia política”, en el cual se ocupa de plantear propósitos de su militancia y no sólo de explicar un problema de investigación: “para construir una legitimidad sexual más equitativa, menos represiva, hay que desentrañar los procesos sexuales mediante los cuales las personas nos convertimos en hombres y mujeres”.[2]

 Lo peor no es la inclusión de valoraciones u orientaciones ideológicas en textos arbitrados, sino el fenómeno de la espectacularización de las prédicas morales de los científicos sociales. Ellos son los cardenales de la democracia, los doctrinarios de la corrección política. Sus sentencias pontíficas sobre lo que conviene o no para el país, la ciudadanía, los pobres o las instituciones, a partir de juicios de valor, parecen apuntar más al beneficio de sus carreras políticas y tecnocráticas que al avance en los estados del conocimiento de sus supuestas áreas de investigación. Institutos electorales, comisiones de derechos humanos, cámaras legislativas, dependencias de la administración pública y grandes medios de comunicación son más sus habitáculos que las aulas, los cubículos, las bibliotecas o los congresos académicos.

 Ésa puede ser una de las explicaciones de por qué no hay ninguna aportación importante a las ciencias sociales que haya surgido en México. No hay una sola teoría identificada con algún autor mexicano. No hay un solo libro de un autor mexicano en los programas de estudio de las licenciaturas o posgrados en ciencias sociales en otros países, ni siquiera en los hispanoparlantes, con excepción de los que ha coordinado Luis F. Aguilar en cuanto a políticas públicas. En lugar de ello, por lo general los científicos sociales en México se dedican a reaccionar contra las obras que se escriben en otros países, principalmente en Estados Unidos, para despotricar contra sus autores con insultos o para efectuar juicios de valor sobre sus ideas.

 En radio ya hay mucho más horas de programas de análisis político y social que radionovelas, y en televisión pasa algo equivalente. El camino a las cámaras y micrófonos pasa cada vez más por la ruta de un doctorado en el extranjero y una cátedra en una institución de educación superior privada de prestigio, que por el Centro de Educación Artística de Televisa. Los científicos sociales  pasaron de invitados a conductores y ahora comienzan a sustituir a periodistas y actrices como lectores de noticias.

 

 

Los cuarteles ideológicos

 

Por si fuera poco, además de las predicas morales de los científicos sociales en el ágora, los espacios de investigación están al servicio de la corrección política y de la militancia de sus directivos e investigadores, así como las rectorías son plataformas para luego ocupar puestos de elección popular o en la administración pública.

 Allí está el caso de Marcela Lagarde: diputada, militante feminista e investigadora. En su ficha curricular se lee: “profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México; feminista y asesora de diversos organismos internacionales y de organizaciones de mujeres de América Latina y de España. Fue militante del Partido Comunista Mexicano y fundadora del PRD. Es autora de varios libros y de múltiples trabajos de investigación sobre la condición de género y feminismo, y sobre desarrollo y democracia. Es secretaria de Organización del Colegio de Académicos Universitarios de la UNAM, coordinadora de los Talleres Casandra de Antropología Feminista”.[3] ¿Es política de carrera o profesora-investigadora científica? ¿Se puede ser las dos cosas al mismo tiempo sin que el trabajo académico se convierta en una extensión de los intereses de partido? Así como en el caso de Diego de Fernández de Ceballos que ha litigado a favor de particulares y es senador de la República, ¿no puede en este otro también considerarse que hay un conflicto de intereses?

 En su Primer informe de trabajo como diputada, bajo el subtítulo “Vinculación académica”, la doctora Lagarde dice: “De manera reducida continuo mi trabajo académico en la Universidad Nacional Autónoma de México... En este periodo imparto el Seminario de Teoría Política Feminista en el Posgrado de Sociología” y luego se lee una larga cuenta de otras actividades que realiza en esta universidad, entre las que incluye las que lleva a cabo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CIICH).[4] Sin duda, una agenda sin espacios en blanco, como para poder cumplir también con su “trabajo parlamentario internacional”.

 

 

La majestad del protocolo

 

Lo que socialmente reconocemos como ciencia no es otra cosa que aquello que los expertos convienen en ello. La veracidad de las conclusiones de cualquier investigación es irrelevante, especialmente si confirman los postulados de la corrección política y si el autor posee prestigio. El método es lo único que cuenta.

 De esto trata el libro de Alan Sokal Imposturas intelectuales (Barcelona, Paidós 1999), quien adquirió notoria fama en 1996 por haber dado a conocer que le fue publicado un artículo en la revista arbitrada Social Text, plagado de errores y falacias que deliberadamente anotó. Lo que hizo fue cumplir rigurosamente con el protocolo requerido: la manera de citar y referir la bibliografía adecuada, el uso de una jerga sofisticada y un estilo para apantallar.

 Otro autor, William M. Epstein, escribió un artículo falaz en materia de trabajo social basado en autores ficticios y en otro artículo publicado 18 años antes. De 150 revistas, aproximadamente, a las que dirigió su artículo, sólo seis árbitros “demostraron tener un conocimiento real del tema”, doce lo aceptaron y sólo dos se percataron de que se trataba de un engaño. La conclusión de Epstein fue que “la mayoría de los árbitros son ignorantes o incompetentes. Se podría ir aún más allá, acusándolos de arbitrarios, en cuanto a rechazar artículos sin someterlos a arbitraje, o hacer una parodia del arbitraje, desestimando un artículo por ‘irrelevante’".[5]

 De modo que el conocimiento se expande a los lados, casi sin avanzar, como un creciente cúmulo de referencias recíprocas entre los miembros del Sistema Nacional de Investigadores para cumplir con cuotas de citas y otras metas relativas a los indicadores para permanecer en él. El fin de la investigación ya no es entonces el conocimiento sino superformación.

 

 

La irrelevancia del conocimiento de lo social

 

Los deseos y las militancias de los científicos sociales, así como sus conocimientos, son irrelevantes para transformar la realidad —como dicen. La tecnología es la que produce los cambios. Por eso los egresados de ingenierías tienen un mercado laboral mucho más amplio y mejor pagado que el de los egresados de licenciaturas en ciencias sociales.

 Por ejemplo, no han sido las politólogas, sociólogas o antropólogas feministas las que han promovido la liberación de sus congéneres, sino la industria farmacológica que produjo la píldora anticonceptiva —investigación financiada por la Fundación Rockefeller— y el Banco Mundial que ha influido en las políticas públicas de los países pobres para que reduzcan sus tasas de natalidad. Asimismo, las industrias culturales y del vestido, motivados por sus intereses económicos —y recientemente muchos otros avances médicos y farmacológicos— cambiaron los estilos de vida de millones de mujeres y no los estudios de género.

 Los estudios laborales, esos que se dedican a estudiar al movimiento obrero y los sindicatos, son como trabajo arqueológico ante las dinámicas de los mercados de trabajo condicionadas por los procesos de globalización y las tecnologías de la información. Algo parecido puede decirse de los estudios sobre la pobreza, que se debaten entre fórmulas e indicadores para medir la cantidad de miserables y polemizar sobre cuál es la mejor metodología para ello.

 Por último, ¿no han sido más importantes las relaciones con Estados Unidos y el peso de los poderes fácticos con sus intereses económicos para promover la transición democrática en México, que todos los textos publicados en revistas de ciencias sociales y los discursos de sus autores?

 De la globalifobia panfletaria de Chomsky al manifiesto tercerista fracasado de Giddens, o de la videofobia apocalíptica de Sartori a la esquizofrenia antipublicitaria de Klein, los científicos sociales hacen cada vez más prescindibles a los novelistas y escritores de ciencia ficción.

 

 


NOTAS

 

 

[1] Max Weber, Sobre la teoría de las ciencias sociales, México, Planeta, 1993, p. 19.

[2] Marta Lamas, “Trabajadoras sexuales: del estigma a la conciencia política” en Estudios Sociológicos, El Colegio de México, vol. XIV, núm. 40, enero-abril de 1996, p. 45.

[3] Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Semblanza. Diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos” en prdleg.diputados.gob.mx/diputado/marcela_lagarde/index.htm

El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal consigna en su sitio en internet el nombre de Marcela Lagarde entre los 44 de la “lista de mujeres destacadas” “en el curso de la historia”, junto con celebridades de la talla de Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Digna Ochoa, la comandanta “Ramona”, “Nadia Comanesi” (sic) y “Coatlicue” (sic), entre otras. Véase www.inmujer.df.gob.mx

[4] Marcela Lagarde y de los Ríos, Primer informe de trabajo. Por la vida y libertad de las mujeres, México, Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, LIX Legislatura, pp. 13-15. Es autora, por cierto, del capítulo “La condición humana de las mujeres” en un libro publicado por el CIICH de la UNAM.

[5] Véase: Mauricio Shoijet, “La broma de Sokal y otras experiencias”, La Jornada, 4 de septiembre de 2000, disponible en www.jornada.unam.mx/2000/09/04/cien-evaluacion.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divas audiovisuales del pornopop

 

A más de 50 años de la publicación del primer número de Playboy, ser modelo, cantante, conductora o actriz son papeles intercambiables y distintas facetas de quienes se consideran a sí mismas artistas completas bajo el aura multimediática de la celebridad o la fama. Con el tema de la sexualidad explícita o semiexplícita, calendario, revista, disco, película, presentación personal, concierto, programa de televisión (variedad, telenovela o reality show, ¡libro!, etcétera, son productos que las industrias culturales comercializan como consecuencia de la mutación axiológica de la sociedad hacia el culto al éxtasis y la construcción mercadológica de una cultura porno-pop.

De acuerdo con el sociólogo estadounidense Daniel Bell, en su célebre ensayo Las contradicciones culturales del capitalismo (1970), “el hedonismo, la idea del placer como modelo de vida, se ha convertido en la justificación cultural, si no moral, del capitalismo. Y en el ethos liberal que ahora prevalece, el impulso modernista, con su justificación ideológica de la satisfacción del impulso como modo de cultura, se ha convertido en el imago cultural”. ¿Qué son, entonces, Britney Spears, Christina Aguilera, Kylie Minogue, Jennifer López (¡Yei Lou!), herederas de Madonna, y sus réplicas en el tercer mundo (Belinda, Pau Rubio, las RBD, et al.), sino el paradigma de un look que se construye con modas, actitudes y discursos (en ese orden) sobre el ser y el quehacer de la mujer posliberada de manera real o imaginaria?  

Cuando el video mató a la estrella de la radio y la imagen visual se convirtió para la industria en un atributo intrínseco de la interpretación femenina, el vedetismo se volvió un género superado gracias a instituciones como MTV: cantantes en lencería o bikini a domicilio y en clasificación apta para toda la familia, o que lucen semidesnudas —en los límites de lo no-pornográfico— en revistas como Maxim, FHM Man, Max, H, entre las más importantes, así como en "portafolios" de aquellas especializadas en lo más frívolo de la farándula y las sociales.

Apenas llegó a su fin la serie Sex and the City atestiguamos el éxito de Desperate Wifes, pretexto idóneo para afirmar que la televisión institucionaliza los valores, los estilos de vida y la performación de la sexualidad prototípica de la mujer, y los premios Grammy son su celebración catártica.

A pesar de nuestra pobreza y el machismo prevalecente, lo que nos define como sociedad no son las necesidades ni las miserias, sino los deseos y las aspiraciones, por lo que la apariencia tiene preeminencia sobre “la realidad”. La contradicción cultural de nuestro subdesarrollo es la del guadalupanismo abnegado y mojigato vs. los modelos aspiracionales que reconocemos en la televisión como exitosos, pero tranquilizamos nuestra conciencia cuando nos enteramos de que Thalía se casó “por la Iglesia” con un hombre rico y bueno (como en sus telenovelas) o maldecimos a Niurka por denunciar públicamente la inapetencia sexual del padre de su hijo y abandonarlo para irse con un estriper.

 En mi opinión, muy poco puede haber de nuevo en cuanto a la liberación femenina después de Marlene Dietrich tanto en las pantallas como fuera de ellas. Del girl power de las Spice Girls al pelo suelto de Gloria Trevi, entre más proclaman discursos de rebeldía femenina, menos credibilidad tienen —al menos para mí. Ni la genial Björk, con su debilidad por los patanes, fue capaz de dar testimonio de una liberación femenina plena. El feminismo, luego de haber alcanzado su techo de realización fácticamente posible y filtrado por la industria fonográfica y del video, es un tema más, inocuo y vacío. La exageración del discurso sexual también es plástica, también es prótesis, como diría Baudrillard.

Paralelamente, escándalos como el propiciado por mostrar (“accidentalmente”) un seno durante uno o dos segundos por Janet Jackson en el programa de televisión con mayor audiencia mundial (el Superbowl) detonan el complemento ideal para el aparato publicitario del porno-pop: el puritanismo, que en sus versiones republicanas, opusdeístas o providistas sólo sirven para hacerle el caldo gordo a los vivales (pregúntenle a Marilyn Manson). El escándalo vende y los discursos de censura o condena aumentan la venta mediante su efecto de espectacularización.

Por mi parte, prefiero a Paquita la del Barrio o a intérpretes más cercanas a lo que Gilles Lipovetsky llama la tercera mujer (1997), liberadas de sus liberadoras feministas, que simplemente hacen de corazón lo que les gusta sin discursos revolucionarios o emancipatorios: Miss Kittin, Electric Indigo, Acid Maria, Ellen Allien, Marusha, Romina Cohn o Carla Tintoré, con sets duros de electro, techno, hard core o trance. ¿Qué puede ser más revolucionario o liberador?

 

 

 

 

Derechos post mortem de la persona

 

 

Fundamento y definición

 

Si consideramos como fundamento de los derechos humanos la dignidad intrínseca de la persona humana y reconocemos que éstos son los mismos para todos y cada uno de los hombres por nuestra igualdad ontológica, que son inmutables y perennes, y que deben reconocerse, garantizarse y promoverse, es posible argumentar y sustentar que hay deberes de la sociedad y del Estado a todas las personas posteriormente a su fallecimiento.(1)

 

La expresión derechos de los muertos sería incorrecta si con ella quisiéramos decir que los cadáveres tienen derechos, pues sólo las personas son sujetos de ellos; pero puede ser valida si el sentido es que las personas conservan derechos después de su muerte. Coloquialmente, suele decírsele muerto al cadáver, lo cual es incorrecto, porque el primero es una persona que ha fallecido y el segundo es únicamente su cuerpo inanimado.(2) Por lo tanto, es más preciso decir derechos post mortem de la persona fallecida. Si decimos únicamente derechos post mortem puede también entenderse que se incluyen los derechos de los deudos, del Estado o de la sociedad en su conjunto o de una parte de ella. Por ejemplo, el dominio público de los derechos de autor.

 

 

Derechos post mortem de la persona fallecida

 

La persona tiene derechos que permanecen después de su muerte, lo cual se reconoce por la sociedad y el derecho positivo en varias leyes y en instituciones para tal fin. El ejemplo más claro es el cumplimiento de la voluntad del destino de las propiedades, es decir, heredar, para lo cual el Estado debe poner a disposición de todos la posibilidad de testamentar. Este derecho está por encima de la voluntad de los consanguíneos y su derecho a recibir herencia cuando no hay testamento. Entiéndase propiedad no en un sentido económico o jurídico, sino como aquello que le es propio a la persona, como son sus bienes materiales (incluido su cuerpo), intelectuales (sus ideas, inventos y creaciones) y morales (su personalidad, el reconocimiento a su trabajo u obra y la pertenencia a una colectividad).

 

Si reconocemos la voluntad manifiesta de una persona para el destino de sus propiedades con posterioridad a su fallecimiento, desde una línea de pensamiento y convicción humanista podemos ampliar el criterio para reconocer que el cadáver y la honra son elementos de la persona que permanecen después de su muerte sobre los cuales mantiene derechos perdurables: el cadáver, por ser los restos inanimados de su cuerpo; y la honra, por ser el respeto que merece su dignidad perenne. Por lo tanto, podemos listar los derechos post mortem de la persona en los siguientes:

- El cumplimiento de la voluntad del destino de las propiedades.

- El tratamiento decoroso del cadáver y restos.

- El respeto a la honra.

- El reconocimiento a la personalidad jurídica, el cual permite garantizar a los otros.

 

De estos derechos se derivan otros que iremos describiendo.

 

 

Sujetos responsables de la procuración

 

Como a los derechos corresponden deberes, los sujetos responsables de procurarlos y garantizarlos son los siguientes:

 

- La propia persona, en tanto debe responsabilizarse de prever y proceder en lo necesario en cuanto a los procedimientos legales y administrativos para el cumplimiento de su voluntad.

- Los deudos, como primeros responsables de cumplir con los servicios funerarios, cumplir con la voluntad no testamentada y promover ante la autoridad pública las faltas al tratamiento decoroso del cadáver y los restos o a la honra.

- El Estado, como responsable de establecer y mantener las instituciones necesarias para garantizar la permanencia de la personalidad jurídica y facilitar el cumplimiento de la voluntad del difunto, el tratamiento decoroso de su cadáver y restos, y el respeto a su honra; y también debe ser responsable para actuar subsidiariamente en los casos en que los difuntos no tengan deudos.

- Las asociaciones religiosas, para garantizar los servicios de acuerdo con la fe del difunto.

- La sociedad, en la construcción de una cultura que promueva la conciencia, viva el respeto y garantice estos derechos, así como en acciones solidarias y caritativas con los deudos cuando las circunstancias así lo requieran.

 

 

Deberes a las personas fallecidas

 

A los derechos corresponden acciones concretas para su efectiva realización, de no haberlas, la enunciación de los derechos queda como discurso y no como la justa satisfacción de las necesidades humanas. Por ejemplo, al derecho a la alimentación de cada persona le corresponde diariamente un consumo mínimo de determinada cantidad de calorías y elementos nutricionales. Así, a los derechos post mortem les corresponde lo siguiente para su cumplimiento:

 

1. Del derecho a heredar:

- A los mecanismos legales y los instrumentos para que se cumpla la voluntad de heredar propiedades materiales, intelectuales y morales. Sobre este derecho queda poco que decir, debido a que, en general, sus aspectos son ampliamente conocidos y se encuentran reconocidos y garantizados; pero sí vale la pena comentar que los avances en la biotecnología, la ingeniería genética y la ciencia médica abren posibilidades para hacer de los restos orgánicos material susceptible de tratamiento, desde el trasplante de órganos al uso de fetos para el tratamiento del Parkinson. Por lo cual, cabe decir que sólo con el consentimiento (decisión conciente y libre) de la persona se puede disponer de su material orgánico con fines médicos o de investigación científica. En los casos de trasplante, si no hay la voluntad manifiesta de la persona fallecida, sólo los familiares consanguíneos pueden tomar la decisión de donar, en razón de que la vida humana (la de quien reciba el órgano) es un bien supremo por el cual cabe optar si se tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, el Estado debe disponer de un sistema jurídico y de instituciones que garanticen el derecho de la persona sobre su material e información orgánica. En consecuencia, en ningún caso cabe a la autoridad pública la "donación" de cadáveres o restos humanos para estudio, investigación o experimentación ni para ningún otro asunto, sin el consentimiento expreso de la persona fallecida o sus deudos, ni siquiera cuando no haya deudos.

 

2. Del derecho al respeto de su honra:

- A los servicios funerarios.

- A los servicios de la religión que tuvo en vida.

- A una tumba individual, perpetua y marcada con su nombre y fechas de nacimiento y defunción, que se mantenga en estado decoroso y pueda ser visitada por sus deudos.

- A que la ley castigue a quien ultraje la tumba o los restos.

- A que la ley castigue a quien difame o desvirtué dolosamente la honra.

 

3. Del derecho al tratamiento decoroso del cadáver y los restos:

- A la inhumación o cremación.

- A que el cadáver y los restos no se exhumen sin una orden judicial en razón de un bien.

 

4. Derecho a la personalidad jurídica:

- A un certificado médico que especifique las causas del fallecimiento.

- A un certificado de defunción con la información del lugar y el momento del fallecimiento.

- Al registro del destino de los restos con posterioridad a la inhumación: exhumación, traslado, reinhumación o cremación.

- Al traslado del cadáver o los restos de un punto a otro del país o de un país a otro por voluntad expresa de la persona fallecida o de sus deudos.

 

 

Sobre el derecho al tratamiento decoroso del cadáver y los restos

 

El decoro es el conjunto de significantes inculturados en una sociedad por los cuales se hace merecer o inspirar respeto y estimación por algo o alguien. Por oposición, lo indecoroso es un conjunto de significantes de lo humillante o vergonzoso. En cada sociedad estos significantes pueden variar, por lo que lo decoroso y lo indecoroso puede ser relativo, pero siempre en cada sociedad se pueden reconocer. Verbigracia, en nuestra sociedad el aplauso es una manera de manifestar agrado, acuerdo, admiración o respeto por alguien o por algo; y escupir intencionadamente a alguien, especialmente en el rostro, aunque no implique una amenaza a su salud, es reconocido como un insulto y como una humillación para el escupido cuando no puede defenderse de la agresión. Con esta definición podemos decir que toda persona tiene derecho a un tratamiento decoroso de su cadáver y restos, así como de su honra.

 

Con ligereza o con razonamientos, cada uno puede, eventualmente, decir que una vez fallecido da igual el destino de sus restos, puesto que ya no hay sufrimiento ni conciencia en un cuerpo inanimado. Esto es cierto, pero también lo es que la renuncia individual al derecho en comento en ningún caso debe atentar contra la moral pública ni la salud pública. Por tanto, una cultura de los derechos humanos implica el respeto a los restos humanos. Así como se demanda el respeto a las expresiones artísticas o a las tradiciones, también cabe demandar el respeto a los cadáveres, órganos, osamentas y cualquier otro resto humano como una forma de que en la sociedad prevalezca el respeto por todas las personas.

 

 

Sobre el derecho al respeto a la honra

 

Además de garantizar legalmente con pena al culpable, que a la persona fallecida no se le falte a su honorabilidad, el Estado tiene que asegurar que las imágenes y los nombres de los difuntos no se exhiban públicamente de un modo denigrante o que ofenda a sus deudos, como fotografías o videos de nota roja que muestran crudamente mutilaciones o señales de violencia. Los derechos a la libertad de expresión y de prensa no están por encima del derecho al respeto a la honra, por lo que en ningún caso las imágenes podrán mostrarse como objeto de morbo, para espectáculo sensacionalista o motivo de repudio o repugnancia. Sólo podrán ser usadas discrecionalmente para coadyuvar a las indagaciones o descargo de pruebas en caso de la comisión de un delito. El Estado tiene derecho a exigir que en los productos comunicativos puestos a disposición pública se cubran los rostros de las personas muertas y a que se omita su nombre cuando pueda lesionarse su honra.

 

 

Mecanismos internacionales sobre los derechos post mortem

Una de las pocas referencias a los derechos post mortem en los mecanismos internacionales, aunque no expresados con este término, se halla en el artículo 120 del Convenio de Ginebra Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra (1949), en el cual se refieren las obligaciones de la Potencia detenedora (el Estado que mantiene el cautiverio) respecto a los prisioneros de guerra fallecidos. De éste largo artículo se desprende el reconocimiento de las siguientes obligaciones:

 

De acuerdo con el derecho a la personalidad jurídica:

 

1. La transmisión de testamento sin dilación al país de origen del fallecido.

2. La entrega de un certificado con la información de la fecha y el lugar del fallecimiento, las causa de éste de acuerdo con un examen médico, el lugar de su inhumación y los datos necesarios para la identificación de la tumba.

 

De acuerdo con el derecho al trato decoroso de su cadáver y respeto a su honra:

3. Un entierro individual honorable, con los ritos de la religión que profesó, incinerado sólo por motivos de salud pública o que lo requiera la religión del fallecido.

 

4. El respeto a la tumba, su mantenimiento decoroso y las marcas para que pueda reconocerse el nombre del fallecido, aplicable también a las cenizas.(3)

 

5. Registrar todo traslado ulterior.

Por otra parte, un campo en particular en el que están bien reconocidos y garantizados los derechos post mortem es el de propiedad intelectual. En el Marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a favor de los derechos morales de los autores y compositores con posterioridad a su fallecimiento está la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971, Arts. 6 bis, 7, 7 bis y 14 ter) y de los artistas intérpretes o ejecutantes está el Tratado sobre Interpretación y Ejecución o Fonogramas (1996, Art. 5).

 

Adicionalmente, de los derechos fundamentales de la persona reconocidos, puede argumentarse el reconocimiento de varios derechos post mortem en los siguientes mecanismos:

 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): del derecho del reconocimiento de su personalidad jurídica (Art. 6) se desprende que todo cadáver debe ser inhumado o cremado y guardar un registro descriptivo de sus señas particulares ante la falta de evidencias de su nombre, así como de la fecha de su inhumación o cremación y del lugar donde quedaron sus restos. En caso de que posteriormente sus restos sean cambiados de lugar, debe también registrarse.

 

Del derecho a no ser víctima de ataques a la honra o reputación (Art. 12), se fundamenta que los cadáveres y restos humanos no deben someterse a escarnio público ni privado, sea por su exhibición presencial o en medios de comunicación, ni a que se falte a su honorabilidad.

 

De los derechos a elegir lugar de residencia, a salir de cualquier país y regresar (Art. 13) y a una nacionalidad (Art. 15), se desprende la responsabilidad de los Estados de facilitar el traslado de los cadáveres y restos a su país cuando es la voluntad del difunto o de sus deudos.

 

Del reconocimiento al derecho a la libertad religiosa, en específico para realizar ceremonias (Art. 18), se deriva su vigencia con posterioridad al fallecimiento de la persona. También se reconoce en la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión y las Convicciones (1982, Art. 6, inciso h).

Del derecho a la seguridad social garantizada por el Estado (Art. 22) se desprende su deber para la provisión de servicios funerarios y espacio para los restos cuando las personas carezcan de recursos económicos para ello y como un servicio puesto a disposición de todos los demás. También se reconoce en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966, Art. 9).

 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1996): del reconocimiento a que "nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos" (Art. 7), se fundamenta la exigencia a que se respete el cadáver y el material orgánico de toda persona.

Del derecho de todo ser humano, en todas partes, "al reconocimiento de su personalidad jurídica" (Art. 16), debe asegurarse que con posterioridad a su fallecimiento siga reconociéndose como sujeto de derechos, incluido el de no ser atacado en la honra y reputación (Art. 17).

 

 

Algunos de los deberes del Estado con la persona fallecida

 

De lo expuesto hasta ahora, podemos delimitar y precisar algunos de los deberes concretos del Estado respecto a los derechos post mortem de la persona fallecida.

 

Sobre los servicios religiosos: al Estado, por el principio de laicidad establecido para promover el derecho a la libertad religiosa, le corresponde brindar todas las facilidades para que los deudos, las asociaciones religiosas y los ministros de culto puedan dar cumplimiento al mismo.

 

Sobre la seguridad social: como parte del deber del Estado a garantizar el derecho a la seguridad social de todos los habitantes de su territorio en calidad de personas, éste debe proveer de suficientes salas de velación, hornos crematorios, criptas y cementerios civiles ofrecidos de manera gratuita o por un pago subsidiario, de modo que nadie por falta de dinero quede privado de servicios funerarios. El derecho también asiste a los deudos, quienes a la pena de la pérdida de su difunto no debe añadirse una pérdida en su economía familiar que sea un sacrificio a sus necesidades básicas.

 

Sobre el traslado del cadáver o los restos: por prioridad en el gasto público para la atención de los derechos fundamentales, el Estado no tiene obligación de garantizar el traslado de sus nacionales a su territorio cuando el fallecimiento ocurre fuera de sus fronteras, pero sí lo deberá ofrecerlo como un servicio cuando tiene facilidades para ello. En el territorio nacional, el Estado también lo dispondrá como un servicio. Adicionalmente, el Estado podrá promover las formas de solidaridad que puedan contribuir para la consecución de este fin.

 

 

Derechos post mortem de la persona en el Distrito Federal

 

En el Distrito Federal hay 103 cementerios oficiales y 15 concesionados. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud de la entidad, en 2000 se expidieron 63 mil 163 certificados de defunción y muerte fetal. La Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios del mismo año registró 23 mil 251 autorizaciones para traslados nacionales y 97 para traslados internacionales.(4)

 

Sobre los derechos post mortem podemos reconocer que en el Distrito Federal existe un marco jurídico que procura su garantía. En primer término, por los mecanismos internacionales a los que nos hemos referido, así como por las leyes federales y locales en lo que se refieren a los derechos a la personalidad jurídica y a heredar. En cuanto a los derechos al tratamiento decoroso del cadáver y el respeto a la honra, hay un Reglamento de Cementerios del Distrito Federal (1984), del cual se citan los siguientes artículos:

 

- Establece como un servicio público la operación de los cementerios, lo cual incluye la inhumación, exhumación, reinhumación y cremación de cadáveres, restos humanos, restos humanos áridos o cremados (Art. 1o.)

- Establece un principio de no discriminación al no autorizar la creación o funcionamiento de cementerios que pretendan dar trato de exclusividad por motivos de raza, nacionalidad o ideología (Art. 3o.)

- Ordena el registro en un libro que al efecto se autorice de las inhumaciones, exhumaciones, reinhumaciones y demás servicios que se presten, el cual podrá ser requerido en cualquier momento por el jurídico o la autoridad sanitaria del Gobierno del Distrito Federal (Art. 34)

- Asegura que en ningún caso se impedirá al público el ingreso al cementerio dentro de los horarios autorizados (Art. 38). Cuando por causa de utilidad pública la tumba sea afectada total o parcialmente, deberá reponerse o trasladarse por cuenta y gasto de la autoridad (Arts. 39 y 40).

- Determina que la inhumación o incineración sólo podrá realizarse con la autorización del encargado o juez del Registro Civil, quien deberá asegurarse del fallecimiento y sus causas, exigiendo para ello la presentación del certificado de defunción (Art. 42).

- Permite, contrariamente al derecho a heredar, que a discreción de la autoridad sanitaria los restos áridos exhumados (con posterioridad al vencimiento de la concesión de uso temporal de una tumba) puedan ser destinados a las osteotecas de instituciones educativas (Art. 51).

- Conceden una "titularidad del derecho de uso" de siete años como mínimo que es prorrogable a dos periodos iguales más, previo pago de derecho, al término de los cuales vuelve al domino del gobierno (Arts. 59 a 62). Uno de los problemas más importantes es que actualmente no hay perpetuidad para las tumbas, pero argumentos como la falta de espacio o el "exceso" de habitantes y difuntos no pueden estar por encima de los derechos de la persona.

- Obliga a los titulares de los derechos de uso en los cementerios oficiales a la conservación y al cuidado de las obras de jardinería y arbolado correspondiente. Establece que cuando la construcción amenazare ruina será requerido por la administración del cementerio para realizar las reparaciones o demolición, y, en caso de no presentarse, solicitará la autorización para proceder a la demolición de la construcción (Art. 71). Esta obligación se amplia a que cuando haya un abandono por un periodo de diez años contados a partir de la fecha de la última inhumación, la autoridad podrá hacer uso cuando el titular del derecho no responda a la notificación que se le haga.

- Instituye el servicio funerario gratuito para las personas indigentes, previo estudio socioeconómico, ataúd, traslado del cadáver en vehículo apropiado, fosa gratuita en temporalidad mínima y la exención del pago de los derechos por el servicio (Art. 76 y 77).

- Sanciona a los concesionarios (prestadores de servicios funerarios particulares) por violar las disposiciones con multa y obliga al pago de los daños y perjuicios que hubieren ocasionado (Arts. 78 a 81).

 

Para los tramites funerarios de ocho posibles servicios, la autoridad estable como requisitos indispensables para su prestación la solicitud debidamente cubierta, acreditar interés jurídico y presentar copia simple y original de los documento para cotejo. Estos documentos, dependiendo la solicitud, son las acta de defunción o de muerte fetal; los comprobantes de amputación o incineración, carta poder, autorización de la Secretaría de Salud, etcétera.(5)

 

Estos datos sobre el Distrito Federal nos permiten reflexionar sobre la cantidad de personas que cotidianamente se enfrentan a que sus derechos post mortem y los de sus deudos sean atendidos. Se trata de un asunto que no es menor.

 

 


Notas

(1) Si bien el Estado es una forma de sociedad políticamente constituida, en este caso se diferencia sociedad como el conjunto de habitantes de manera independiente de su condición de ciudadanos de un Estado o miembros de una nacionalidad. Entiéndase para efectos de este artículo a Estado únicamente como el conjunto de leyes, instituciones jurídicas, de procuración de justicia y de seguridad social.

(2) Entiéndase cadáver como el cuerpo sin vida antes de que concluya el proceso de descomposición, luego de lo cual se le llama restos humanos áridos.

(3) Aunque se reconocen estos derechos, el Convenio de Ginebra admite que no siempre es posible su cumplimiento en una situación de guerra, por lo que en el texto incluye expresiones como "si es posible", "siempre que sea posible", "excepto" y "en caso de fuerza mayor".

(4) Fuente: Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, en <www.consejeria.df.gob.mx>

(5) Ibidem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Constitución, las finanzas públicas y el alcohol

 

Ciudadanos de segunda

¿Sabía usted que una de las seis causas por las que se suspenden los derechos de los ciudadanos mexicanos es "por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes"? Así lo establece el párrafo IV del artículo 38 de nuestra Constitución. ¿Cuáles son las demás causas? Pues, entre otras, por estar prófugo de la justicia y por sentencia ejecutoria, o sea, por estar en la cárcel. Esto quiere decir que para el constituyente eran tan repudiables un borracho o un flojo como un violador, un asesino o un defraudador. No conozco alguna ley que prevenga cuáles son los términos de la vagancia ni de la ebriedad consuetudinaria, pero sí muchos casos de potenciales ciudadanos de segunda. Personalmente, me compunge pensar no en mi caso, desde luego, sino que nuestro querido José Alfredo o Lucha Reyes hubieran podido perder sus derechos.

¿Por qué debería perder sus derechos un bebedor consuetudinario y no alguien que incumple injustificadamente con las cinco obligaciones que tenemos los ciudadanos, según establecen los artículos 36 y 38 de la Constitución, que son: inscribirse en el catastro de la municipalidad, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones populares, desempeñar cargos de elección popular y desempeñar los cargos de consejiles? Me parece que en el texto constitucional hay un planteamiento moralista, es decir, la imposición a todos de comportamientos que se consideran buenos y la erradicación de otros que se consideran malos de acuerdo con los criterios de un grupo que cree conocer la verdad.

 

El reino del revés

¿Por qué, por ejemplo, no se le quita la ciudadanía —y también la nacionalidad— a los malos funcionarios de la administración pública y a quienes tuvieron puestos de representación popular y defraudaron a sus representados? ¿No sería esto más acorde con una moral republicana? El puritanismo no es un fenómeno de los moralismos cristianos en sus versiones católicas o calvinistas. Si el primer milagro de Cristo fue convertir el agua en vino, ¿de dónde nos viene la censura y la culpabilidad? No exclusivamente de la Iglesia católica. Tampoco las prohibiciones por cuestiones de algo llamadomoral pública son exclusivas del panismo ni de la derecha, según dio muestra la perredista Dolores Padierna cuando clausuró establecimientos mercantiles con espectáculos de baile en tanga para "proteger a nuestros jóvenes". Derechas e izquierdas hace mucho que no se pueden definir por su posición en asuntos de moral pública. Por ejemplo, ¿despenalizar el consumo y tráfico de drogas es una posición de derecha o de izquierda? Basta mencionar que Milton Friedman, entre otros teóricos del neoliberalismo, desde hace años es partidario de la despenalización.

Una cara de la moneda del moralismo es el castigo al "vicioso", la otra, la prohibición del vicio por decreto y la persecución de los enviciadores. Esto pasa cuando se considera que el "vicioso" no es "malo" por su propia voluntad, sino que es víctima de la acción de un tercero malicioso que lo corrompe por ser ignorante y por la falta de protectores. Esto no es cosa del pasado. Recientemente, el gobierno del vecino país del sureste, llamado Los Caracoles, estableció en sus leyes la prohibición de beber ("consumir") y vender ("traficar") alcohol o, mejor dicho, licores, como el aguardiente.

 

Papá gobierno nos protege de los malosos

En este caso, el moralismo de izquierda tiene sus orígenes ideológicos en el concepto de enajenación sustentado por el marxismo. Se supone que los capitalistas, sean los patrones de las haciendas o los dueños de los teibols, propician el alcoholismo para mantener estupidizada a la clase trabajadora, impidiéndole concientizarse, perpetuando su dominación y evitando cualquier brote revolucionario. Un caso paradigmático fue el de Tomás Garrido Canabal cuando era gobernador de Tabasco en época de Calles, quien junto con la destrucción de templos católicos impuso la prohibición de producir y vender licores, por considerar medios de enajenación tanto al culto religioso como al licor, como "opio del pueblo", expresado en términos marxistas.

El águila que cayó de la expropiación, el hijo del general Cárdenas, cuando fue gobernador de su estado, volvió al moralismo garridista para proteger, por medio de una ley seca de sábado a lunes, a los indígenas y demás pobres indefensos del vicio del alcohol. La consecuencia, de manera similar a la prohibición en Estados Unidos en la época de Los Intocables, fue la fabricación clandestina de alcohol de madera y un montón de ciegos e intoxicados.

La ley seca en los días de elecciones tiene su origen en ese moralismo, como si la apertura de vinaterías o cantinas fuera inversamente proporcional a la participación ciudadana en las urnas. Es muy poco probable que el 59 por ciento de los abstencionistas el pasado 6 de julio no hayan ido a votar por preferir embriagarse o por sufrir la resaca de la borrachera del día anterior. La ley seca es una de las maneras de tratarnos como a menores de edad o como irresponsables a los que no hay que darles la oportunidad de que se porten mal.

 

"Pórtense bien"

En nuestro país, con doble herencia moralista —católica y revolucionaria—, beber alcohol y venderlo todavía es considerado por muchas personas como algo repudiable, inmoral, escandaloso, causa de vicio y corrupción de las personas, así como de los males sociales, de la disolución familiar, de la pérdida de los valores, de la pobreza, etcétera. Por eso, la expresión "portarse mal" está relacionada con el consumo de bebidas embriagantes, asistir a fiestas, espectáculos nudistas o tener relaciones sexuales. ¿Por qué pasó esto en el México revolucionario anticlerical y no en la España franquista y "mocha"?

En España una barra es un negocio familiar al que se acude a almorzar, a tomar unas copas, a departir con la familia o con los amigos y del cual nadie se escandaliza. En otros países, el pub es el centro social del barrio, donde se pasan las tardes y parte de la noche conversando y bromeando, en lugar de someterse a otros vicios solipsistas como la televisión o los videojuegos. En cambio, en nuestro país las cantinas fueron concebidas por la autoridad como un lugar al que se acude exclusivamente para beber, como un lugar de vicio y perdición, como parte de la zona roja o de tolerancia. Hasta hace más o menos quince años era excepcional que entraran mujeres a alguna cantina, con el riesgo de que pudieran ser consideradas o tratadas como prostitutas. Se diferenció a cantinas y bares de otros establecimientos para cobrar más caras las licencias, para que paguen más impuestos y para abrir la puerta a la corrupción. La culpa se paga con dinero. Algo similar pasa con las vinaterías, ¿por qué su licencia tiene que ser más cara que la de una tlapalería, en la cual se venden solventes y demás tóxicos, droga común entre los niños en la llamada "situación de calle"?

 

La vida es una perinola: todos ponen

Uno de los argumentos no moralistas a favor del prohibicionismo se refiere a las finanzas públicas. Si un ciudadano tiene un comportamiento del que se espera que cauce daño a su salud, llegará un momento en el que cause un gasto si está adscrito al sistema de seguridad social del Estado. La atención a un enfisema pulmonar o a una cirrosis requiere un largo y costoso tratamiento que en muchos casos no evita la muerte por esta causa. Así, todos los contribuyentes, adictos o no, están pagando por aquellos que sabiendo que podían enfermar por su consumo de tóxicos, siguieron haciéndolo. El argumento hace evidente algo injusto: que los no viciosos pagan por los que sí lo son.

Si seguimos buscando injusticias vamos a encontrar muchas: la obesidad es en sí misma una enfermedad y causa de otras, de modo que es injusto que alguien que coma garnachas en exceso reciba servicios de salud pagados con los impuestos de los contribuyentes vegetarianos. Las víctimas del maltrato intrafamiliar que van a parar a centros hospitalarios son atendidas con recursos de padres y madres de familia que jamás le han puesto encima la mano a sus hijos ni entre ellos. ¿Qué culpa tienen de que no todas las familias resuelvan sus conflictos por medio del diálogo, como para tener que pagar por sus brutalidades? La principal causa de contaminación del aire en la ciudad de México y las enfermedades de las vías respiratorias es la emisión de gases de los vehículos automotores, y el plomo de las gasolinas de nuestro (¿?) Pemex es democráticamente para todos los que respiramos. ¿Cuánto aportan Pemex, las automotrices y los propietarios de vehículos para curar o evitar el daño a la salud de los que no tienen coche?

 

Paz con justicia y ebriedad

Existe una especie de doble moral en este asunto. Por un lado, se condena el consumo del alcohol, por otro, es un asunto clave para las finanzas públicas del país. Se repudia como vicio, pero no podemos vivir sin él. Este año se espera recaudar, en números redondos, un total de 790 mil 042 millones de pesos por impuestos, de los cuales 3 mil 449 millones son de bebidas alcohólicas, 11 mil 591 millones por cervezas y bebidas refrescantes y 11 mil 243 millones por tabacos labrados. Suman una cantidad aproximada de 26 mil 282 millones. Tal como está publicado el dato en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, no se puede saber cuánto corresponde únicamente a refrescos (bebidas refrescantes) y cuánto a cervezas. Suponiendo que la mitad de esos 11 mil 591 millones fuera de cerveza, la recaudación por bebidas embriagantes y cigarros sería de 20 mil 487 millones. Proporcionalmente no es mucho respecto al total de los ingresos tributarios, pero es más que los 12 mil 708 millones de tenencia vehicular o los 5 mil 031 millones del impuesto de automóviles nuevos.

Ese dinero va al Presupuesto de Egresos de la Federación con el que se pagan, entre otros rubros, los salarios de los profesores, las jubilaciones, el sistema de limosnas (programas asistenciales tipo Oportunidades) y las amortizaciones e intereses de las deudas. Esto quiere decir que se tiene que vender y consumir a fuerzas una cantidad de alcohol y tabaco suficiente como para que las finanzas públicas se mantengan a flote, pues es casi suficiente como para pagar el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (22 mil 831 millones), es superior a los presupuestos del Poder Judicial (17 mil 731 millones), de la Secretaría de Desarrollo Social (18 mil 977 millones) o las Erogaciones para Atender a la Población Indígena (17 mil 478 millones). Y si sumáramos los impuestos que paga la publicidad de cervezas, licores y cigarros, así como los derechos e impuestos que pagan los establecimientos mercantiles autorizados para la venta de estas bebidas, creo que nada haría más daño a las finanzas públicas que una disminución del consumo de estos productos, con excepción de la caída de los precios internacionales del petróleo.

Chiapas (lo que queda) no se va a hacer la entidad más desarrollada del país prohibiendo el alcohol.

Propuestas para atender la problemática del financiamiento de la educación superior

 

La Educación Superior en el Sistema Educativo Nacional

La educación superior es uno de los tres grandes componentes del Sistema Educativo Nacional (SEN):

1.    Educación básica.- incluye la educación preescolar, primaria y secundaria en todas sus modalidades: especial, indígena, para adultos. Niveles 0, 1 y 2.

2.    Educación media superior.- abarca el bachillerato o estudios equivalentes y los estudios de técnico profesional. Nivel 3.

3.    Educación superior.- abarca los estudios de técnico superior, profesional asociado, licenciatura, y posgrado (especialización, maestría y doctorado), de modo que es toda aquella que se imparte después del bachillerato o sus equivalentes y tiene como fin la formación de profesionistas en distintos campos de conocimiento. Niveles 4, 5 y 6.

La Constitución determina como obligatoria la educación básica, de modo que la responsabilidad del Estado para los niveles posteriores no es absoluta, sino como objetos sujetos de su promoción y atención. No obstante, el problema del financiamiento de cualquier nivel de educación difícilmente puede solucionarse de manera aislada de los otros, pues tiene que estar orientado por una visión de Estado a largo plazo para definir prioridades y articular las políticas públicas que atiendan al SEN de manera conjunta.

Dentro del SEN, la educación superior es como un gran subsistema heterogéneo y complejo, en el que sus instituciones se clasifican a su vez en seis subsistemas, administrados por distintas subsecretarías de la SEP. La Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) coordina a los subsistemas de Universidades Públicas y de Universidades Tecnológicas; la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas (SEIT), al Subsistema de Educación Tecnológica; y la Secretaría de Educación Básica, Normal y para Adultos, al Subsistema de Educación Normal. Existen también otras instituciones públicas e instituciones particulares con estudios reconocidos por la Secretaría de Educación Pública.

 La Falacia de la "Gratuidad" Obligatoria

Sin duda, el Estado es y debe ser corresponsable de la educación superior, tanto para la asignación de los recursos presupuestarios como para la ejecución de políticas públicas; pero de vez en cuando surge la polémica de si la educación superior pública debe ser o no gratuita. Ese es un buen tema de discusión, pero la Constitución no lo señala así, según se establece en la jurisprudencia que dice que la hipótesis de gratuidad no se refiere a la universidad autónoma, sino "que se circunscribe a los establecimientos educativos que de manera directa maneja el Estado a través de la dependencia gubernamental que tiene esa función dentro de sus atribuciones". De modo que tendría que reformarse la Constitución para que obligatoriamente fuese así, aunque no habría la capacidad presupuestal ni académica para cumplir tal mandato.

En respuesta al argumento de que la educación pública debe ser gratuita por el hecho de ser pública, Felipe Martínez Rizo piensa que:

 

"este razonamiento es claramente inconsistente. Muchos servicios públicos, en México y en todo el mundo, tienen un costo. El caso de PEMEX es claro. A nadie ocurre que, por tratarse de una empresa pública, la gasolina debería ser gratuita. Esto significaría que los contribuyentes sin auto estarían pagando en parte el consumo de los que tuvieran un vehículo, y que el dueño de un Volskwagen estaría subsidiando al de un Mercedes Benz. La electricidad es otro caso del mismo tipo. Puede haber y hay servicios públicos gratuitos, como hay otros que cobran su costo e, inclusive más."


De acuerdo con lo anterior, que la educación superior no sea obligatoria ni gratuita para todos tampoco viola derechos de ninguna persona, pues un asunto es el derecho a la educación, el cual no cabe discutir, y otro es la pretensión de que personas mayores de edad deban ser inscritas gratuitamente en la institución que quieren, en la carrera que quieren y sin demostrar que tienen un mínimo de capacidades y conocimientos para ingresar ni para egresar. No debe confundirse el cinismo como el derecho. El derecho a la educación superior se garantiza por la igualdad de oportunidades de ingreso entre los aspirantes y asegurando la equidad entre los inscritos para que ninguno tenga que abandonar sus estudios o tener un bajo rendimiento por falta de recursos económicos, para lo cual el Estado debe realizar una función subsidiaria, como está haciéndose ahora con los programas de becas.

Tampoco la mejor manera de ayudar a los estudiantes de escasos recursos es regalándoles calificaciones y títulos, sino con exigencia académica, de modo que cualquier egresado de la Universidad de la Mixteca pueda competir con cualquiera de la UDLA por un puesto laboral en una compañía nacional o extranjera del más alto nivel o por una beca para un nivel de posgrado. Esa es la forma en que la educación se traduce en justicia social, de lo contrario se vuelve un factor más para ampliar las diferencias económicas y la exclusión social y laboral.

De acuerdo con una visión de Estado que dé congruencia al Sistema Educativo Nacional, la pretensión de asegurar la "gratuidad" universal de la educación superior resulta un absurdo cuando ni siquiera hemos podido atender la demanda de educación media superior (con o sin calidad). Antes que subsidiar la educación superior, los países más desarrollados se han encargado de asegurar que todos tengan la obligación de estudiar bachillerato. Esto nos indica que, sin renunciar a contribuir con la educación superior, una vez alcanzada la cobertura en la educación básica, el Estado debe tener como prioridad la educación media superior.

 

El predicamento financiero de la educación superior

Una primera premisa es que la prioridad del gasto público en educación debe ser proporcional al nivel de estudios, dadas las condiciones de atención a la demanda y absorción que prevalecen. Esto deja en predicamento a la educación superior, considerando que la educación media superior tiene prioridad sobre ella y que elevar cuotas por inscripción difícilmente tendría viabilidad y contribuiría en poco a mejorar las finanzas de las IES, a no ser que fueran cuotas equiparables a las de instituciones privadas. Las propuestas, entonces, deberán dirigirse a las siguientes líneas:

·         Aumentar el subsidio público federal y estatal que se destina a educación para que el correspondiente a la superior se incremente, en consecuencia, de manera más o menos proporcional.

·         Obtener ingresos de fuentes de financiamiento distintas al subsidio público. Esto incluye tanto la concurrencia de recursos de la iniciativa privada, de instituciones sin fines de lucro, de organismos internacionales y mundiales, tanto por donación como por actividades que realizan las propias IES.

·         Hacer más eficiente el gasto total, estableciendo criterios racionales que determinen asignaciones justas entre las distintas IES en cuanto a subsidio por alumno por carrera en cada región.

 

 Subsidio Ordinario y Extraordinario

La Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica otorga subsidios ordinarios y extraordinarios a las instituciones de los subsistemas bajo su coordinación.

 

Subsidio Ordinario

El subsidio ordinario a las universidades federales, estatales y tecnológicas cubre el gasto corriente que se destina al sostenimiento de la operación regular de las Instituciones de Educación Superior (IES). Cada año se asigna un presupuesto "irreductible", igual al costo operativo del ejercicio del año inmediato anterior, más un incremento para cubrir el aumento de costos asociados tanto a servicios personales como a gastos de operación.

Los aumentos relacionados con servicios personales son autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con base en la política salarial del Gobierno Federal. Incluyen incrementos tanto al salario como a las prestaciones y repercusiones, que se calculan de acuerdo con las fórmulas que autoriza la propia SHCP. Estas formulas se refieren a repercusiones y prestaciones tales como aguinaldo, prima de antigüedad, prima vacacional, días diferenciales, seguridad social, vivienda y SAR, y se aplican de acuerdo con la legislación y las normas vigentes en el sector público para cada concepto. Además, se asignan recursos adicionales para promociones de categoría del personal académico.

Adicionalmente, para fomentar un mejor desempeño del personal académico de las instituciones, el subsidio ordinario incluye los recursos del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico de Carrera.

Por lo tanto, el subsidio ordinario a las instituciones indicadas se asigna a partir del cálculo del costo de cada uno de los rubros que componen su presupuesto, es decir:

·         Costo de nóminas de personal autorizado,

·         Gastos de operación,

·         Ampliaciones de infraestructura,

·         Costos de ampliación de oferta educativa, en su caso,

·         Importes de proyectos incluidos en programas especiales.

Las aportaciones federal y estatal al subsidio ordinario de cada universidad se establecen y formalizan a través de un convenio tripartita anual suscrito por el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y la universidad correspondiente. Para las universidades públicas estatales con apoyo solidario y otras instituciones, el Gobierno Federal sólo asigna un apoyo solidario convenido cada año con la institución y el Gobierno del estado respectivo.

Los subsidios ordinarios referidos de la SESIC se asignan como transferencias del Ramo 11, mientras que el presupuesto correspondiente al Subsistema de Educación Tecnológica se financia por medio del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, en tanto que el Subsistema de Educación Normal se paga con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) del mismo ramo. Por tal causa, en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública de la Federación (2001) no se puede identificar el gasto asignado a cada una de las instituciones de los subsistemas de Educación Tecnológica y de Educación Normal. En este documento se especifican los proyectos, la Actividad Institucional y los Indicadores Estratégicos correspondientes, pero en ningún caso se especifica el gasto destinado a cada escuela. Por ejemplo, en el FAEB se indica como unidades responsables a cada una de las entidades y cada una de ellas tiene metas que cumplir, como atender un número de alumnos que demandan educación normal, pero sólo se informa el total del gasto original, ejercido y modificado de cada entidad y no del presupuesto destinado a las escuelas normales. Esta información sólo se puede conocer en los informes de las cuentas de la Hacienda Pública de cada entidad. (Véase tablas 1 a 3)

 

Subsidio Extraordinario

El subsidio extraordinario asigna recursos destinados a incrementar la calidad de la educación superior mediante los siguientes fondos:

Programa del Mejoramiento del Profesorado (Promep).- que se propone alcanzar entre 1996 y 2006 estándares internacionales en la formación y desempeño del personal académico de carrera. Los recursos del Promep se distribuyen con base en las necesidades de formación de profesores de carrera que cada institución ha justificado en función de los planes de desarrollo de sus dependencias, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (Fomes).- cuya finalidad es coadyuvar con los objetivos de los Programas Integrales de Fortalecimiento de las Universidades Públicas, impulsando la mejora de la calidad de los programas educativos mediante la ampliación y modernización del equipo de laboratorios y talleres, el acervo bibliográfico, los medios de información académica; la actualización de planes y programas de estudio, la atención individual y en grupo de estudiantes, etc. La distribución de los recursos del Fomes se realiza mediante un concurso anual de proyectos que las IES presentan a la SEP. La evaluación de los proyectos la realizan comités dictaminadores integrados por expertos de la comunidad académica nacional, propuestos por las propias IES.

El Fondo de Inversión para las Universidades con Programas Evaluados y Acreditados (FIUPEA).- cuya finalidad es coadyuvar con los objetivos de los Programas Integrales de Fortalecimiento de las Universidades Públicas, mediante el fomento al aseguramiento de la calidad de los programas educativos que hayan sido reconocidos por su buena calidad.

Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (Proadu).- . apoya acciones puntuales de colaboración nacional e internacional de los cuerpos académicos. Los recursos destinados al Proadu se dedican a acciones propuestas por el personal académico y no contempladas en otros programas, incluyendo proyectos de difusión y extensión de la cultura, entre otros.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).- fue creado en 1998 por la Cámara de Diputados como un componente del Ramo 33 para apoyar a las universidades estatales en la ampliación y modernización de sus infraestructuras físicas. Incluye recursos para proyectos de construcción, equipamiento, mantenimiento y reparación de la infraestructura física. Otras IES reciben este tipo de apoyo dentro de su propio presupuesto.

Programa Nacional de Becas y Financiamiento para Estudios de Tipo Superior (PRONABES).- se creó con la nueva administración en 2001 con el propósito de fortalecer y complementar los esfuerzos que, en materia de equidad educativa venían realizando el Gobierno Federal y los gobiernos estatales a través de distintas instituciones desde el sexenio anterior. En el ciclo escolar 2001-2002, además de 19 mil becas otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para impulsar el posgrado, se asignaron 225 mil 800 becas para estudios de licenciatura y posgrado con una inversión cercana a los 500 millones de pesos, beneficiando así a casi 44 mil jóvenes.

La entrega de los recursos que integran el subsidio extraordinario se formaliza, excepto en el caso del FAM, a través de la firma de convenios entre la SEP y las instituciones o de la SEP con los gobiernos de los estados en el caso del Pronabes. Algunos gobiernos estatales, de motu propio, contribuyen a los mismos fines con recursos que convienen directamente, en su caso, con las instituciones de educación superior.

En cuanto al posgrado, dado que en la última década su matrícula había registrado el mayor dinamismo dentro de la educación superior, con una tasa media anual de crecimiento de 10.9 por ciento, en el ciclo 2001-2002 se experimentó una ligera disminución en dicha tasa. Sin embargo, existen elementos que permiten prever que el posgrado crecerá de nueva cuenta a tasas elevadas. De hecho, para el ciclo escolar de reciente inicio se estima una matrícula superior a 139 mil estudiantes, lo que supondría un incremento cercano al 4.9 por ciento respecto al año anterior. Este repunte lo explica la SEP como resultado de la puesta en marcha del Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional, mediante el cual a partir del ciclo escolar 2002-2003 se destinarán recursos extraordinarios para que las instituciones de educación superior conserven o, en su caso, mejoren la calidad de sus programas de posgrado; estos apoyos incluyen becas para estudiantes. (Véase Tabla 4.)

 

Ausencia de Criterios Equitativos para la Asignación Presupuestal

Debemos ser cuidadosos con los indicadores presupuestales en instituciones de educación superior. Por ejemplo, cuando nos dicen que el presupuesto que se asigna a tal o cual universidad equivale a equis cantidad de dinero por alumno, hay que tomar en cuenta si esa cantidad se refiere al total del presupuesto para esa institución o si se refiere solamente a la asignación que la Federación le otorga, porque todas las universidades estatales, de acuerdo con lo que tratamos en el punto anterior, tienen tres fuentes de financiamiento: subsidio que le da la Federación, subsidio que le da la entidad donde radica y recursos que genera por sí misma. Ninguna universidad estatal recibe la totalidad de recursos de la Federación ni tampoco el gobierno de su entidad aporta para ella el cien por ciento, sino que se trata de una combinación que en cada caso es distinto y puede variar entre sí diametralmente.

Esto se debe a que a pesar de que la Ley para la Coordinación de la Educación Superior norma la asignación de recursos federales a las IES, así como su utilización, control y evaluación, no hay allí normas técnicas para determinar alguna fórmula para la asignación de montos presupuestales. Puede afirmarse que uno de los problemas de mayor importancia es el de la insuficiente articulación en la estimación y asignación de los recursos federales y los estatales.

Actualmente, la asignación de recursos a las IES se realiza a partir de "techos financieros" o incrementos porcentuales, con criterios establecidos al margen de los programas de las instituciones. Los montos que finalmente se aprueban, no traducen la pertinencia o relevancia de las necesidades y medios que se señalan en los programas, sino un porcentaje definido mediante criterios que son hasta el momento poco claros.

Lo anterior constituye una de las causas de la desvinculación institucional nacional que todavía se observa entre la presupuestación y el resto de las actividades administrativas y académicas. Si el monto aprobado no se establece en función de ajustes explícitos a los programas, la aplicación de recursos tiende a desarticularse de éstos, principalmente en las instituciones educativas estatales. La asignación de recursos hecha con base en incrementos porcentuales tiene otro costo: dificulta la vinculación entre la planeación de la educación institucional e interinstitucional, y la planeación del desarrollo económico y social. A escala institucional existe poca relación entre los programas institucionales de cada IES con los planes gubernamentales.

En la práctica, desafortunadamente, las asignaciones presupuestales dependen, en cierta medida, de inercias históricas y de la capacidad de negociación con los gobernadores o con el Ejecutivo federal, por eso el reclamo de muchas universidades estatales que dejan ver la inequitativa e insuficiente que es la distribución del presupuesto que la Federación les otorga. Tienen que gestionar recursos para un mismo presupuesto ante diferentes instancias, conforme a criterios, procedimientos, mecanismos y tiempos diferentes. El resultado usual es dilación, incertidumbre y presupuestos difícilmente integrados. Por lo que se refiere a los recursos federales, éstos igualmente se otorgan a través de diversas instancias y procesos de gestión; se establece así una diferenciación entre universidades: las que presionan políticamente para obtener recursos y no siempre tienen la mayor calidad académica; y las que no presionan, pero muestran indicadores de excelencia.

Mientras la Universidad Veracruzana recibe del gobierno de su estado el 53 por ciento de su presupuesto y el otro 47 por ciento de la Federación, esta proporción varía entre el conjunto de las universidades estatales, pero el promedio es que dos terceras partes de los recursos los aporta la federación y una tercera los estados. En cambio, las instituciones nacionales (federales): UNAM, IPN, UAM y UPN no reciben aportación presupuestal de parte de la entidad donde radican, que es el Distrito Federal. Se trata de una situación paradójica, pues aunque atienden a una población educativa proveniente de todo el país, actualmente sus matrículas están cubiertas mayoritaria o casi totalmente por alumnos de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Hace décadas tenía cierto sentido este esquema presupuestal, pues como en varias entidades no había universidades estatales públicas o una oferta suficiente de carreras, esa demanda sólo podía ser cubierta en estas instituciones; pero en la medida en que se ha ampliado la oferta educativa a lo largo y ancho del país, la demanda de ingreso a estas instituciones ha disminuido considerablemente por parte de la población alejada de la capital de la República.

 

"Esto nos indica —de acuerdo con el ex rector de la UdeG, Víctor Manuel González Romero— que no existe ningún criterio para la distribución entre los recursos federal y los estados. Parece ser que los porcentajes han sido fijados históricamente de acuerdo a las circunstancias y a las negociaciones del momento sin que exista ninguna razón para que sean como son, si las hay, se desconoce.

Aunque las autoridades federales les han dicho que existen acuerdos con los Gobiernos Estatales en relación con el subsidio de sus Universidades Públicas, en realidad algunos no reconocen dichos acuerdos".

 

Gasto por alumno

La injusticia radica no sólo en la inequidad proporcional entre recursos federales y locales, sino también en el gasto por alumno. Tampoco hay en este caso algún criterio que defina porqué la Federación otorga un gasto por alumno de más de 29 mil pesos a la Universidad Autónoma de Baja California Sur y de menos de 3 mil a la Universidad Autónoma Juárez de Oaxaca. El total del gasto público por estudiante de las universidades públicas federales es de casi de 64 mil pesos por año, mientras que en las estatales es de menos de la mitad, debajo de 30 mil pesos. No existe ningún argumento, me parece, que justifique las diferencias tan grandes en el gasto por alumno entre unas y otras, sobre todo porque la mayor parte de la matrícula está actualmente en las entidades federativas, donde los esfuerzos que se han venido haciendo a lo largo de los últimos años muestran el sacrificio que en ellas se esta haciendo para hacer eficiente su gasto y ahorrar al máximo. Para tener justicia necesitamos que el gasto en educación para un habitante del norte, del centro y del sur sea equitativo; o que si hay que apretarse el cinturón, lo haga en mayor proporción quien más tiene.

El problema del financiamiento de los niveles de educación medio superior y superior y la dificultad para conocerlo también se encuentran en que una parte importante de la matrícula total de las instituciones de educación superior pertenece a sus propios bachilleratos, los cuales, por supuesto, dependen financieramente de ellas. Esta situación debe estar presente cuando consideremos los subsidios que se otorgan a instituciones como la UNAM o el IPN, las cuales financian a sus respectivos bachilleratos, porque presenta otra complejidad para calcular qué tanto gasto por alumno efectivamente se esta realizando en cada institución. Además de que hay carreras que por sus características tienen un costo mayor que otras, el gasto por alumno en bachillerato es menor al de nivel licenciatura, de modo que al ver el promedio de gasto por alumno de una IES que también tiene bachillerato no podemos saber cuánto gasta efectivamente en cada nivel. De manera análoga, las instituciones referidas también se encuentran entre las que tienen una matrícula de posgrado proporcionalmente más altas entre todas y el dato de gasto por alumno de estas instituciones tampoco permite conocer cuánto efectivamente destinan a este nivel. Lo ideal sería conocer un desglose de gasto por alumno por nivel de cada institución para poder juzgar mejor la justicia en la distribución presupuestal entre las instituciones. (Véase Tabla 1.)

 

Eficiencia terminal

La eficiencia terminal es un indicador que se refiere al porcentaje de alumnos que terminan el nivel educativo en referencia al total de los que ingresaron. Lo ideal es que todos los que ingresan se gradúen: 100 por ciento de eficiencia terminal; y una muy buena eficiencia terminal es de 90 u 80 por ciento. La eficiencia terminal en instituciones privadas es en promedio aproximadamente el doble o mayor que en las públicas. Explicar este fenómeno y sus causas es ajeno a los propósitos de este texto, que puede ser por condiciones socioeconómicas de los alumnos, por las opciones de titulación, por condiciones desfavorables al aprovechamiento, o por la combinación de éstas y otras.

También puede constatarse que la eficiencia terminal varía mucho entre las propias IES públicas. Las universidades federales, con todo y que tienen un gasto por alumno muy superior a las estatales, no tienen una eficiencia terminal significativamente superior. Es decir, con más dinero no obtienen mejores resultados. En el caso de las universidades públicas vemos una muy baja eficiencia terminal en todas sus modalidades, lo que implica un desperdicio en el gasto en este nivel y de los propios estudiantes que no concluyen. (Véase Tabla 6.)

El criterio de igualdad de gasto por alumno no siempre puede ser válido, pues cada carrera en cada región puede tener costos muy distintos entre sí. Por ejemplo, siempre será más cara cualquier carrera de ingeniería que las de humanidades. De modo que debería elaborarse una tabulación de gasto por alumno por carrera o área de conocimientos y por región, con 20 o 30 categorías, que orientara el financiamiento público de acuerdo con la matrícula por carrera de cada institución. Es conveniente que, junto con un presupuesto consolidado, se tome en cuenta el índice de crecimiento de cada institución, con el fin de establecer una tasa diferencial basada en el aumento anual de la demanda local y regional, la capacidad, de expansión de cada institución, las políticas de desconcentración y apoyo a las áreas prioritarias.

Adicional a esta inequidad prevaleciente, la crisis financiera de la educación superior se agrava por tres problemas estructurales que ahogan su crecimiento: la reducción del subsidio público, la obligación de pago de pensiones a un número creciente de trabajadores jubilados y la insuficiente generación de ingresos por las propias actividades de las IES.

 

La Zona Metropolitana del Valle de México

Vale la pena considerar, en justicia, cuál y cuánto debe ser el esfuerzo educativo del Gobierno del Distrito Federal para contribuir al gasto público de su población atendida en las IES que se ubican en su demarcación. Actualmente éste ha decidido llevar a cabo su propio proyecto educativo, de manera independiente a los subsistemas de educación media superior y superior ya existentes y sostenidos por el Gobierno Federal, como podría ser el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que en su propio nombre manifiesta el propósito de constituirse como una opción educativa para habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). El tema sobre la calidad que en la Universidad de la Ciudad de México y sus preparatorias no es materia del presente ensayo, pero sí corresponde señalar que los recursos presupuestales asignados a éstas podrían también destinarse a mejorar las condiciones educativas de los alumnos de los colegios de Bachilleres y de Educación Profesional; de los distintos centros de estudios tecnológicos, de las escuelas de Enfermería, Biblioteconomía o de la propia UAM, alumnos, muchos de ellos, pertenecientes a familias que contribuyen fiscalmente con el gobierno capitalino y que habrán de desempeñar su trabajo profesional aquí mismo, convirtiéndose también en contribuyentes para el Distrito Federal.

En este caso, el Gobierno del DF optó por aumentar la matrícula de educación superior en la ZMVM creando sus propias instituciones, en lugar de concurrir con su gasto para mantener la misma matrícula con un mayor presupuesto por alumno. En primera instancia puede parecer meritoria la creación de estos nuevos centros educativos, pero si revisamos los estudios de la institución más competente en este campo, la ANUIES y las bases de datos del INEGI presentadas en los informes de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal en cuanto a la tendencia poblacional en rango de edad de estudiar estos niveles de educación, podemos constatar que no se decidió por la mejor opción, pues la ciudad de México mantiene estable su población en edad de estudios medio superior y superior, y donde está creciendo la demanda es en el Estado de México. Esto quiere decir que donde se deben abrir nuevas instituciones educativas es en el lugar en que se está generando la demanda: en los municipios conurbados a la ciudad de México.

En referencia al concurso de ingreso que realiza la Comisión Metropolitana para el Examen de Ingreso a Educación Media Superior (Comeipens), el problema no es la falta de espacios para todos, sino que la gran mayoría de los solicitantes eligen como primeras opciones a los bachilleratos de la UNAM y el IPN, y en no pocos casos en los que se les asigna otro espacio diferente a esas, prefieren no aceptar ese ingreso e intentarlo en futuros concursos de selección, por lo que esos lugares quedan sin ocuparse. Otros más se inscriben y luego abandonan el plantel que se les asignó porque consideran que no cubre sus expectativas o ambiciones. Esto nos indica que la percepción social que hay de las opciones educativas que ofrece la SEP como bachillerato tecnológico es de inferiores a las de la UNAM o el IPN, sea por prestigio, calidad o por oportunidades laborales. Verdad o no, me parece que tenemos que elevar la calidad de esas opciones educativas. Por eso, en mi opinión sería de mayor beneficio para esta ciudad que el Gobierno capitalino destinara lo que gasta en la sui generis opción educativa que financia, en laboratorios y talleres para los bachilleratos tecnológicos existentes, sin considerar si la responsabilidad absoluta de su sostenimiento le corresponde a la Federación a través de la SEP.

Un caso completamente diferente es el de Oaxaca, en donde se han realizado recientemente importantes aciertos educativos para la educación superior, pues en lugar de construir más planteles en la capital del estado se crearon universidades como la del Mar y de la Mixteca, que llevan la oferta educativa a comunidades con grave rezago en lugar de forzar la migración de unos cuantos estudiantes, a la vez que se convierten en detonadores para el desarrollo de las regiones donde se enclavan y orgullo de toda su población.

 

Caída del Financiamiento Público

Por diversas razones, la política educativa nacional ha dado prioridad a la educación básica, que ante una situación de crisis económica se ha reflejado en la tendencia irregular en el financiamiento de la educación superior. A partir de 1989 tuvimos un crecimiento del gasto público federal destinado a la educación superior equivalente al 0.34 por ciento del PIB, hasta alcanzar un máximo en 1994 del 0.66, porcentaje que ha venido disminuyendo, pues en 1995 hubo un decremento a las universidades públicas, federales y estatales, cercano al 7 por ciento y en 1996 un poco más del dos por ciento; pero hubo una recuperación en 1997 y 1998, cuando hubo un incremento real del 8 y 10 por ciento, respectivamente, para situarse entonces en un equivalente al 0.49 del PIB.

El deterioro de los presupuestos de las IES se agrava por el crecimiento de sus matrículas, pues con menos dinero están teniendo que aumentar su número de inscritos y planta docente. En 1999, la matricula nacional de estudiantes de educación superior llegó a 1 millón 837 mil 884 alumnos. Para el año 2006 se espera que esta matricula aumente a 2 millones 768 mil 100 alumnos. Esto implicará llevar la cobertura educativa de este nivel del 39 al 55 por ciento y pasar de 192 mil 406 profesores a 221 mil 400 en el 2006.

El problema de financiamiento determina de manera importante la incertidumbre que tienen las instituciones para planear su desarrollo; se ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años para generar los programas de desarrollo de cada una de las instituciones, fijarse metas a través de un conjunto de programas con objetivos específicos, pero evidentemente ante los problemas de financiamiento, muchos de estos programas tienen una planeación incierta y un desarrollo permanentemente amenazado por la falta de recursos de un año a otros.

 

Comparación con otros países

En cuanto a la proporción de la concurrencia de gasto público y gasto privado a instituciones de educación superior, este indicador varía en cada país, pero, en general, el gasto público es superior al privado, con excepciones importantes como Corea, Japón y Estados Unidos. En los países escandinavos el gasto privado es casi inexistente, y en los Países Bajos no hay gasto privado para educación, pero la mayor parte de ese dinero, como vimos en anteriormente en el Capítulo 3, se destina a instituciones privadas. En Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido más de la tercera parte de su gasto públicopara educación superior se destina a subsidios al sector privado y becas para que los estudiantes asistan a lo que llamamos universidades particulares, algo impensable en México o que se consideraría que atenta contra el Artículo 3° constitucional. En tanto, la Universidad Pedagógica Nacional tiene un gasto por alumno de más de 86 mil 790 pesos al año, cantidad superior a las colegiaturas anuales de varias universidades privadas.

Según datos de la OCDE correspondientes a 1999, en México el gasto privado en educación superior ha tenido un importante crecimiento en años recientes y alcanzó en ese año a cerca del 70 por ciento, superior al promedio de los países de esta organización. El gasto por alumno en educación superior de México en el año 2002 fue menor a la mitad del promedio de los países de la OCDE del año referido y cercano a la cuarta parte de lo que se gasta en Estados Unidos, sólo superior al de Grecia y Turquía. México se encuentra igual que Alemania y Francia y por encima de España. Aunque, claro, se trata de países con economías mayores a la nuestra y con menor población en edad de cursar este nivel, lo que se evidencia cuando comparamos el gasto por alumno.

Canadá, Estados Unidos y Corea tienen las cifras más altas en este indicador; pero en el caso del último se trata de gasto mayoritariamente privado. Llama la atención que Japón es uno de los países que tienen un gasto más bajo en este indicador. Inclusive menor al de México, que está por abajo del promedio de los países de la OCDE. En el caso de la República Checa, aunque su gasto por alumno es bajo, se considera que tiene una calidad comparable a la de los mejores o competitiva con los que gastan más. En países equiparables al nuestro se presentan paradojas, como Argentina que tiene un gasto similar o Brasil muy superior. Un caso asombroso es el de Jamaica, con un gasto superior al de México.

El gasto por alumno en promedio en los países de la OCDE fue de 11 mil 422 dólares en 1999, cantidad por encima del doble de la que destina México con 4,798, la más baja con excepción de Grecia con 4,260, y de Turquía con 4,328. Estados Unidos es el país con la mayor cantidad en este indicador, 19,220. En América latina destaca el caso de Brasil con el gasto más alto de la región, 13 mil 567 dólares, por encima del promedio de la OCDE; Argentina destina 5,606; Uruguay, 2,239, y Jamaica, 6,848.

 

El Abismo Financiero para el Pago de Pensiones

Las universidades públicas, por lo general, cuentan con uno o varios sindicatos con los cuales tienen que negociar una o más veces a lo largo del año los incrementos salariales y prestaciones laborales, situación que reduce el margen de maniobra de directores o rectores y juntas de gobierno, en cuanto a la planeación presupuestal y el ejercicio del mismo. Esta situación irá agravándose año tras año por el pago de las pensiones a sus trabajadores jubilados.

El sindicalismo universitario data de hace poco más treinta años, por lo que van pasando a retiro aquellos trabajadores que entonces y de manera subsecuente adquirieron su basificación. En tanto, el presupuesto para las IES no crece en la misma proporción que se requiere para ir cubriendo estos pagos a modo de vencimientos, para lo cual deberán encontrarse esquemas que les permitan absorber o traspasarlo como deuda sin tener que disponer de recursos para desarrollo académico e investigación. Se trata de un agujero negro de tal dimensión que podría llegar a ser mayor que el total del presupuesto para educación superior, situación que amenaza con que en unos años tenga que crearse un rescate para salvar de la quiebra a las IES, posibilidad que la ANUIES ha manifestado en repetidas ocasiones.

Julio Rubio Oca, exsecretario general ejecutivo de ANUIES y subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica, anunció la puesta en marcha de un modelo de financiamiento a las instituciones educativas de nivel superior que entrará en operación en 2004 y sustituirá al vigente, el cual "ya está agotado".

Tal agotamiento se explica se debe a que las pensiones y jubilaciones de los trabajadores académicos y administrativos de 30 universidades públicas del país presentan derechos adquiridos por 77 mil millones de pesos, equivalentes a 1.3 por ciento del PIB y que día tras día va incrementándose en la medida en que aumenta el número de trabajadores en retiro, según un diagnóstico de la ANUIES. Su actual secretario general ejecutivo, Jorge Luis Ibarra Mendívil, asegura que se trata de un asunto delicado que requiere la intervención urgente para no poner en riesgo la viabilidad financiera de buena parte de las instituciones asociadas, pues el actual sistema de pensiones y jubilaciones es insostenible para muchas universidades, y que de no hacerse reformas verdaderas y oportunas entrarán en poco tiempo "en situaciones indeseables e inmanejables".

De acuerdo con las cifras de la ANUIES, hay 11 trabajadores por cada pensionado en promedio; 8 mil 609 empleados con derecho a pensionarse, contra 7 mil 913 en esa situación. En pocos años habrá cinco trabajadores por cada pensionado y, en algunos casos, un trabajador por cada pensionado. Un ejemplo es el de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la cual destina más de 207 millones de pesos, equivalentes al 12 por ciento de su presupuesto (anual), para el pago de jubilaciones y pensiones de mil 300 trabajadores, y llegarán a ser 3 mil 500 dentro de 10 años, el 50 por ciento de la planta activa.

Hasta ahora, casi la totalidad de los gastos se cubren con recursos presupuestales, aunque se advierte que el crecimiento previsible de dichas erogaciones hará inviable continuar con esa práctica. Hay algunas instituciones cuya inviabilidad financiera hoy mismo es ya un hecho. Otras muy pronto estarán en esa situación. Por ello, "el diseño actual de los sistemas de pensiones es un grave problema de viabilidad institucional. Se requerirá más de 100 por ciento del presupuesto global de las universidades para hacer frente a compromisos sustantivos y al pago de prestaciones", según el diagnóstico de la asociación.

El problema es mucho mayor al pasivo de 77 mil millones pues el estudio no fue realizado a todas las instituciones públicas; algunas decidieron no entrar en el estudio y tampoco están incluidas la UNAM, el IPN y la UAM porque pagan sus pensiones por cotizaciones en el ISSSTE. Como las plantillas de personal tienden a reducir su crecimiento, las pensiones tendrán cada vez mayor peso en relación con la nómina.

Para atender esta grave situación hay propuestas tanto de la ANUiES como de las organizaciones sindicales de los trabajadores universitarios y de la autoridad federal, pero todavía no se logra un acuerdo importante al respecto por considerar esquemas distintos de financiamiento para los pagos próximos a cubrir por obligación y para reestructurar el sistema de pensiones de manera que no sigan creciendo los pasivos.

Con todo lo justo que es el pago de pensiones de acuerdo con la legislación en la materia y los contratos colectivos, no deja de ser gasto del que no puede esperarse ningún beneficio académico, a diferencia del destinado a los programas del subsidio extraordinario. Esto plantea la necesidad de precisar criterios cualitativos y cuantitativos para la asignación de recursos, tomando en cuenta las diferencias en el tipo y grado de desarrollo de las instituciones, sus requerimientos financieros, la necesidad de descentralizar las actividades de la vida nacional y los fines específicos de cada institución.

 

La Necesaria Generación Creciente de Recursos Propios

La tendencia en la reducción del financiamiento público al nivel superior de los últimos años no sería tan grave si estuvieran fortaleciéndose esquemas de participación de la iniciativa privada con las IES públicas y se promoviera el aumento en la generación de recursos propios de ellas, lo cual está ocurriendo con mucha dificultad.

Sin duda las IES requieren mayor asignación presupuestal, no hay ninguna que diga lo contrario; pero como no se reconoce el esfuerzo de cada una para generar recursos propios, las instituciones nacionales federales, principalmente (a las que se destina la mayor parte del subsidio federal), aplican su capacidad de presión y negociación, en lugar de aprovechar su enorme infraestructura y recursos de todo tipo con los que cuentan para elevar sus ingresos.

En el caso de las instituciones privadas, el grueso de sus ingresos depende de los pagos de colegiatura, pero también obtienen importantes beneficios por actividades de extensión y por su vinculación con la iniciativa privada. Hay que ver al Tecnológico de Monterrey para darse cuenta de todo de todo lo que una institución educativa puede hacer para obtener ingresos, vincular la academia con las actividades productivas, elevar su reconocimiento en la sociedad por los servicios que presta y abrir espacios en el mercado laboral para sus estudiantes y egresados: incubación de empresas, consultoría, capacitación, educación a distancia, etcétera; o el caso de muchas universidades en Estados Unidos que obtienen importantes ingresos por la venta de la transmisión televisiva de actividades deportivas de sus equipos representativos, así como de diversos productos alusivos.

El punto es que hay que explorar las posibilidades de las IES públicas para aumentar los ingresos que generan por su propio esfuerzo. No se trata de elevar cuotas —tema que cada comunidad de manera autónoma tiene que deliberar y resolver— sino generar actividades y servicios, empezando por los que ya se realizan, que les permitan obtener recursos de la iniciativa privada o establecer convenios con entidades públicas por los que puedan propiciarse intercambios de bienes y servicios. Ya lo hay, pero deben incrementarse. Y el esfuerzo que cada cual realiza al respecto varía mucho de una a otra.

Si la UNAM genera la mitad de la investigación científica del país (y recibe cerca del 40 por ciento del subsidio federal para las universidades de todo el país), debería tener muy importantes ingresos por estas actividades. Cierto que muchas investigaciones son prioritarias o necesarias para una nación independientemente de que se puedan o no explotar lucrativamente y, por tanto, tiene que llevarlas a cabo una institución como la UNAM, como las investigaciones estéticas, filosóficas, jurídicas o bibliográficas —las de humanidades, en general—, y muchas otras actividades que sólo esta casa de estudios realiza para beneficio del país en materia de sismos o medio ambiente, por ejemplo; pero centros de investigación como los de materiales, de la tierra o matemáticas aplicadas, o TV y Radio UNAM tendrían que generar importantes ingresos, mucho más que para su autosuficiencia financiera. Ha habido algunos avances en ingresos por actividades de extensión como las que realizan las facultades de Contaduría y Administración; de Ingeniería, y la Dirección General de Estudios de Cómputo Académico (DGSCA). Son esfuerzos que deberían multiplicarse.

Es indispensable que las IES diversifiquen sus fuentes de ingresos y se alleguen recursos complementarios. Cada una debe encontrar su nicho de mercado o nicho social y contribuir así tanto a su desarrollo institucional como al de la población que le rodea más allá de la propia comunidad universitaria.

Podemos ver que la infraestructura y presupuesto de la institución no determina la posibilidad de aumentar los recursos propios, pues tanto las de universidades de Tamaulipas como la Veracruzana que incrementaron cerca de 15 y 8 veces estos ingresos, como las autónomas del Carmen y de Chiapas, con incrementos cercanos a 11 y 20 veces, presentan magníficos resultados en este aspecto. Por el contrario, llama la atención el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la única en esta lista que por alguna causa interna que desconozco decreció en cuanto a la generación de recursos propios. La suma del total se incrementó en un 234 por ciento en ese periodo. (Véase Tabla 5.)

Adicionalmente, en mi opinión, en la rendición de cuentas de los estados financieros de cualquier IES es tan importante o más lo referente a los ingresos propios como lo correspondiente a subsidios que recibe de la Federación o de los gobiernos estatales. ¿Cuánto obtienen por alquiler o explotación de espacios comerciales dentro de los campus, del cobro de estacionamiento, de recaudación en taquillas de museos, salas cinematográficas, teatros, etc.?

El federalismo de la educación como eje articulador de la participación social y de la unidad nacional

 

 

 

 

 

I. FEDERALISMO, CLAVE DEL DESARROLLO SOCIAL

El Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000 sienta las bases para que el federalismo sea el eje para la ejecución de la política social para este periodo. Ésta parte de la premisa de que "la centralización excesiva de las decisiones y funciones gubernamentales actúan en detrimento del bienestar general de la sociedad". Es por ello que la presente administración ha tenido como uno de sus objetivos, en la construcción de su política de desarrollo social, el avance en la "consolidación de una nueva institucionalidad que establezca claramente la concurrencia de los gobiernos municipal, estatal y federal" y que incorpore la participación de la sociedad civil al propósito de realizar acciones para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

Esta política social que procura el combate a la pobreza en todos sus aspectos, materiales y humanísticos, tiene como una de sus claves el desarrollo educativo. De allí que durante los últimos años, uno de cada cuatro pesos del gasto público se ha destinado a este rubro. Justo es reconocer este esfuerzo del Estado mexicano a lo largo del siglo XX, en el que los mexicanos hemos logrado reducir el analfabetismo, elevar el promedio de escolaridad, promover la educación primaria y secundaria —ensanchando su matrícula—, impulsar la educación superior pública en todo el territorio, así como la capacitación para el trabajo y la difusión de la cultura.

Sin embargo, el mismo Plan Nacional de Desarrollo diagnostica una serie de rezagos en materia educativa que deben ser atacados fortaleciendo "las atribuciones y responsabilidades que corresponden a cada uno de los tres órdenes de gobierno y la promoción de una activa participación de las comunidades en las tareas educativas".

 

II. FEDERALISMO Y DESCENTRALIZACIÓN: UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

El tema del federalismo, dada nuestra historia, es inseparable del tema de la descentralización, reconociendo la necesidad imperante de que la federación, los estados y los municipios unan esfuerzos para que de verdad se impulse un sano proceso de descentralización.

Pero se trata no sólo de una obligación de la federación en favor de los estados y municipios; se trata también del cumplimiento de los estados y municipios en su compromiso para tomar la iniciativa de convertirse en entes que planean sus acciones basándose en sus necesidades particulares. Se trata, entonces, de una corresponsabilidad entre los distintos niveles. Dicho en otros términos, si no queremos que se impongan desde el centro los criterios y las directrices de nuestra educación, debemos darnos la tarea de establecer nuestras metas concretas y medibles, así como los medios para alcanzarlas. Nos corresponde también la profesionalización y cualificación de nuestro personal docente y administrativo, así como el fortalecimiento de los espacios de participación social, en una estrategia coordinada a largo plazo. Estaremos así en condición de recibir las transferencias de las acciones ejecutoras que nos permitan mantener la rectoría y conducción de las políticas de descentralización.

 

III. FEDERALISMO EDUCATIVO: UNA EXIGENCIA DE LA REALIDAD NACIONAL PRESENTE Y FUTURA

En la presentación del Programa de Desarrollo Educativo 1995 - 2000, se señala con toda claridad que "el espíritu del federalismo educativo es un elemento clave de la organización del sistema educativo sobre el que hay que insistir para dar nuevos pasos". Esto se debe a que la política de federalismo educativo parte del reconocimiento de que la lógica del control administrativo centralizado que caracterizó al quehacer educativo durante la época de gran expansión de la matrícula escolar, resulta actualmente en muchos aspectos inoperante. Es por ello que se promueve el establecimiento de puentes comunicativos y de colaboración entre la operación de los planteles educativos y las diferentes instancias de toma de decisiones.

En este sentido, es oportuno reconocer, como dice el mencionado Programa, que "es necesario avanzar en una participación más activa y comprometida de los municipios para la atención de las necesidades escolares. La nueva organización del presupuesto federal, que les otorga un incremento sustancial en sus fuentes de financiamiento, les obliga también a intensificar su apoyo financiero a las escuelas. Buscaremos las fórmulas apropiadas con cada gobierno estatal para que, con la concurrencia de los municipios, aumente el gasto local en beneficio de la educación. Nuestro propósito es que, al sumar los fondos que federación, estados y municipios aportan a la infraestructura educativa este año se cuente con más recursos reales que en 1998".

La Ley General de Educación, así como el Programa de Desarrollo Educativo, señalan tres desafíos principales: la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación. Para lograr tales metas, destaca la exigencia al "reforzamiento de las funciones y capacidades de planeación en las entidades federativas y el desarrollo de sistemas de información acordes con la realidad". Por ello es acertado señalar que "la calidad en la educación será mayor en la medida en que siga consolidándose la federalización educativa".

Pero hay que reconocer que si bien, en los últimos años se han emprendido importantes esfuerzos para extender la cobertura y mejorar la calidad de la educación en todo el territorio nacional, no todos los estados de la federación ni las diversas regiones en cada entidad, acusan el mismo grado de desarrollo educativo ni sus instituciones muestran el mismo nivel de consolidación y eficacia. Por ello insistimos en el imperativo de acrecentar y consolidar la calidad de la educación en todos los niveles y regiones, como meta prioritaria.

 

IV. LA EDUCACIÓN COMO SERVICIO PÚBLICO

El federalismo educativo tiene su razón de ser en su finalidad de servicio público a la nación, porque la educación se encuentra encaminada a satisfacer las necesidades de todo un pueblo. Podemos afirmar así que la educación es un servicio público susceptible de ser descentralizado por colaboración, entendiendo esta descentralización en su justa dimensión, como se ha manifestado en los paradigmas enunciados, cuando se señala que la federalización permite que las decisiones de la autoridad se tomen en consonancia con las necesidades y posibilidades de cada lugar, gracias a lo cual "los maestros en las aulas se sientan más identificados con esas decisiones".

De allí que "para seguir consolidando la federalización educativa" requerimos fortalecer "aun más las atribuciones de planeación de las autoridades locales; pero esto, claro está, sin menoscabo de las directrices y de la normatividad nacional que manda tanto la Constitución de la República como de la Ley General de Educación. Esto tenemos que hacerlo para que los planes de estudio impulsen mejor el potencial de cada estado y de cada región".

 

V. RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO: HACIA LA PARTICIPACIÓN Y LA EQUIDAD

El federalismo educativo tiene su normatividad en la Ley General de Educación. Allí se sientan las bases y reglas para la corresponsabilidad de los órdenes de gobierno dentro de la preservación de la unidad fundamental de la educación nacional. Crea y reconoce los espacios para las iniciativas locales y para la adaptación de la educación a características y necesidades propias de cada región.

El Programa de Desarrollo Educativo 1995 - 2000 orienta al federalismo educativo a que se establezcan planes compensatorios que faciliten a las zonas más pobres del país los recursos que permitan realizar el proceso de enseñanza - aprendizaje, sin que tengan que renunciar a planes educativos acordes con su realidad particular.

No obstante que hay ya avances en la federalización educativa y que la ley faculta a los gobiernos estatales y municipales, aun no se cuenta con una regionalización efectiva que permita establecer políticas y contenidos educativos que consideren la heterogeneidad social y regional, lo cual es contrario precisamente al espíritu mismo de esta legislación, pues federalismo, en este caso, significa precisamente el fortalecimiento de los proyectos y contenidos educativos de los municipios y de los estados.

 

VI. TAREAS PENDIENTES

Habiendo hecho las consideraciones anteriores, podemos afirmar que, hoy en día, contrario a lo que podía haberse previsto como resultado de la globalización y la interdependencia, el mundo parece evolucionar hacia la proliferación de las diferencias y las identidades. En el marco de una educación que se pretenda realmente igualitaria, la búsqueda del reconocimiento de esas diferencias requiere una atención que responda de manera eficaz a la diversidad.

Contamos con un instrumento que en ocasiones no hemos aquilatado lo suficiente para el impulso de nuestros valores y formas regionales. Me refiero a los Consejos de Participación Social, que se fundamentan en la Ley General de Educación y en el Programa de Desarrollo Educativo, con la finalidad de intensificar la práctica de la corresponsabilidad de los padres de familia y de las autoridades locales

Ahora que nos enfrentamos a los peligros del pensamiento único y la pérdida de nuestra identidad, la escuela puede ser factor de verdadera democracia, mediante el impulso del Consejo Municipal —que está integrado por las autoridades municipales, los padres de familia, los maestros distinguidos, la iniciativa privada, etc.— en los que podemos encontrar formas para reforzar nuestros centros de enseñanza básica. Por eso nuestra propuesta está en medir e impulsar que estos consejos sean cada día más reales. Y esta acción debe ser protegida y atendida desde el gobierno local. Contamos para ello con valioso instrumentos a raíz de la reforma al Artículo 115 constitucional.

Para que la federalización educativa incida efectivamente en nuestra realidad, es necesaria la promoción de canales de participación donde todos los involucrados en el proceso educativo puedan colaborar en el mejoramiento del sistema educativo, de manera responsable y comprometida, ya que para alcanzar una educación de calidad, como marca la Ley General de Educación y el Programa de Desarrollo Educativo, hay que fortalecer el trabajo escolar con la colaboración de los ayuntamientos en la elaboración de los proyectos educativos municipales que, conforme a la ley, son de su competencia.

Es por ello que, en la medida en que fortalezcamos los contenidos educativos regionales, así como la integración de los valores a los currícula de la enseñanza, lograremos crear en el educando una actitud de permanente solidaridad con la comunidad que contribuya a respetar a los integrantes de su familia, a sus condiscípulos, a sus mayores y a comprender y justipreciar los problemas de la vida en sociedad, con el objeto de fortalecer los vínculos de la unidad nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rendición de cuentas en la educación superior

 

El tema de rendición de cuentas busca la claridad necesaria para que la ciudadanía quede suficientemente informada del ejercicio de la acción del Estado.

La transformación social de este país nos ha hecho partícipes de nuevas formas de construir los asuntos públicos, en diversos espacios, se cuestiona la pertinencia de ciertas acciones de gobierno, se pone en duda su viabilidad y surgen propuestas y alternativas desde la sociedad, de las organizaciones y por supuesto, desde los mismos actores involucrados.

Por otra parte, la dinámica de la globalización nos impone como requisito para incorporarnos en el desarrollo la elevación de la calidad educativa, la apertura de nuevas formas y criterios para la escolarización y la enseñanza que permitan la educación continua a lo largo de toda la vida, así como el fomento de la creatividad y los talentos individuales y colectivos.

Con estas premisas, la educación superior no es un lujo ni una opción subjetiva, sino una necesidad imperiosa en la que el Estado tiene que ampliar su compromiso con la sociedad, diseñar las estrategias necesarias y fortalecer sus políticas públicas para hacer de la educación superior una plataforma de seguridad en el derrotero de los mexicanos hacia el futuro.

Por ello, las políticas públicas de la presente administración, deberán necesariamente dirigirse a lograr más y mejor educación, la cual deberá desarrollarse con criterios de calidad, equidad y pertinencia, establecidos en la ley.

Derivado de la cantidad de recursos adicionales que se invertirán por este compromiso, deberemos ser corresponsables y proactivos en la participación social en la rendición de cuentas. Recordemos que en el financiamiento de la educación pública contribuimos todos.

A la Cámara de Diputados, por su naturaleza representativa y por mandato constitucional, le corresponde el deber de vigilar el ejercicio del presupuesto de la Federación y de informar a la ciudadanía, de manera clara, oportuna y suficiente.

De acuerdo con lo anterior, es corresponsabilidad de la sociedad y de sus representantes electos exigir las políticas públicas necesarias para hacer más transparente el ejercicio de esos recursos.

Actualmente existe una Ley de Coordinación para la Educación Superior que data de 1978, la cual tiene por objeto establecer las bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre la Federación, los estados y los municipios, así como prever las aportaciones económicas correspondientes, a fin de coadyuvar al desarrollo y coordinación de la educación superior", según su artículo primero.

Esta Ley expresa criterios para la asignación de los recursos para las instituciones de educación superior públicas, pero no entra al detalle en aspectos técnicos específicos que puedan traducirse en fórmulas operativas para el establecimiento de montos presupuestales particulares. En esta Ley tampoco hay referencia alguna a la rendición de cuentas de parte de las instituciones de educación superior que reciben fondos del erario público.

Hay también propuestas referentes a la necesidad de realizar una Ley de Educación Superior en las que se definan criterios y procedimientos para la asignación presupuestal y para el ejercicio de sus recursos, así como para modificar la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional.

Estos temas no están todavía resueltos. El trabajo legislativo requiere un amplio proceso de estudio y de consulta; de concertación y diálogo; así como de responsabilidad y sensatez, para alcanzar los acuerdos políticos que den una respuesta fundamentada y coherente a cada uno de ellos, pero los pasos se están dando.

En diciembre pasado se aprobó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre, y establece que son sujetas de rendir informes todos aquellos entes públicos que hayan recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, motivo por el cual la rendición de cuentas para las universidades que reciben apoyo presupuestal de la federación está ya expresa en la Ley.

Sin embargo, debemos generar los esquemas que, sin menoscabo de la autonomía de las universidades públicas, ofrezcan el suficiente conocimiento de la aplicación de los recursos en este nivel educativo. Ahora es necesario establecer las disposiciones de los estatutos que rigen a las universidades públicas en el país para que cumplan con lo que la citada ley dispone, ejercicio necesario si el fin es transparentar las actuaciones de las administraciones universitarias y que la sociedad en su conjunto reconozca esta labor.

Las universidades autónomas siempre han rendido cuentas. Las leyes orgánicas de estas instituciones hacen referencia al respecto. Cada año los rectores presentan un informe a su comunidad y ellas mismas han establecido los órganos de gobierno para la revisión de sus recursos y de auditoría interna y externa de sus ejercicios presupuestales. De lo que ahora estamos hablando con rendición de cuentas, es que éstas sean puedan ser requeridas por la Cámara de Diputados a través del órgano de fiscalización superior de la federación, en los términos que establece esta nueva Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Del artículo tercero constitucional, de la Ley General de Educación y de ninguna otra disposición legal puede inferirse que las universidades autónomas no deben rendir cuentas o que no puedan ser sujetos de fiscalización. Esto sería en términos legales. Pero en cuestión de principios democráticos, republicanos e incluso educativos, considero que las disposiciones que tienen como propósito contribuir a cumplir con el derecho a la información que como mexicanos tenemos, debe ser bienvenida.

Estoy seguro de que todos queremos que el Presupuesto de Egresos de la Federación se ejerza de manera eficaz y transparente, y que las universidades son las primeras en querer informar de manera amplia, clara, suficiente y pertinente sobre el manejo de los recursos que recibe de la federación. Si todos estamos de acuerdo con estos principios y la ley así lo permite, ¿qué argumento valdría para que no fuese así?

Las propias instituciones de educación superior, representadas en la Asociación Nacional de Instituciones de Educación de Educación Superior (ANUIES), se han acercado a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que de manera conjunta convengan en los mecanismos y procedimientos para la rendición de sus cuentas.

Destaco, por ejemplo, la visita a la Cámara de Diputados del Dr. Juan Ramón de la Fuente, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien tuvo la iniciativa de presentar un informe de su ejercicio presupuestal. Hechos como este contribuyen a fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones educativas públicas.

Creo que es el camino correcto. Pues se trata de concertar acciones que faciliten el conocimiento público del ejercicio presupuestal de las instituciones de educación superior públicas de acuerdo con un criterio de transparencia. Me parece que es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo.

La propia ANUIES, en su documento titulado La Educación Superior en el Siglo XXI, apunta que en el marco jurídico que requerimos para el desarrollo futuro de la educación superior, deberá destacar, al menos, cinco componentes estructurales básicos, entre ellos, el principio de rendición de cuentas a la sociedad de sus acciones y resultados.

Por lo anterior, considero que en una sociedad de la información y ante la posibilidad técnica de comunicar de manera eficiente los recursos que administran los entes públicos, es necesario que las autoridades de las instituciones de educación superior propongan procedimientos que den mayor transparencia a sus acciones, ofreciendo así respuestas de ética social y credibilidad dignas de sus encargos.

Tengo la convicción de que si el proceso de planeación, presupuestación, ejercicio y rendición de cuentas es realizado satisfactoriamente, el conjunto de la sociedad y sus actores educativos quedaremos contribuiremos a la realización de un México más justo equitativo y próspero, acorde a nuestras anhelos para este siglo XXI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El deporte del superhombre

—Una aproximación al darwinismo social y algunas de sus tendencias culturales—

 

"La ‘crueldad’ era el regocijo preferido de la humanidad primitiva y entraba como ingrediente en casi todos los placeres [...] como un atributo normal del hombre, por consiguiente, como algo a lo que la conciencia puede atrevidamente responder <sí> [...] Ver sufrir gusta , hacer sufrir gusta todavía más; es esta una verdad, una antigua y poderosa verdad capital, humana, demasiado humana, que los monos suscribían ya ciertamente: se nota, en efecto, que, por la invención de extrañas crueldades, anuncian ya plenamente al hombre, ‘preludian’, por así decirlo, su venida".

Friederich Nietzsche, Genealogía de la moral (1887), párrafo 6.

 

I. TEMA

El fútbol americano es expresión cultural de la ideología que sustenta la hegemonía globalizante estadounidense: el darwinismo social, que al representar públicamente sus actos ejecutivos, éstos se convierten en actos expresivos que reproducen una concepción de las relaciones intergrupales que influye en el sistema social para hacerlo más afín a los intereses del capitalismo postindustrial.

 

II. TRATAMIENTO

El presente ensayo es de escaso o nulo valor en términos prácticos, pero a cambio de ello pretende contribuir con una reflexión teórica respecto a la cultura que impera en las organizaciones, argumentando que se trata de una manifestación concreta del expansionismo norteamericano globalizante y la ideología darwiniana que subyace en ella. El problema para fundamentar esta afirmación radica en que una ideología es inasequible en tanto permanece en la abstracción, pero pretendo resolverlo considerando que sí se puede acceder a ella en la medida en que se manifiesta en acciones concretas y se materializa en objetos, símbolos y ritos.

El eje de la argumentación se basa en el supuesto de que el fútbol americano es una manifestación cultural concreta del darwinismo social, lo cual puede constatarse estudiando la semántica de las expresiones propias de este deporte, particularmente del conjunto de su lenguaje no verbal, repleto éste de símbolos y ritos que hacen referencia etológica a la supremacía del más fuerte. Reviso así, primero, que la esencia de este juego es la apropiación territorial por medio de la fuerza, como la representación ritual de la narración épica de la pulsión de vida y muerte, y de la lucha del bien contra el mal; luego paso a la revisión de cómo se construye la imagen que pone en escena dicho relato mitológico; y, por último, una descripción del lenguaje no verbal que expresa el darwinismo como concepción de la dinámica social. Analizo así los actos ejecutivos que al estar enmarcados por una codificación propia de la cultura de este deporte, adquieren, como actos expresivos, una significación que pasa al terreno de lo público al ser representada ritualmente esta narración en un escenario multitudinario, como el estadio, y transmitido en medios masivos de comunicación, como son televisión, radio, cine, revistas, diarios e Internet, a través de los cuales se influye en la percepción de la realidad.

 

III. CONCLUSIONES

  1. El darwinismo social es la sustentación ideológica de la hegemonía norteamericana globalizante, triunfadora al finalizar la Guerra Fría, que se manifiesta en las teorías y praxis económicas y administrativas del corporativismo, y es reconocible en prácticas (actos ejecutivos), símbolos y ritos (actos expresivos) culturales. Vemos así que durante la presente década la cultura organizacional ha venido adquiriendo un conjunto de valores tales como: excelencia, liderazgo, calidad, eficacia, etc., que aunque originalmente propios de las actividades productivas y su reingeniería, van ocupando cada vez mayores espacios en el sistema social.
  2. El fútbol americano es una de las prácticas y expresiones del darwinismo social que más claramente dan cuenta de una concepción conflictiva de las relaciones (de poder) entre los grupos humanos, manifiesta en la competencia continua que se resuelve en la imposición por la fuerza de la voluntad de uno sobre otro.
  3. Los actos ejecutivos que los equipos de fútbol americano realizan para la consecución de su fin —ganar—, se vuelven también actos expresivos al ser realizados en un escenario público, como es el estadio y, en algunos casos, al ser también transmitidos por televisión, pasan al campo de la comunicación de masas. Como acto comunicativo, el fútbol americano produce y reproduce, semiotizada en todo su lenguaje no verbal, la ideología del darwinismo social, difundiendo así el discurso hegemónico de la clase dominante, influyendo así en el sistema social para hacerlo más afín a sus intereses.
  4. El mensaje que se emite, enseña el mito de que el ganador es más apto y más fuerte que el perdedor, se convierte incluso en su depredador, por lo que el primero merece sobrevivir o dominar y el segundo extinguirse o servir. De allí es casi inevitable leer en el enfrentamiento entre equipos representativos una competencia entre las instituciones representadas, y la victoria de uno como la superioridad de una sobre otra.
  5. No parece casualidad, entonces, que en México, instituciones de educación superior como el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de las Américas, que forman a los cuadros de los corporativos y a las nuevas generaciones empresariales, bajo la premisa del liderazgo y planes educativos afines y compatibles a los de Estados Unidos, hayan apoyado de manera muy importante a sus equipos representativos de fútbol americano, a grado tal que han desplazado a los representativos de instituciones de educación pública gratuita de la hegemonía, para disputar entre sí los campeonatos de las últimas 10 temporadas.
  6. Esta situación me parece significativa de que el librecambismo, amparado por tratados internacionales, viene acompañado de una penetración cultural tendente a implantar, o al menos a tropicalizar, la ideología (y moral) del corporativismo a las élites empresariales mexicanas en el intrincado de adaptarse a los nuevos tiempos de la hegemonía estadounidense globalizante y la tecnocracia garante de la sociedad del conocimiento. Este cambio cultural cualitativo incluye la adopción del american way of thinking del darwinismo social producida y reproducida en los campus en México a imagen y semejanza de los colleges, pretendiendo semantizar en su superioridad deportiva una superioridad institucional e individual en cualquier otro rubro, y reproduciendo en sus comunidades la identidad de liderazgo, en la medida en que las imágenes del "juego de la vida" vienen confirmándolo.

 

IV. DESARROLLO

 

Introducción

José Luis Orozco, especialista en temas sobre globalización y política exterior de Estados Unidos, afirma que el darwinismo social es la concepción del mundo y "punto de sustentación de toda una cultura política y económica", mismo que "presenta las claves iniciales para acercarnos a una teoría integral de las superestructuras del poder norteamericano. A través de él va operándose por una parte la naturalización y socialización de la dogmática empresarial capitalista lo mismo en la ciencia que en la filosofía, el sentido común, la religión y el folklore".

Efecto visible de esta hegemonía, considero, es la penetración cultural manifiesta en nuestro país en la adopción de valores como: excelencia, liderazgo, competitividad y calidad, por citar los más mencionados, los cuales son propios de la reingeniería y modernización de las actividades productivas, y anuncio de lo que habrá por venir bajo la inexorable globalización. Se trata de un cambio cualitativo en las culturas organizacionales que se extiende a lo largo y ancho del sistema social en que vivimos.

En las siguientes líneas se argumenta que el fútbol americano es una expresión cultural del darwinismo social, particularmente significativa en la comunicación pública para la producción y reproducción de lo que llamaremos como american way of thinking. No es casual, a mi juicio, que el discurso de excelencia académica y de formación de líderes del Instituto de Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) —conforme a los criterios de preparación de cuadros empresariales vigentes— vaya acompañado con un crecimiento vertiginoso en sus conjuntos deportivos representativos y su consolidación como la máxima potencia en el fútbol americano en lo que va de la década a nivel nacional, a modo de símbolo de superioridad en cualquier otro campo. Tampoco entonces es casual que la Universidad de las Américas (UDLA) —vinculada también al sistema universitario estadounidense (anteriormente Mexico City College)—, haya obtenido campeonatos, enfrentando en la final precisamente al "Tec". Mientras tanto, los equipos de la UNAM y el Politécnico están ocupando números cada vez más bajos en la tabla de posiciones.

 

La lucha por el territorio

En sus investigaciones sobre el comportamiento primitivo e instintivo que persiste en el hombre, Konrad Lorenz menciona la tendencia inconsciente que le impulsa a proteger "su territorio", que puede ser desde la caverna, hasta un cuadro de césped. El fútbol americano consiste precisamente en la lucha entre dos equipos para apropiarse por la fuerza del territorio del otro, de modo que gana quien más veces logra cruzar con el balón en su poder la meta final defendida por el contrario.

Esta relación entre grupos y apropiación de territorio podemos denominarla como territorialidad y definirla como: "la conducta cuya característica es un tipo de identificación con un área determinada que indica la propiedad y la defensa de ese territorio ante quienes pueden invadirlo". La territorialidad, por tanto, permite muchas veces la propia supervivencia del individuo o del grupo, pretende garantizar alimentación, vivienda, seguridad, reproducción o dominación sobre otros. Al respecto, la etología considera que hay distintas conductas territoriales que ayudan a regular la interacción social, pero que también pueden ser fuente de conflicto, de modo que, "lo mismo que en los animales, el más fuerte y dominante de los seres humanos parece tener el control de más territorio en la medida en que la estructura grupal o social sea estable". Puedo decir, entonces, que el fútbol americano semiotiza la necesidad que el hombre tiene de un territorio y representa el conflicto por su apropiación bajo un conjunto de reglas convenidas en un escenario repleto de símbolos y ritos.

La territorialidad entra dentro del campo de estudio de la proxémica, pues entre las varias distancias interpersonales humanas que hay, una es aquella en la que se pasa de una distancia personal (globo) —entendida ésta como espacio entre los individuos— a lo que podemos llamar como distancia de apropiación. Esto nos lleva a que la territorialidad es también una forma de comunicación no verbal que informa que hay zonas reivindicadas y defendidas por un individuo o grupo.

Si es ya una agresión ocupar el territorio de otro, más lo es cuando se trata de un acto deliberado y mediante la fuerza del contacto físico. Un dato interesante es que los individuos o grupos violentos se sienten más amenazados e invadidos más rápidamente que los que no lo son, por lo que su exigencia de territorio protegido es del doble. Es así que en el fútbol americano, que supone la disputa territorial entre dos grupos por medio de la violencia física, la agresividad es superlativa por su propia naturaleza.

 

Narración épica del mito de la violencia

Hay impulsos en el hombre (como unidad bio-psico-social) que lo llevan a la agresión. Ante ello, el fútbol americano se convierte en un vehículo perfecto para la catarsis; véase si no, el siguiente párrafo de Lorenz:

"No hay duda de que la fácil irritabilidad del ser humano se debe a su sensible tendencia a la agresión [...] Todo mundo se alegra, en cierto modo, de encontrar un objeto sustitutivo [sic] ‘legal’ para dar rienda suelta a sus deseos de agresión [...] Un papel muy similar —como ‘reacción de sustitución o desplazamiento’— desempeña la forma de comportamiento social más compleja de la defensa social [...] toda la reacción va dirigida, por sistema, contra algún ‘enemigo’; y que hoy, cuando ya no existen los osos de las cavernas ni los tigres de colmillos de sable que constituían en tiempos remotos, una amenaza para el género humano, el ‘enemigo’ es una comunidad de congéneres nuestros que —con el mismo entusiasmo que nosotros— se siente asimismo obligada a la defensa de susociedad".

Esta condición humana es magnificada en el fútbol americano, al concebirse a sí mismo como una analogía de la sociedad. "El juego de la vida" es como algunos de sus practicantes y más cercanos seguidores llaman a este deporte, con lo cual quieren significar que la relación que se da entre los distintos grupos que conforman la sociedad es de lucha, al igual que la relación de cada individuo con su entorno, manifestada en la metáfora de que "la vida da golpes más duros". Con esta concepción de la realidad social se reproduce un discurso —repleto de frases de desprecio por el débil, el culto por la violencia y al afán por la victoria— según el cual la práctica de este deporte es un entrenamiento para la vida, de modo que quién triunfa en él —se dice— habrá de triunfar en todo lo que haga, pues está mentalizado para ser un ganador y vencer a la competencia, su voluntad está formada para dominar y su carácter templado para resistir cualquier sufrimiento.

El estadio es el lugar donde se representa ritualmente la disputa terrirorial. Conviene precisar que, como acto comunicativo, el rito es una práctica prescrita que garantiza el desarrollo de una actividad según un patrón o secuencia establecida previamente para dar forma (informar) a la relación comunicativa entre los actores, de modo que se pueden anticipar las partes y momentos del encuentro. Podemos, entonces, afirmar que el fútbol americano es un rito basado en supuestos como los siguientes: equipos, hora y lugar previamente determinados para la realización del juego; un conjunto de ceremonias: presentaciones, saludos y sorteos; un lugar (territorio) que será ocupado por cada equipo y su público; un reglamento que establece los períodos de duración del juego, el número de jugadores dentro del campo (de batalla), las reglas y las sanciones por infracción, así como un código de señales de marcación arbitral; está también codificado que cada conjunto representa una personificación y que va a combatir para ganar, para lo cual está dispuesto a lastimar al contrario. Esta ritualidad no tiene porque extrañarnos, ya que la agresión entre los hombres es una especie de construcción teórica, que se expresa tanto en comportamiento verbal como en la codificación de símbolos gestos y acciones, de modo que es dudoso que exista una lucha completamente desritualizada.

Pero lo más importante del rito del fútbol americano es la puesta en escena de una narración épica. Es por ello que está repleto de símbolos y prácticas que recrean las pulsiones de vida y de muerte, y de lucha del bien contra el mal, según la moral de los señores nietzscheana que identifica el bien con la voluntad del poder y el mal con la debilidad y la piedad. En este deporte los errores se perdonan, pero la compasión y la cobardía jamás, de modo que las lecturas de la puesta en escena son las siguientes: "si yo me apropio del territorio disputado, tú eres inferior a mi", "si eres más débil, te humillo", " si soy más fuerte que tú, tengo el deber no solo de vencerte, sino también de lastimarte". Esto se expresa en el medio con la siguiente frase: "al equipo fuerte se le gana; al pequeño, se le aplasta" y siempre que se puede, se refleja en el marcador final de un partido. De ahí que de vez en cuando se presenten marcadores de 60, 70, 80 o hasta más puntos en favor de un equipo, también implica que haya equipos que sufran varias bajas durante un partido por jugadores lastimados y que en algunas ligas infantiles los árbitros llegan a decretar la derrota de un equipo cuando lo están golpeando demasiado o cuando el marcado llega a una diferencia de más de 30 o 35 puntos a favor de uno ("parar el juego por golpeo", "parar el juego por puntos").

La verosimilitud de esta narración mítica y sus supuestas implicaciones en la vida cotidiana —independientemente de su validez axiológica— es muy discutible, pero lo destacable para que sus seguidores y practicantes la consideren cierta es que no se limita a la comunicación oral, sino que va formando la conciencia en la práctica misma, redundando así el mensaje. Es por eso que su fuerza como elemento cohesionador de grupos no se basa en la pulcritud del razonamiento lógico sino en la fuerza del mito, es decir, como un sistema de imágenes de batallas que aseguran el triunfo de una causa y funciona como fuerza motivadora para la transformación de la realidad; como tal, el mito no puede ser refutado, porque se identifica con las convicciones de un grupo y se hace social al ponerse en práctica ritualmente en un escenario público.

 

La imagen de la violencia

Un equipo se construye desde su imagen. Esto se hace patente desde los nombres de los equipos, que se refieren generalmente a animales salvajes, agresivos o muy fuertes, casi siempre carnívoros; o a tribus guerreras. Con esto se busca dos objetivos: 1, la identidad del equipo en torno a una imagen agresiva; y 2, la intimidación del rival. Por ser un deporte de contacto todos buscan jugadores fuertes y altos. Flora Davis menciona que "algunas personas se sienten más seguras y dominantes cuando tienen mayor tamaño", a lo que agrego que con sólo ver el tamaño de un conjunto puede considerarse si es un rival temible o no, pues, por lo general, un equipo grande siempre intimida al menor y es frecuente que el más grande en sus líneas obtenga el campeonato.

En la construcción de la imagen es también importante la disciplina, la cual se pude ver en múltiples detalles, desde la puntualidad, la organización en el calentamiento, el comportamiento de la banca, la presentación de los uniformes, la buena posición de los jugadores y ritmo en su ejecución. Se dice que un mal equipo ni siquiera sabe "pararse en un campo de juego" y hay equipos que con verlos se dice que tienen clase de campeones.

Entran en juego la vestimenta y los artefactos (objetos, cosméticos, maquillaje, etc.), que son signos concéntricos que expresa los intereses y diferenciación entre individuos o grupos, que cumplen funciones como decoración, protección, atracción, autoafirmación, ocultamiento, identificación y exhibición de estatus o rol, e influye, por tanto, en las repuestas interpersonales, de modo que es parte del sistema total de comunicación no verbal. Esto se manifiesta en imágenes que expresan la identidad del equipo: uniformes, calcomanías en los cascos, banderines en la tribuna, mamparas en el campo de juego, etc. Tenemos también los colores como expresiones de identidad y materia de culto. Cada jugador está obligado moralmente a amar a sus colores, honrarlos y defenderlos, pues son lo más importante de la imagen del equipo, por lo que cumplen un papel fundamental en la integración del mismo. Un comentario al respecto, los colores oscuros impresionan más al oponente que los claros; no en balde una de las ventajas de ser local es que se viste uniforme "de color", en tanto que el visitante se pone ropa de color claro, casi siempre blanco. El precio de ser visitante es, entonces, como despojarse de una parte de la personalidad propia del equipo o jugar con un color "débil".

Hay algunos jugadores que gustan llamar la atención exagerando en el número de accesorios personales que utilizan, tales como toallas, muñequeras, guantes y maquillaje. El maquillaje en el rostro tipo camuflaje o sombras oscuras lo utilizan para intimidar al rival y como una forma de automotivación, como las tribus que se pintan para la guerra o la caza. Es una forma de comunicar a los contrarios que están frente a un individuo con cualidades magníficas, como fuerza, habilidad, velocidad o experiencia. Esto tiene semejanza con la señalización de especies animales para alejar a sus enemigos. Por citar un ejemplo, Konrad Lorenz y otro etólogo, Nikolaas Timberger, coinciden en que se puede deducir una forma especial de conducta agresiva de la forma y colorido de las agallas de ciertos peces.

Las barras del casco que cubren el rostro no son sólo un medio de defensa, sino que se convierten también en una máscara guerrera, que indica la posición que se juega y da un aspecto de agresividad, como la de guerreros enmascarados que se despojan de su personalidad para adquirir otra al momento de cubrir su rostro, para ser entonces un animal salvaje o la personificación de una deidad.

En algunos equipos se premia a quienes han hecho jugadas importantes con calcomanías que van en la parte posterior del casco (incluso se llegan a dar por jugadores enemigos lastimados) de modo que todos puedan ver que se trata de un jugador muy capaz de hacer daño al contrario. Es como en las tribus que utilizan penachos con mayor número de plumas dependiendo de su jerarquía o de los grados y medallas militares obtenidos por méritos en el campo de batalla.

Otro círculo concéntrico es el de las personas que rodean al equipo; se trata de una dimensión social de la expresión. En este caso, podemos hablar desde los que están en la banca hasta los entrenadores y, sobre todo, el público en las tribunas, encabezado frecuentemente por un conjunto de porristas que deben tener cualidades femeninas altamente apreciadas: juventud, belleza, simpatía y destreza. Hay aquí un conjunto de elementos de lenguaje no verbal destinados a apoyar a los que están dentro del campo, desanimar al contrario y presionar al arbitro para que marque a su favor. Los fans visten los mismos colores del equipo que apoyan para demostrar que comparten la misma identidad y buscan el mismo fin: ganar. El abucheo y el insulto para el contrario y el aplauso y el ensalzamiento para el propio van acompañados, muchas veces, de tambores, sonajas y trompetas que lo invitan a ser más fuerte, más rápido y más agresivo que el contrario.

 

Expresiones no verbales de agresión y unidad

El modo de llevar y mover el cuerpo y el rostro son atributos que la cinesis o kinesis explica como respuestas a otros y expresan el sello de una cultura particular, de tal modo que en un deporte intrínsecamente violento los códigos establecidos en su cultura hacen referencia permanentemente a la agresión al contrario y a la unidad hacia el propio grupo.

La posición es muy importante, el tronco siempre va inclinado hacia adelante para poder realizar un contacto físico contra uno o varios rivales, la cara levantada, base de los pies abierta y las piernas y brazos flexionados. Esto coincide con una observación que hace Lorenz de movimientos similares en los monos que al dar la impresión de un considerable aumento en su contorno infunden respeto. Este aumento de tamaño se logra también gracias al equipo protector utilizado, como son hombreras, casco y cuellera. Por otro lado, la tensión de un jugador puede verse cuando abre y cierra las manos constantemente, y su predisposición al contacto físico violento cuando aprieta con fuerza los puños.

La guturalidad es más frecuente que la palabra oral en el campo de juego. El golpeo se acompaña por una serie de gruñidos, pujidos y gritos que sirven para que el cuerpo "se apriete" al momento del contacto y para lograr mayor fuerza. Es casi imposible que haya un tackleo fuerte sin una de estas manifestaciones similares a las de los artemarcialistas. Pero estas expresiones cumplen también la función de hacer más notoria la agresividad sobre el contrario. Esto tiene gran importancia para la transmisión de partidos por televisión pues sin el sonido del contacto se pierde emoción y atractivo para el televidente, por lo que se colocan micrófonos especiales para captar el sonido del golpeo.

Un buen espectador, que conoce tanto las reglas como los códigos del deporte, aprecia un juego observando tanto lo que ocurre tanto durante el desarrollo de una jugada como lo que se realiza antes y después de ella. Por ejemplo, puede ver que la defensiva hace constantemente señales con manoteos, indicando el diagnóstico que ha hecho de la ofensiva para anticipar su siguiente jugada, o que hay ejercicios de coordinación de palmadas en las "tablas" y aplausos, a modo de tambores tribales, que indican al rival su coordinación, su concentración y que están listos para detener al equipo ofensivo. Todos los movimientos que se realizan antes de que inicia una jugada son significativos: la formación (alineación y colocación de los jugadores), los cambios de jugadores, el ritmo y velocidad para mandar las señales e iniciar las jugadas, y los movimientos para obligar al contrario a cambiar o ajustar su formación.

La mirada, sobre todo a la defensiva, es importante no sólo para impedir el ataque del contrario, sino también para intimidarlo. Desde antes que el ofensivo ocupe la posición en que iniciará la jugada, el defensivo ya tiene su mirada fija en él. Al iniciar la jugada el defensivo deberá alternar su mirada entre el rival y el balón para diagnosticar el desarrollo de la jugada, pero muchas veces después del silbatazo que indica el final de una jugada el defensivo vuelve nuevamente su mirada sobre el ofensivo, especialmente a los ojos. Si el ofensivo no tiene la concentración necesaria es fácil que cometa errores provocados por este comportamiento del defensivo. Al respecto, es muy interesante lo que dice Flora Davis:

"Nadie sabe lo que ocurre con las ondas cerebrales de un hombre cuando lo miran fijo, pero un estudio reciente tiende a mostrar un ritmo cardiaco más alto que otras que no [...] La potencia amenazadora de la mirada fija ha sido reconocida a través de toda la historia de la humanidad".

Hay prácticas de motivación que buscan aumentar la integración del equipo, su coordinación y agresividad. Por ejemplo, aquellos ejercicios en que se coloca un jugador viendo de frente al grupo y hace movimientos de sus extremidades acompañados de gritos que deben ser imitados a manera de espejo por todo el conjunto. Otro ejemplo es durante elhall (reunión en la que se indica en secreto la jugada), cuando algunos equipo se toman de las manos como señal de unidad. Esto se llega a ver también cuando hay una jugada decisiva para el triunfo o la derrota casi siempre en los últimos segundos, todos los que están en la banca se toman de las manos, tanto para calmar la tensión, como en señal de apoyo a los que están dentro del campo.

 

Actos ejecutivos y actos expresivos.

Dado que se realizan acciones ejecutivas y no comunicativas por el camino de la coactuación mediante la aplicación de mayor energía en el sistema, la comunicación está incluida en un proceso de comportamiento en el cual, generalmente, existen tanto actos ejecutivos como actos expresivos (de modo que existe una interrelación entre comunicación y coactuación), los actores (jugadores) de fútbol americano requieren necesariamente de actos ejecutivos para el cumplimiento de sus fines (bloquear, contrabloquear, tacklear, acarrear el balón, etc.), pero al representar ritualmente la lucha por la apropiación territorial, éstos actos adquieren también una significación al emplear su cuerpo como sustancia expresiva, al entrar en contacto con otros cuerpos, sean los de sus compañeros de equipo o de los contrarios, y mediante su lenguaje no verbal, su uniforme y sus insignias.

Estos actos expresivos no se limitan al intercambio informativo entre los contendientes en el terreno de juego, pues trascienden al ámbito de la comunicación pública al llevarse a cabo en un escenario en el que participa una concurrencia que puede llegar a varios miles, dependiendo el estadio donde se realice, y también gracias a la transmisión por televisión. Es obvio que el comportamiento de los actores no afecta materialmente al público en las tribunas o frente a la televisión, pero sí los afecta a nivel de representaciones simbólicas, pues al designar la apropiación territorial de un equipo mediante "primeros y dieces" y anotaciones que se convierten en puntos en un marcador, los actos expresivos (representativos de la narración de la épica nietzscheana) que son decodificados por los receptores como una lectura metafórica de la realidad. Es así que, en tanto conjunto de actos expresivos de carácter público, el fútbol americano es un relato que propone una interpretación de la sociedad según la moral de los señores referida, cumpliendo así una función de enculturización, pues en la medida en que se reproduce el comportamiento de dichos actores, a la larga, tiene consecuencias en el orden social establecido.

Puede afirmarse así que, contribuyendo a mantener el poder de las clases dominantes, a la vez que reformando el sistema social conforme a las exigencias de la globalización, el darwinismo social se convierte así en una representación ideológica de la realidad que en expresiones culturales, como el fútbol americano, produce y reproduce en la comunicación pública un modelo del mundo que se presenta como el único funcionamiento social legítimo, razonable o viable. Esto puede sustentarse a partir de la Teoría de la Mediación, según la cual el control social es ejercido por instituciones (incluyendo familia, escuela y medios de comunicación) que administran la producción y oferta de información, de modo que influyen sobre la interpretación que hacen las personas de la realidad a partir de todas las acciones que inciden en su enculturización, incluyendo las manifestaciones rituales y recreativas; influyen porque les esclarece cuáles son las concepciones de la realidad que el Relator distingue, entre todas las representaciones alternativas posibles e incluye la presuposición de la legitimidad ante ellos.

 


BIBLIOGRAFÍA

CALLAN, Hilary (1970): Etología y sociedad. México, Fondo de Cultura Económica.

DAVIS, Flora (1989): El lenguaje no verbal. México, Alianza.

DESCAMPS, Marc-Alain (1992): El Lenguaje del cuerpo y la comunicación corporal. Barcelona, Deusto, Biblioteca de desarrollo personal.

KNAPP, Mark, L. (1991): La Comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno. México, Paidós - Comunicación.

LORENZ, Konrad (1985): Sobre las conductas animal y humana. Barcelona, Origen/Planeta, Obras del pensamiento contemporáneo.

MARTÍN SERRANO, Manuel (1986): La Producción social de la comunicación. México, Alianza Universidad Textos, 2ª edición, 1994.

MARTÍN SERRANO, Manuel y varios autores (1981): Teoría de la Comunicación. I. Epistemología y análisis de la referencia. México, UNAM - ENEP Acatlán, 2º edición, 1982.

OROZCO, José Luis (1981): Notas del país darwiniano. México, UNAM.

REVILLA, Mario, Introducción a la teoría de la comunicación, s/l y sf, Colectivo Comunicación, edición del autor.

SOREL, Georges, Reflexiones sobre la violencia, Trad. Luis Alberto Ruiz, Buenos Aires, La Pleyade.

Los relatos de la reforma del Estado mexicano

 

Dos versiones de la Reforma del Estado

 

 

En la reforma del Estado, como en el relato histórico, hay dos versiones:

- una visión del poder

- una visión de los dominados

 

Según la primera, la reforma del Estado es proyecto y obra de la clase gobernante.Podemos de allí entrever que se trata de un reacomodo para conservar el poder. Hay que cambiar para seguir igual. Esto implica hacer ciertas concesiones: coptar, negociar y compartir.

 

De acuerdo con la segunda, la reforma del Estado es iniciativa y fruto de las luchas sociales. Las clases oprimidas, por su propio esfuerzo, ganan espacios de participación. Esto querría decir que se trata de un proceso de democratización en tanto los grupos que no gobiernan han ido conquistando posiciones de poder.

 

Ninguna de estas dos tesis podrían afirmarse objetivamente. Sin embargo, el discurso oficial se centra en la primera y el de la oposición en la segunda. La verdad podría estar más cerca en la suma de ambas.

 

 

Reforma del Estado en dos niveles

 

Independientemente del relato de la reforma, podemos definir dos niveles en los que se está realizando este proceso:

IDEAS:

Como reconstrucción de la concepción de la sociedad política

Como ideología guía de este proceso

 

HECHOS

Transformaciones del Estado en sus relaciones exteriores

Transformación del Estado en sus relaciones con la sociedad (este es el corazón de la reforma)

 

CAUSAS

 

Existen nuevas y distintas circunstancias en el país y en el mundo. Las reglas del poder y las alianzas sociales tradicionales no pueden ser eternas. El Estado definido en el año de 1917 respondía a una sociedad rural y analfabeta, sin medios de comunicación, etc. Había abundantes recursos naturales para una población pequeña. La sociedad mexicana ha cambiado muchísimo, desde entonces el Estado ha tenido que irse adecuando a ella.

 

Un fenómeno central es el creciente pluralismo. Esto no puede significar enterrar a los actores e instituciones que han dominado de las últimas décadas. Perdura mucho de lo pasado en convivencia con lo nuevo. Puede señalarse el inicio de la reforma del Estado en la administración de Miguel de la Madrid, con el proceso de privatización de empresas en manos del Estado. Por otra parte, se incrementa la demanda de participación. Hay nuevos actores e irritación popular por el deterioro económico.

 

Explícitamente, la reforma del Estado fue una propuesta del salinismo, con su proyecto de modernización, y en esa administración se realizaron los primeros cambios estructurales, institucionales y jurídicos.

 

Puede también considerarse la reforma como respuesta a una serie de demandas y necesidades:

- Crear espacios políticos para los grupos no gobernantes (élite de no-gobierno), para encontrar un manejo más adecuado de las disputas por el poder.

 

- Tasa de crecimiento demográfico y crisis del modelo de desarrollo (la población crece a un ritmo mucho mayor a la capacidad del Estado para proporcionar servicios y seguridad social).

 

- Responder a retos de competitividad y presencia en los mercados internacionales ante los procesos de globalización.

 

 

Algunos rasgos distintivos del nuevo Estado

 

Economía

Rompimiento con el proyecto estatista y el crecimiento hacia adentro. Tránsito de una economía inestable, cerrada y protegida, con un vasto sector paraestatal, hacia la apertura interna y, sobre todo, al exterior con tratados de libre comercio con distintas regiones.

 

Política

Debilitamiento del hegemonismo del partido oficial y del Estado paternalista.

Desplazamiento de un grupo de políticos a círculos de espera o a puestos menores.

Escisión priísta y confluencias de la izquierda.

Elecciones competidas y mayor transparencia en los procesos.

 

Nuevos pactos sociales

Sustitución de modelos tradicionales de relaciones políticas y establecimiento de nuevas reglas. Redefinición de compromisos y de relaciones con la sociedad civil y con los partidos políticos, los cuales se han traducido en reformas jurídicas:

- Ejido

- Iglesia

- Procesos electorales

 

Pese a las acusaciones de "neoliberalismo", es un hecho que el mercado no resuelve todo ni actúa con plena libertad. Es el Estado quien sigue decidiendo. Encontramos así un Estado reducido en sus dimensiones; pero no marginado. Puede afirmarse que es más eficaz.

 

 

La Reforma del Estado como Programa de Gobierno

 

En su Primer informe de gobierno, el presidente Ernesto Zedillo convocó a la democratización integral de la Nación, a partir de la reforma del Estado. Su programa de Desarrollo Democrático contempla los siguientes temas centrales:

- fortalecer el equilibrio de poderes

- edificación de un nuevo federalismo

- normatividad electoral definitiva

Propuso comenzar por lograr acuerdos con las dirigencias de los partidos representados en el congreso para construir consensos más amplios. Señaló la necesidad de redistribuir la autoridad, las responsabilidades y los recursos del Gobierno Federal hacia los estados y municipios. En todo este proceso es de suma importancia el marco legal e institucional.

 

En su primer informe como titular de la SG, Emilio Chauyffet insistió en que este proceso ha sido propuesto por el presidente. Manifestó: "la reforma del Estado es el hilo conductor de la administración de Ernesto Zedillo

 

Federalismo de la educación y rendión de cuentas

—Estrategia para el fortalecimiento de la rendición de cuentas—

 

ÍNDICE

         Definición

         Marco legal

         Acciones de la SEP en la federalización de los servicios educativos

         El federalismo educativo en el Plan Nacional de Desarrollo

         Composición y distribución del gasto educativo federal

         Gasto educativo nacional y gasto educativo federal

         Fórmulas para la distribución de los fondos de las aportaciones federales

         Tareas pendientes

         El valor de la rendición de cuentas para el federalismo educativo

         Instrumentos legales para la rendición de cuentas al legislativo

         Estrategia para el fortalecimiento de la rendición de cuentas

 

DEFINICIÓN

Para quienes estamos interesados y comprometidos con la educación pública, el tema de su federalización se ha convertido en materia de estudio, discusión y propuesta de manera obligada. En foros, congresos, conferencias, artículos, ensayos y demás ejercicios académicos referentes a la educación, el tema del federalismo parece imprescindible.

¿Por qué? Se debe, en nuestra opinión, a un proceso de maduración de la ciudadanía, en el que cada cual reclama para sí mismo sus derechos y asume sus compromisos para cumplir con sus obligaciones como sujeto de una colectividad, en la que los valores democráticos son ya una conquista irreversible como requisitos para la convivencia social y como fundamento de su organización política. En este sentido, el federalismo manifiesta la conciencia de la ciudadanía por la conveniencia –en justicia– de que el Estado opere sobre la base de un conjunto de procedimientos que distribuya los recursos de la nación de manera equitativa entre todos sus colectivos, definiendo para ello las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno, de cada uno de los integrantes del pacto federal y satisfaciendo las necesidades particulares de cada uno de ellos.

El federalismo tiene otro aspecto –además del mencionado, referente a la justicia distributiva–, que se refiere a la necesidad de reconocimiento de las particularidades culturales propias de cada entidad, de modo que el federalismo es también la expresión genuina de la demanda del espacio para la autorrealización como sujetos con identidades culturales particulares y la proclamación de su autonomía para recrear sus imaginarios colectivos, edificar sus estilos de vida y preservar sus rituales de socialización.

El federalismo parte del reconocimiento de la unidad territorial de un Estado-nación y la diversidad social y cultural de los habitantes que lo pueblan. Federar, significa unir lo múltiple e independiente con respeto a su autonomía y autodeterminación, de modo que el federalismo es la unión de entidades autónomas que les conviene subordinarse a formas superiores de integración que les posibilite y potencie su autonomía y libertad, fundando con ello el poder soberano de una nación como alma de las voluntades federadas. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el federalismo en una democracia supone la participación de la sociedad en la toma de decisiones.

La organización federal de una república como la nuestra funciona a partir de una estructura jurídica que le da coherencia e interacción a todo el país y, al mismo tiempo, permite la coexistencia de otras estructuras que son componentes de la federal, pero contando ellas mismas con su propia jurisdicción y normatividad. El federalismo, por tanto, se puede entender como un orden jurídico que da unidad a todas sus partes, pero coexistiendo dentro de ese orden otras estructuras, jurisdicciones y normas que no exceden a las de aquél.

Sin embargo, en años recientes ha venido hablándose de un nuevo federalismo, como una referencia a un nuevo modo de ordenar la relación entre las partes de la federación que tiene que ver no sólo con una relación jurídica y fiscal, sino, sobre todo, con una modernización en la administración pública entre la federación y los estados que procura garantizar mayor eficiencia en el gasto y el óptimo funcionamiento del aparato público para el mejor servicio de la ciudadanía y la satisfacción de sus necesidades. Así, la noción de nuevo federalismo está estrechamente vinculada a la de descentralización, en tres sentidos, al menos. El primero, se refiere a la transferencia de servicios públicos conforme una división territorial, el segundo, se refiere a la sesión o delegación de funciones y recursos de un orden de gobierno a otro; y, el tercero, como la transferencia de facultades y poderes para tomar decisiones y ejecutar programas.

Es por ello que el federalismo se ve como un requisito para el proceso de modernización de la educación, el cual necesariamente tiene que pasar por los siguientes aspectos: un presupuesto equitativo que asegure a cada comunidad sus requerimientos indispensables para la óptima realización del proceso educativo; políticas públicas compensatorias para atender las necesidades en las zonas con mayor rezago educativo; el consenso entre todas las partes involucradas como un procedimiento para definir los planes de estudio nacionales y regionales; y la democratización de los procedimientos y toma de decisiones, como el medio para asegurar la participación de todos los actores educativos como corresponsables y protagonistas del quehacer educativo.

El federalismo educativo es, entonces, la forma de organización política y administrativa que guardan la sociedad, los municipios y los estados constituidos en federación, para la conducción y desarrollo de la educación, con el fin de brindar oportunidades educativas a todas las personas, con suficiencia, equidad y calidad.

La calidad educativa implica pertinencia y eficiencia, es decir, la adaptación de la educación de forma adecuada a las personas y a las culturas singulares, de tal manera que se logren los resultados educativos necesarios para el individuo y la sociedad.

 

MARCO LEGAL

Esta relación de sociedad y gobierno en sus distintos niveles, se rige por las leyes: el artículo tercero constitucional, la Ley General de educación, las leyes particulares de los estados y las demás reglamentarias.

El artículo tercero constitucional hace referencia al Estado como el sujeto que impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. Allí mismo se refiere al Estado como Federación, estados y municipios, de modo que los distintos niveles de gobierno son corresponsables en el deber de impartir obligatoriamente la educación primaria y secundaria.

En su párrafo VII, el artículo tercero señala que al Congreso de la Unión le corresponde expedir las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios y a fijar las aportaciones económicas correspondientes.

En la Ley General de Educación, el Capítulo II se titula precisamente "Del federalismo educativo" y se divide en cuatro secciones. La Ley señala la distribución de la función social educativa, y las atribuciones que corresponden a las autoridades educativas federal y estatales, tanto las que son exclusivas para cada una de ellas como las que son concurrentes. En cuanto a los ayuntamientos de cada municipio, se les permite promover y prestar servicios educativos sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades federal y estatal.

En cuanto al financiamiento de la educación, el artículo 25 especifica que el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad, con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de los servicios educativos. Y el artículo 26 dice que corresponde al gobierno de cada entidad proveer lo conducente para que cada ayuntamiento reciba los recursos para el cumplimiento de sus responsabilidades que estén a cargo de la autoridad municipal.

El artículo 27 afirma que el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, a la educación pública.

El federalismo educativo encuentra definiciones muy concretas en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), en donde se hace referencia al propósito de corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo, para que el gobierno federal y los gobiernos de las entidades concreten responsabilidades en la conducción y operación del sistema de educación básica y de educación normal, para que corresponda a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos en cada estado y bajo todas sus modalidades y tipos. En consecuencia –dice el Acuerdo–, el Ejecutivo Federal traspasa y el respectivo gobierno estatal, recibe los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles, con los que la Secretaría de Educación Pública venía prestando, en el estado respectivo los servicios educativos mencionados, así como los recursos financieros utilizados en su operación.

El Acuerdo asegura que la transferencia referida no implica de modo alguno la desatención de la educación pública por parte del gobierno federal. El Ejecutivo federal vigilará en toda la República el cumplimiento del artículo tercero constitucional, y sus disposiciones reglamentarias, por lo que la autoridad velará por que se destinen recursos relativamente mayores a aquellas entidades con limitaciones y carencias más acusadas. De igual modo, la autoridad nacional deberá seguir diseñando y ejecutando programas especiales que permitan elevar los niveles educativos en las zonas desfavorecidas o en aquéllas cuya situación educativa es crítica.

 

ACCIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA FEDERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

El 18 de mayo de 1992, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de los estados y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, suscribieron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), al que hicimos ya referencia . Se planteó, entonces, la redistribución de las responsabilidades entre los actores principales del proceso educativo y se asumió el compromiso de trabajar a favor de la calidad de la educación.

El proceso de federalismo educativo, en los términos definidos por el Acuerdo ha venido concretándose en acciones de la Secretaría de Educación Pública. Desde 1992 se decidió implantar un esquema de organización del sistema educativo que se caracteriza por una participación más amplia de los diversos órdenes de gobierno y de la sociedad. En ese momento, la descentralización, el conjunto de la acción pública y el reclamo de grupos cada vez más numerosos de personas por participar en las decisiones educativas fueron elementos detonantes de la federalización educativa.

El federalismo se planteo, desde sus inicios, según dan cuenta los informes de la Secretaría, como un proceso más amplio que la descentralización de los recursos y de los servicios, es decir, no bastaría con la transferencia de éstos a los estados. Se reconocía, entre otras cosas, la necesidad de efectuar una reforma integral de contenidos y métodos educativos. Como uno de sus resultados, en 1993 se promulgó una nueva Ley General de Educación en sustitución de la Ley Federal.

A ocho años de la federalización en los términos de la Ley General de Educación, podemos reconocer que la educación es valorada actualmente en las diferentes regiones del país y por los distintos órdenes de gobierno, como un elemento fundamental para el desarrollo de los individuos y de la sociedad.

En un inicio los esfuerzos del federalismo se centraron en la enseñanza básica, pero el proceso ha ido extendiéndose a otros ámbitos del quehacer educativo. A partir de 1996 empezaron a darse las condiciones para iniciar la descentralización de la construcción, mantenimiento y equipamiento de las escuelas. En este mismo año se planteó también la federalización de las acciones de planeación y crecimiento de los servicios de educación media superior y superior, de modo que el apoyo federal para el surgimiento de nuevos planteles de estos tipos educativos es el resultado de las propuestas que los gobierno estatales formulan a la autoridad central.

Si bien los procesos de federalización de las instituciones que los han emprendido presentan algunas características comunes, se observan diferencias importantes que responden a la situación particular de cada una y a las condiciones que privan en los estados.

Sin embargo, es importante destacar la necesidad de seguir trabajando a favor de una mayor participación social en la educación y el desarrollo de mecanismos de rendición de cuentas por parte de las diversas instancias responsables de la impartición de los servicios.

Hasta agosto del año 2000, 26 estados habían promulgado y publicado su propia ley de educación, acorde con la Ley General de Educación. Recientemente, los estados de Puebla, Tamaulipas y Zacatecas se sumaron a las entidades que ya cuentan con una legislación educativa actualizada.

El mejoramiento de la calidad de la educación básica y de los principales indicadores educativos no provendrá sólo de las actividades de planeación y evaluación inducidas desde el exterior. Se requiere de un compromiso de cada estado que haga de la gestión pública un soporte de los fines y valores de la educación. Este compromiso de las autoridades locales deberá ayudar a dirigir los esfuerzos hacia los puntos clave de cada sistema educativo.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) desde 1995 sentó las bases para poner en marcha del Programa de Federalización de Construcción y Equipamiento de Escuelas, con el cual se responsabilizará a las entidades federativas de la atención a sus demandas de infraestructura educativa en todos los niveles educativos mediante el manejo directo de los bienes muebles e inmuebles, así como de los recursos financieros necesarios para desarrollar esa actividad. Por tal razón, en 1966 la SEP acordó con los gobiernos estatales la entrega de los fondos federales para la infraestructura de educación básica que venía manejando la CAPFCE.

Además, en 1996, y con mayor fuerza a partir de 1997, cada entidad federativa se hace cargo de la construcción de centros educativos para los niveles de educación media superior y superior, así como para la capacitación para el trabajo y la educación extraescolar, mientras que las universidades públicas se han responsabilizado de las inversiones con fondos federales en la infraestructura educativa correspondiente a su subsistema.

Otro programa de la federalización educativa es el de Contingencia Escolar, el cual tiene los propósitos de atender a los centros educativos cuya arquitectura esté dañada a causa de desastres naturales y coordinar el trabajo de las brigadas que visitan, cuantifican y presupuestan el monto de dichos perjuicios.

A partir de 1998 se inició la federalización del Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep), de manera que se realizó la transferencia de la operación y los recursos de los colegios a casi todos los gobierno estatales, lo que ha permitido avanzar en el acercamiento de los servicios que brinda la institución a la sociedad.

Con la intención de prestar atención adecuada a las necesidades específicas de la población adulta de las diferentes regiones del país se han federalizado la mayor parte de los servicios de educación para adultos. La transferencia de la operación del INEA a los estados comenzó a plantearse desde 1996. Sin embargo, no se avanzó en el proceso con la velocidad deseable. Todavía no se dispone de evidencia suficiente sobre los resultados concretos. Hasta el momento se han transferido los servicios a 13 estados.

Las instituciones, organismos y subsistemas que conforman la educación media superior en el país han impulsado el funcionamiento y consolidación de las Comisiones Estatales para la Planeación y Programación de Educación Media Superior (CEPPEMS). Ello ha significado la concentración de acciones para el desarrollo continuo de propuestas de trabajo orientadas a mejorar la cobertura, calidad y pertinencia de los servicios de este tipo educativo.

Con base en las recomendaciones de la CEPPEMS, los gobiernos estatales solicitan apoyo federal para la ampliación de los planteles existentes o para la creación de otros nuevos. La Secretaría no otorga apoyos que no hayan sido solicitados expresamente por los gobiernos de los estados.

A partir de la reactivación de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) en 1997, las instituciones de educación superior –federales, estatales, autónomas y privadas- se han integrado en forma creciente a los planes y procesos de desarrollo económico y social de las entidades federativas. En la actualidad estas instancias validan la apertura de nuevas carreras, especialidades o planteles. Su responsabilidad incluye el análisis de la demanda de la educación superior, la vinculación de la oferta con las necesidades del desarrollo regional y las oportunidades reales de empleo para los egresados de las diversas instituciones.

Con el propósito de abrir un espacio para la comunicación constructiva y responsable, entre los diversos agentes que participan en la educación y los actores de la sociedad interesados en colaborar en este esfuerzo, en 1999 se creó el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CNPSE), el cual tiene como fin coadyuvar a mejorar la calidad y cobertura de la educación básica mediante la promoción de la participación social. Al ser un órgano de consulta y opinión, debe proponer políticas, conocer el desarrollo y evolución del Sistema Educativo Nacional, formular propuestas, opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y colaborar en el mejor funcionamiento de los congresos estatales, municipales y escolares. En él tienen representación los padres de familia y sus asociaciones, los maestros y su organización sindical, las autoridades educativas y los diversos sectores interesados en la educación.

 

EL FEDERALISMO EDUCATIVO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

En el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presidente Vicente Fox, hay un inciso titulado la "Relación entre los poderes de la Unión y un auténtico federalismo", en cuyo diagnóstico afirma que: "El gobierno federal desempeña todavía funciones que pueden ser directamente asumidas por los gobiernos de entidades federativas y municipios. La promoción del interés público muestra ineficiencias derivadas del hecho de que el país no ha sabido aprovechar potencialidades de la acción gubernamental, mismas que podrían capitalizarse mediante una redefinición de competencias que asignase mayores atribuciones y responsabilidades a entidades federativas y municipios."

Allí mismo descalifica el proceso descentralizador realizado durante la pasada administración, pues considera que "se trató de una descentralización concebida y ejecutada desde el centro con escasa participación de estados y municipios y generalmente se limitó sólo a la transferencia de recursos, sin tomar en cuenta de manera suficiente aspectos de adaptación regional o de aseguramiento del impacto deseado."

Con el propósito de avanzar en lo que llama un "auténtico federalismo", propone, entre otros puntos, "impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social en la educación. Se transferirán –asegura-- atribuciones y responsabilidades educativas del gobierno federal y se compartirá mayormente el desahogo de la función educativa con los diversos órdenes de gobierno y con los agentes involucrados en el proceso de formación de las personas y la sociedad en general".

Independientemente de que podamos estar de acuerdo con el diagnóstico o no, o sólo de manera parcial, podríamos considerar los beneficios que pudiera aportar en cuanto al federalismo educativo el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, por lo que el magisterio deberá asumirse como un actor protagonista del proceso para asegurar que efectivamente las políticas públicas en materia educativa se conduzcan de acuerdo con los intereses y las necesidades de la mayoría, y convertirnos nosotros mismos en promotores del cambio institucional para el mayor provecho de la educación nacional.

COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EDUCATIVO FEDERAL

Actualmente, el gasto público en el Presupuesto de Egresos de la Federación destinado a educación se compone por los ramos 11, 25 y 33. El 11 se refiere al presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Pública; el 25 se llama Previsiones Y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos; y por una parte del Ramo 33, llamado Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

En 1997 y 1998 se efectuaron cambios importantes en la organización del presupuesto federal que han contribuido a fortalecer el federalismo educativo, al menos en términos presupuestales. Las adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal aprobadas por el H. Congreso de la Unión amplían las atribuciones de los gobiernos estatales y municipales en el uso de los recursos de origen federal y marcan las responsabilidades sobre el aprovechamiento de estos recursos. Estas adiciones fundamentan al Ramo 33 al que hacíamos referencia, del Presupuesto de Egresos de la Federación, que en lo referente a educación se integra por los siguientes fondos:

         Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), destinado a financiar la operación de los servicios correspondientes.

         Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), uno de cuyos componentes incluye recursos para la construcción, equipamiento, mantenimiento y preparación de la infraestructura destinada a la educación básica y a las universidades públicas estatales.

         Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

En cuanto a la forma como se distribuyen los recursos públicos, el gasto estatal representa alrededor de 17.3 por ciento del financiamiento público educativo total. Y existen diferencias muy marcadas en la proporción del gasto que financia cada estado y la federación. Mientras que Baja California Sur y el Distrito Federal aportan, respectivamente, 1.9 y 1.8 por ciento del gasto educativo público total que se ejerce en sus demarcaciones, en el Estado de México y Baja California las contribuciones de origen estatal equivalen a 34.1 y 33.5 por ciento, respectivamente. Esta marcada varianza se explica principalmente por el número de escuelas de educación básica que operaban con financiamiento estatal desde antes de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992.

Los cambios en la proporción de los recursos que se transfieren a cada entidad federativa han sido moderados en los últimos años y, como se dijo, las disparidades actuales son esencialmente iguales a las existentes en 1992.

El gasto federal por persona en edad de recibir educación escolarizada también muestra diferencias importantes entre las entidades federativas. Depende principalmente de las aportaciones de los gobiernos locales, del nivel de ingreso de los maestros, de la cobertura y de la composición de la matrícula por nivel. La entidad federativa que recibe el gasto federal por persona más elevado es el Distrito Federal, con 8,682 pesos en el año en curso, en tanto que la de menor gasto per capita es el Estado de México, con 1,973 pesos.

 

GASTO EDUCATIVO NACIONAL Y GASTO EDUCATIVO FEDERAL

Un tema toral en el federalismo educativo es el del presupuesto. Si bien las responsabilidades de proporcionar servicios educativos han venido transfiriéndose a las entidades de la federación, al Gobierno federal le sigue correspondiendo distribuir el Presupuesto de Egresos de la Federación en materia educativa en los términos aprobados por la Cámara de Diputados durante el mes de diciembre, los cuales varían poco de lo que el Ejecutivo presenta como iniciativa en el mes de noviembre.

Hay que reconocer que el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo presenta a la Cámara de Diputados implica serias dificultades a los legisladores para poder hacer cualquier modificación, pues las partidas para cada ramo del presupuesto se encuentran de tal modo ya asignadas, que el margen de maniobra de los diputados está limitado a las negociaciones que primero se producen al seno de cada grupo parlamentario y, luego, ante las propias autoridades hacendarias, todo ello en tiempos muy cortos, según establece la legislación en la materia. Por ejemplo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2001 presentaba para el gasto educativo un total aproximado de 145 mil millones de pesos, el cual se logró elevar a cerca de 150 mil millones. Esto cual permitió elevar el presupuesto, en términos del Producto Interno Bruto, de un 4.01 al 4.1. Cifra muy limitada, si se consideran las altas expectativas de la sociedad fundadas en diversos discursos del Ejecutivo que en su campaña se comprometió a elevar el presupuesto federal para educación a un equivalente al 8 por ciento del Producto Interno Bruto, meta que se ha convertido, desde hace algún tiempo en ideal para la realización efectiva de las aspiraciones educativas de la nación

Para lograr este propósito de elevar el gasto federal educativo, la reforma fiscal adquiere importancia determinante. El total del gasto federal programable equivale a cerca del 16 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto, muy por debajo en comparación con nuestros principales socios comerciales. La educación, en el gasto programado, corresponde al 26 por ciento del total. Esto quiere decir que, siendo realistas, no es posible aumentar más la proporción del gasto educativo en relación con el total del gasto programable.

Con esta misma proporción, para alcanzar arriba del 8 por ciento del PIB en educación como gasto de la federación, los egresos para gasto programable deberían duplicarse, de modo que equivalieran al 32 por ciento del PIB. En este sentido, una reforma fiscal es imprescindible para elevar los recursos del gasto de la federación, especialmente para el llamado gasto social, destinado a combatir la pobreza y la marginación en sus diversas formas.

El asunto se vuelve más interesante, si consideramos que el gasto no programable –es decir, aquel que se destina al pago del servicio de la deuda pública y otras obligaciones del gobierno federal--, se lleva el 31 por ciento del total de los recursos de la federación y las otras dos terceras partes conforman lo que constituye el gasto programable.

Pero, en cuanto a lo que tiene efectivamente proyectado el Ejecutivo como gasto educativo para esta administración, es pertinente acudir al documento signado el 15 de mayo de 2001 por el secretario de Educación, Dr. Reyes Tamez Guerra, dirigido al secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Profr. Rafael Ochoa Guzmán, en el punto 12, afirma lo siguiente: "El Ejecutivo de la Unión… ha definido que el gasto educativo, al final del presente período sexenal alcance un 8% del Producto Interno Bruto". Aquí, el término "gasto educativo" adquiere una connotación decisiva en lo que puede ser realmente el compromiso del Ejecutivo en los subsecuentes proyectos de presupuesto de egresos en lo que se refiere a educación. La interpretación que de ello ha hecho el propio secretario de educación, es que el 8 por ciento del PIB en educación se alcanzará como el gasto educativo nacional, y no como el gasto que le corresponde a la federación.

En este momento, si 250 mil millones de pesos equivalen al 4.1 o 4 por ciento, en números redondos, esto quiere decir que actualmente el 8 por ciento equivale como a 500 mil millones. Un punto porcentual actual es como de 62 mil 500 millones, pero, para alcanzar lo que actualmente es este 8 por ciento, necesitaríamos, incrementar progresivamente en 50 mil millones de pesos más por año, a pesos constantes, para que en el 2006 llegáramos a esa meta. 2002 tendría que ser a 300 mil millones; 2003 a 350 mil millones; 2004 a 400 mil millones; 2005 a 450 mil millones y 2006 a 500 mil millones de pesos.

Hay que tomar en cuenta que esa cifra correspondería al PIB actual y no al del 2006. Tendríamos que calcular a cuanto ascendería el 8 por ciento del PIB en el año 2006, lo cual se ha vuelto cada vez más complicado, debido a la famosa desaceleración de la economía de Estados Unidos y el fracaso en las expectativas de crecimiento que se tenían para nuestra economía en este año. Puede ser un riesgo atar el financiamiento de la educación al crecimiento del PIB, en la medida en que viene decreciendo.

También es muy importante tener presente que el gasto nacional en educación es la suma de los recursos monetarios que el gobierno y los particulares destinan a este fin. Y que el gasto público en educación se integra por las aportaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal. Según el documento de la SEP titulado "El Perfil de la Educación en México", el gasto nacional en educación en el año 2000 se calculaba en 6.1 % del PIB, del cual, el 4.2 % era aportado por la federación, 0.7 % por los gobiernos estatales y municipales, y 1.1 % de los particulares. Bajo esta consideración, el proyecto del Ejecutivo es que el gasto de la federación se eleve a solamente el 6 por ciento del gasto educativo nacional, y que con la suma de las aportaciones de los estados y los particulares se alcance el 8 por ciento.

Esta interpretación defrauda por completo las expectativas de la sociedad en referencia al compromiso del presidente Vicente Fox con la educación, quien en el propio Plan Nacional de Desarrollo para su administración sigue dando a la educación un tratamiento como clave estratégica. Si nos remitimos a los discursos de campaña del entonces candidato, encontraremos continuas afirmaciones a su propósito de elevar el gasto educativo. Por ejemplo, el 2 de mayo de 2000, ante el Comité Nacional de Acción Política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Vicente Fox afirmó: "… los invito a repensar el proyecto educativo nacional. Primero, deberemos incrementar el presupuesto para la educación pública, laica y gratuita de calidad. Pasar del 5 por ciento del Producto Interno Bruto a por lo menos el 8 por ciento en los próximos años".

De acuerdo con esta declaración, "el presupuesto para la educación pública" no puede ser otro que el que se integra por las aportaciones de la federación y de los estados. Estaríamos, entonces, hablando de que el gasto público en educación deberá ser equivalente al 8 por ciento del PIB para 2006. Y en la misma ocasión, el candidato Fox hizo referencia a la reforma fiscal para alcanzar este propósito: "Habremos de asegurar este avance del 5 al 8 por ciento del Producto Interno Bruto a través de una reforma fiscal integral, que, sin aumentar las tasas impositivas, aumente el ingreso del Estado". Lo que aquí llama la atención es la afirmación de que no se aumentarían las tasas impositivas, y, sin embargo, al Congreso de la Unión le fue entregada una iniciativa a la Ley del IVA que contradice la oferta de campaña.

Otro aspecto que en su momento fue una de las ofertas más reiteradas por Vicente Fox durante su campaña, fue el ofrecimiento de "conectar todo el ingreso del petróleo y de PEMEX directamente al sistema de educación pública nacional, laica y gratuita…" Esta declaración corresponde también al diálogo citado que sostuvo con el CNAP del SNTE el 2 de mayo de 2000. Sin embargo, las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, decretadas por la Secretaría de Hacienda, no se atienden en lo más mínimo el propósito de destinar recursos para la educación pública. Lo que Hacienda decretó asegura que todos los ingresos excedentes para este Fondo que rebasen los 5 mil millones de dólares se destinarán a la amortización de la deuda pública externa.

FÓRMULAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS EDUCATIVOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES

La Ley de Coordinación Fiscal, de acuerdo con su Artículo 1, coordina el sistema fiscal de la federación con los estados, municipios y el Distrito Federal. Establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; y distribuir entre ellos dichas participaciones. De acuerdo con ello, esta Ley es la que calcula y determina los montos para cada una de las entidades de los fondos asignados para educación en el Ramo 33.

A continuación citamos textualmente el texto (y las formulas) del Artículo 2º, el cual establece los criterios para la recaudación del Fondo General de Participaciones y para su distribución correspondiente entre las entidades de la federación y los municipios. Este mismo artículo es referencia para las fórmulas para la asignación de los montos correspondientes a diversos fondos del propio Ramo 33.

Artículo 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.

No se incluirán en la recaudación federal participable, los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo.

Tampoco se incluirán en la recaudación federal participable, los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa; ni los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos y sobre automóviles nuevos, de aquellas entidades que hubieran celebrado convenios de colaboración administrativa en materia de estos impuestos; ni la parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en que participen las entidades en los términos del artículo 3o.-A de esta Ley; ni la parte de la recaudación correspondiente a los contribuyentes pequeños que las entidades incorporen al Registro Federal de Contribuyentes en los términos del artículo 3o.-B de esta Ley; ni el excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 15% a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los artículos 130 y 158 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a lo siguiente:

I.- El 45.17% del mismo, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate.

El número de habitantes se tomará de la última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el año que se publique.

II.- El 45.17%, en los términos del artículo 3o. de esta Ley.

III.- El 9.66% restante, se distribuirá en proporción inversa a las participaciones por habitante que tenga cada entidad, éstas son el resultado de la suma de las participaciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo en el ejercicio de que se trate.

El Fondo General de Participaciones se adicionará con un 1% de la recaudación federal participable en el ejercicio, que corresponderá a las Entidades Federativas y los Municipios cuando éstas se coordinen en materia de derechos y, previa comprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que se ajustan estrictamente a los lineamientos establecidos en el artículo 10-A de esta Ley. El porcentaje citado será distribuido entre las Entidades mencionadas conforme al coeficiente efectivo del Fondo General de Participaciones que les corresponda para el ejercicio en el que se calcula. El Fondo no se adicionará con la parte que correspondería a las Entidades no coordinadas en derechos. Asimismo, el Fondo se incrementará con el por ciento que representen en la recaudación federal participable, los ingresos en un ejercicio de las contribuciones locales o municipales que las Entidades convengan con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en derogar o dejar en suspenso.

También se adicionará al Fondo General un monto equivalente al 80% del impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación. Dicho monto se actualizará en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el sexto mes de 1989 hasta el sexto mes del ejercicio en el que se efectúe la distribución. Este monto se dividirá entre doce y se distribuirá mensualmente a las entidades, en la proporción que representa la recaudación de estas bases de cada entidad, respecto del 80% de la recaudación por bases especiales de tributación en el año de 1989.

Adicionalmente, las entidades participarán en los accesorios de las contribuciones que forman parte de la recaudación federal participable, que se señalen en los convenios respectivos. En los productos de la Federación relacionados con bienes o bosques, que las leyes definen como nacionales, ubicados en el territorio de cada entidad, ésta recibirá el 50% de su monto, cuando provenga de venta o arrendamiento de terrenos nacionales o de la explotación de tales terrenos o de bosques nacionales.

Las entidades que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y que hubieran celebrado con la Federación convenios de colaboración administrativa en materia del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos, donde se estipule la obligación de llevar un registro estatal vehicular, recibirán el 100% de la recaudación que se obtenga por concepto de este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva.

Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar con la Federaciónconvenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva.

Artículo 2o.A.- En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los Municipios, en la forma siguiente:

I.- En la proporción de la recaudación federal participable que a continuación se señala participarán los municipios, en la forma siguiente:

0.136% de la recaudación federal participable, a aquellos Municipios colindantes con la frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes que se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a que se refiere esta fracción, en los casos en que se detecten mercancías de procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en país.

La distribución entre los municipios se realizará mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente fórmula:

CCiT = Bi/TB

Donde:

CCiT es el coeficiente de participación de los municipios colindantes i en el año para el que se efectúa el cálculo.

TB es la suma de Bi.

i es cada entidad.

Bi=(CCiT-1) (IPDAiT-1)/IPDAT-2

Donde:

CCiT-1= Coeficiente de participaciones del municipio i en el año inmediato anterior a aquel para el cual se efectúa el cálculo.

IPDAiT-1 = Recaudación local de predial y de los derechos de agua en el municipio i en el año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo.

IPDAiT-2 = Recaudación local del predial y de los derechos de agua en el municipio i en el segundo año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo.

II.- 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, excluyendo el derecho extraordinario sobre el mismo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dichos productos.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por conducto de Petróleos Mexicanos, informará mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los montos y municipios a que se refiere el párrafo anterior.

III.- 1% de la recaudación federal participable, en la siguiente forma:

a).- El 16.8% se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal.

b).- El 83.2% incrementará dicho Fondo de Fomento Municipal y sólo corresponderá a las entidades que se coordinen en materia de derechos, siempre que se ajusten estrictamente a los lineamientos establecidos en el artículo 10-A de esta Ley.

El Fondo de Fomento Municipal se distribuirá entre las entidades mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente fórmula:

A i

CEit = ---------

TA

Donde:

CEit = Coeficiente de participación en el Fondo de Fomento Municipal de la Entidad i

en el año para el que se efectúa el cálculo.

TA = Suma de Ai

i = cada Entidad.

(CEi ) (IPDAi )

t-1 t-1

Ai = -----------------------

IPDA t-2

CEi = Coeficiente de participación de la

t-1 Entidad i en el año inmediato anterior a aquél para el cual

se efectúe el cálculo.

IPDAi = Recaudación local del predial y de

t-1 los derechos de agua en la Entidad i en el año inmediato

anterior para el cual se efectúa el cálculo.

IPDAi = Recaudación local del predial y de

t-2 los derechos de agua en la

Entidad i en el segundo año inmediato

anterior para el cual se efectúa el cálculo.

Los Estados entregarán íntegramente a sus municipios las cantidades que reciban del Fondo de Fomento Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las legislaturas locales, garantizando que no sea menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia de derechos.

Las cantidades que correspondan a los municipios en los términos de las fracciones I y II, se pagarán por la Federación directamente a dichos municipios.

Y en lo referente a los fondos de aportaciones federales, el Artículo 25 es el que hace referencia a los fondos del Ramo 33, incluyendo, por supuesto, los componentes educativos que mencionamos ya anteriormente en este documento.

El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se define por los artículos 26, 27 y 28:

Articulo 26.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos complementarios que les apoyen para ejercer las atribuciones que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.

Articulo 27.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir de los siguientes elementos:

I.- El Registro Común de Escuelas y de Plantilla de Personal, utilizado para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas con motivo de la suscripción de los Acuerdos respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad social; y

II.- Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se hayan transferido a las entidades federativas de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se presupueste, adicionándole lo siguiente:

a).- Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, contenidas en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación;

b).- El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio anterior; y

c).- La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operación, distintos de los servicios personales y de mantenimiento, correspondientes al Registro Común de Escuelas.

Articulo 28.- Las autoridades federales y de las entidades federativas, tanto en materia educativa como las responsables del ejercicio presupuestario, se reunirán con una periodicidad no mayor de un año, con el fin de analizar alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad e impulsen la mejor utilización de los recursos transferidos a las entidades federativas para la educación básica y, en su caso, normal.

Para tal efecto, los gobiernos estatales y del Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, la información financiera y operativa que les sea requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, programación y evaluación del Sistema Educativo Nacional, correspondan a la Federación.

En lo referente al Fondo de Aportaciones Múltiples, éste se asigna con base en los artículos 39 a 42:

Articulo 39.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Para el entero de estos recursos, no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta Ley.

Articulo 40.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria.

Articulo 41.- El Fondo De Aportaciones Múltiples Se Distribuirá Entre Las entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Articulo 42.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal, recibirán los recursos económicos complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios.

Finalmente, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se determina por el Artículo 43:

Articulo 43.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, exclusivamente a partir de los siguientes elementos:

I.- Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de personal utilizados para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades Federativas con motivo de la suscripción de los convenios respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad social;

II.- Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se hayan transferido a las Entidades Federativas de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se presupueste, adicionándole lo siguiente:

a).- Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, contenidas en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación,

b).- El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio anterior y

c).- La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operación, distintos de los servicios personales, correspondientes a los registros de planteles y de instalaciones educativas, y

III.- Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos, la determinación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y su consiguiente distribución, responderán a fórmulas que consideren las prioridades específicas y estrategias compensatorias para el abatimiento del rezago en materia de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo. Las fórmulas a que se refiere esta fracción deberán publicarse por la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con lo visto, parece imprescindible que cualquier intento para modificar las aportaciones de la federación a los municipios, deberá de pasar por una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, sea reformando una o varias de las fórmulas citadas, o creando uno o varios nuevos fondos con fórmulas ad hoc para ellos.

TAREAS PENDIENTES

Si bien es cierto que el pacto federal fue concebido en su origen para promover el desarrollo equitativo de todos los integrantes de nuestra nación, dicho objetivo no se ha podido cumplir plenamente, pues es evidente que no se ha logrado una eficaz distribución de los recursos materiales, económicos y humanos con que contamos, y tampoco se han equilibrado las oportunidades de desarrollo entre los estados y los municipios que la conforman.

Sin lugar a dudas, la decisión más trascendente en la historia de la relación de la Federación y los estados ha sido el acuerdo para la modernización, del que se desprendieron la ley general y las reformas a las leyes estatales. Sin embargo, por la dinámica intrínseca al sistema presidencialista que hemos vivido persiste un conjunto de condiciones que mantienen centralizadas todavía muchas de las decisiones que deberían corresponder a los estados. Es ahora muy buen tiempo para ampliar más el espacio y las facultades de ellos, de ampliar las libertades de los individuos y comunidades, de hacer más explícitos los derechos de los estados, todo ello con una visión republicana, nacional y democrática.

Se requiere pasar de la función normativa y reguladora que reside en el Ejecutivo, a una que resida cada vez más en los congresos locales, en la que el gobierno federal actúe como detonante de condiciones generales de desarrollo, y de funcionar como un facilitador de los medios para el desarrollo de los estados.

Entre los saldos que aún quedan en la agenda educativa, podríamos mencionar que se requiere una profunda reforma estructural del sistema para que se oriente a democratizar de manera real los procesos y las relaciones escolares, otorgando mayor autonomía a las escuelas y a los maestros.

El establecimiento de un vínculo efectivo de cooperación y apoyo entre los centros escolares y las comunidades que permita el desarrollo y crecimiento cultural del entorno social. Hasta hoy, en general, los consejos escolares de participación social siguen siendo letra muerta en la Ley General de Educación, aprobada en 1993.

Es necesario avanzar hacia esquemas de concurrencia más equitativos en la distribución del presupuesto. No es justo que el Distrito Federal aporte tan poco para su educación. El propio Gobierno del DF y su Asamblea Legislativa han dado algunos pasos para irse haciendo corresponsables de la educación de su población. Hay también que considerar que en el caso del DF hay, seguramente, una cantidad importante de ciudadanos del Estado de México que se benefician de los servicios educativos que se imparten en la Capital. ¿Cómo conciliar presupuestalmente esta situación?

Los gobiernos estatales deben participar más en la tarea de la mejora salarial del magisterio. A ello debe contribuir una administración eficiente, adecuada a las realidades de cada zona, en la base de una cultura laboral firme que se funda en una relación sana y firme entre los gobiernos estatales y el magisterio. Los gobiernos estatales no pueden seguir como una especie de patrones o líderes incompletos financiera y políticamente.

La conducción financiera educativa de los gobiernos estatales implica no sólo la conducción programática presupuestal plena, sino la posibilidad de allegarse recursos y manejar la hacienda pública sin más restricciones que las impuestas estatalmente. Se deben terminar con los sistemas de programación discrecional central y sustituirse por modelos de asignación de recursos más transparentes y previsibles dentro del calendario fiscal. Lo anterior mejoraría también la planeación económica y educativa, disminuiría los retrasos en las contrataciones y cambios, y facilitaría la consolidación de los sistemas educativos y el desarrollo laboral.

De acuerdo con estas necesidades, se requiere trabajar en dos condiciones que son requisito para lograr garantizar una educación pública, laica, gratuita y de calidad para todas y todos los mexicanos: incrementar los recursos del gasto público educativo y designar las erogaciones pertinentes a las funciones programáticas, las unidades responsables y los programas correspondientes. Estos trabajos requieren elaborar un análisis de la situación presupuestal actual y el diagnóstico de las necesidades presupuestales en perspectivas de corto, mediano y largo plazo, para dar la satisfacción necesaria a ellas.

Como una primera condición, consideramos que es necesario verificar el adecuado ejercicio de los recursos presupuestales educativos, tanto en el análisis de las disposiciones legales que competen a la Cámara de Diputados, tanto para cumplir mejor con su responsabilidad en la vigilancia del ejercicio como para contribuir a la mejor y más amplia difusión de la rendición transparente de cuentas de todas las dependencias y entidades.

 

EL VALOR DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL FEDERALISMO EDUCATIVO

El proceso democratizador que los mexicanos hemos construido en años recientes, es la manifestación de una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos y deberes. Las políticas públicas ya no pueden limitarse a un hacer autocomplaciente con un discurso solipsista, sino que implica el cumplimiento del derecho a la información. ¿Qué?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, ¿cómo? Responder a estas y tantas otras preguntas es también deber de un Estado moderno.

El proceso de rendición de cuentas es, por tanto, consustantivo al principio democrático e indispensable de un efectivo proceso de federalización, lo que implica en los hechos el deber del Ejecutivo –en sus distintos niveles—en informar de sus planes, acciones y gastos; y en la obligación de la Cámara de Diputados de actuar como instancia crítica de la administración pública, revisora de las cuentas públicas y legisladora del marco jurídico que coadyuve para su mejor cumplimiento.

La rendición de cuentas es un tema fundamental para la democratización de la toma de decisiones que a todos nos atañen y la transparencia de la función pública en cualesquiera que sea objeto de ésta; pero se convierte en una actividad de plena responsabilidad social cuando lo que se busca es rendir cuentas en materia educativa.

Si en nuestra democracia representativa la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos es obligación de la Cámara de Diputados, la responsabilidad ciudadana no puede limitarse a la delegación de sus intereses en sus representantes electos, sino que implica la actuación corresponsable de todos en el seguimiento presupuestal desde que se propone por el Ejecutivo hasta su aprobación en la Cámara de Diputados, y desde su aplicación hasta la auditoría de su ejercicio en términos de honestidad y eficiencia. Nuestra convicción es que debemos ampliar nuestra democracia; hacerla no sólo representativa, sino también, participativa.

Para ello, es necesario establecer las disposiciones administrativas y reglamentarias adecuadas con la nueva Ley de Fiscalización Superior de la Federación (aprobada en diciembre de 2000), tanto para transparentar las actuaciones de las autoridades educativas, como para que la sociedad en su conjunto conozca esta labor de manera clara y suficiente.

 

INSTRUMENTOS LEGALES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS AL LEGISLATIVO

A la Cámara de Diputados, por su naturaleza representativa, le corresponde también cumplir con el deber de informar a la ciudadanía, de manera clara, oportuna y suficiente, de su trabajo en la vigilancia del ejercicio del presupuesto de la Federación, de los resultados en ese sentido y en las recomendaciones o acciones derivadas de este ejercicio, pues la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, sin duda, es una de las demandas más encarecidas de la sociedad mexicana.

Existen principalmente tres instrumentos legales que obligan al Ejecutivo a rendir cuentas al Legislativo: la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001.

Ley de Coordinación Fiscal

Esta Ley permite fiscalizar los Fondos del Ramo 33, los cuales ya fueron señalados anteriormente los que corresponden a educación.

Artículo 46, inciso I

Señala que hasta el momento de la entrega de los recursos de la federación a las entidades, el control y la supervisión de los recursos corresponde a la Secretaría de Contraloría.

Artículo 46, inciso III

En lo referente a la vigilancia del ejercicio del presupuesto una vez que pasa a cada entidad, señala que: "La fiscalización de las Cuentas Públicas de las Entidades Federativas y los municipios, será efectuada por el Congreso local que corresponda, por conducto de su Contaduría Mayor de Hacienda conforme a sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias del Ejecutivo Local y de los Municipios, respectivamente aplicaron los recursos de los fondos para los fines previstos en esta Ley".

Artículo 46, inciso IV

Establece que cuando las autoridades Estatales o Municipales que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión conozcan que los recursos de los Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se señale en la Ley, deberán hacerlo del conocimiento de la SECODAM.

Ley de Fiscalización Superior de la Federación

En diciembre próximo pasado se aprobó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre, y establece que son sujetas de rendir informes todos aquellos entes públicos que hayan recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, motivo por el cual la rendición de cuentas de la federación está ya expresa en la Ley.

La relación de la Cámara de Diputados con la Auditoría Superior de la Federación está dada exclusivamente por la Comisión de Vigilancia de Contaduría Mayor de Hacienda, la cual tiene la facultad de nombrar al Auditor Superior, y conocer en detalle de las actividades de la Auditoría en tiempos y formas determinados.

Sin embargo, pueden encontrarse algunas facultades propias del Auditor Superior que le permiten actuar con cierta discrecionalidad en la fiscalización de los recursos que la federación entrega a las entidades. Por ejemplo, el Artículo 33 permite a la Auditoria Superior proponer a los estados los procedimientos de coordinación con sus legislatura locales para la verificación de la aplicación correcta de los recursos. De este modo, las formas y tiempos para fiscalizar en cada caso pueden variar, dependiendo de los convenios celebrados entre el Auditor Superior y cada legislatura, según señala el propio Artículo 34.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001

Hay varios artículos que hacen referencia a las obligaciones y procedimientos para la información a la Cámara de Diputados del ejercicio de los recursos federales.

De allí, destacamos los siguientes artículos:

Artículo 10

Permite a las dependencias y entidades convenir en reasignaciones de recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de transferir responsabilidades y recursos correspondientes a programas federales. Esto permitiría, por ejemplo que la SEP pudiera transferir recursos al Gobierno del DF previa firma de un convenio entre las partes por conducto de la Secretaría de la Contraloría

Artículo 12

Este artículo es uno de los que pueden ser más importantes para que la Cámara de Diputados pueda dar un seguimiento puntual y preciso de los recursos transferidos a las entidades de la Federación. Señala en primer lugar que "para el control de los recursos que se reasignen, la Contraloría convendrá con las secretarías de contraloría o sus equivalentes en las entidades federativas los programas o las actividades que permitan garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables. Pero, además señala que "la Cámara podrá celebrar convenios con las legislaturas locales, a través de sus respectivos órganos técnicos de vigilancia, con el objeto de coordinar acciones para el seguimiento del ejercicio de los recursos que se reasignen, a través de mecanismos de información que faciliten la evaluación de los resultados, permitan incorporar éstos en las cuentas públicas respectivas y promuevan la rendición transparente y oportuna de cuentas…" Esto indica la necesidad de que las distintas comisiones pudieran promover la firma de tales convenios para poder dar seguimiento al ejercicio de los recursos transferidos.

Artículo 70

De acuerdo con este artículo los titulares de cada dependencias y entidades "deberán enviar a la Cámara, por conducto de las comisiones correspondientes, informes semestrales sobre el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en las reglas de operación de los programas (publicadas en el Diario Oficial a más tardar el 15 de marzo).

¿Cómo debe interpretarse "por conducto de las comisiones correspondientes"? ¿Quiere decir, por ejemplo, que el secretario de Educación tiene que enviar un informe semestral a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados?

Los programas educativos que deben sujetarse a esta obligación son los siguientes:

Secretaría de Educación Pública

Programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo

Programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Programas del Instituto Nacional de Educación para Adultos

Programas de la Comisión Nacional del Deporte

Programas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Programa del Mejoramiento del Profesorado

Programa Nacional de Becas y Financiamiento

Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior

Programa Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de ANUIES

Programa Especial (Operado por la Coordinadora Nacional de PROGRESA)

Programa de Educación Salud y Alimentación

(Estos programas se especifican en el Artículo 71)

Artículos 82 y 83

La Secretaría de Hacienda tiene la obligación de informar trimestralmente la ejecución del Presupuesto a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Este documento debe aportar información por cada dependencia y entidad, "procurando señalar los avances de los programas sectoriales y especiales más relevantes… y la información que permita dar un seguimiento al Presupuesto en el contexto de la estructura programática". Algo importante que señala este Artículo es que información más detallada podrá ser solicitada por los diputados, pero por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Es decir, la Comisión de Presupuesto es la interlocutora permanente con Hacienda y el resto de las comisiones deberán dirigirse a Hacienda por conducta de ésta, en caso de que requieran conocer mayor detalle de aspectos presupuestales de su interés.

Artículo 85

Para la Información, Transparencia, Evaluación y Control del Presupuesto –según señala el Título Quinto-, hay un Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, operado por la Secretaría de Hacienda, la Contraloría y el Banco de México. El Artículo señala que las dependencias deberán entregar a más tardar los días 15 de cada mes su información correspondiente en materia de programación y presupuesto.

Y en lo que respecta al Legislativo, la Secretaría de Hacienda dará "acceso total y pemanente" a:

         Comisión de Presupuesto y cuenta Pública

         Comisión de Hacienda

         Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Se infiere que son estas las instancias a las que deben acudir las demás comisiones ordinarias y extraordinarias que tienen el propósito de informarse y vigilar sobre el ejercicio del gasto público.

Artículo 86

Destaca el caso del Artículo 86, el cual obliga a las dependencias y entidades a difundir por medio de internet la información relativa a sus programas y proyectos aprobados en este Presupuesto, "a más tardar 15 días hábiles posteriores a la fecha en que se haya generado dicha información" (Con excepción de los programas señalados en los artículos 70 a 81). El mismo artículo señala que las dependencias y entidades podrán informar al respecto en " a través de la publicación de un extracto de dicha información

Aquí lo que hay que destacar es que aunque el artículo indica que las dependencias puedan publicar "un extracto de dicha información" en la prensa, siguen teniendo la obligación de difundir a través de internet toda la información de manera completa, no sólo un "extracto".

Sin embargo, puede constatarse en los sitios en internet de varias secretarías de Estado, como la de Educación, que este mandato no se ha cumplido.

Artículo 88

Señala que Hacienda y Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades. Además, el seguimiento y evaluación del ejercicio de los recursos federales transferidos a las entidades, se realizará con un sistema de medición de resultados en el ámbito federal, que considere los componentes del sistema de Evaluación del Desempeño.

Artículo Tercero Transitorio

Señala que los recursos del Ramo 25 se canalizarán a través del Ramo 33, una vez que haya concluido el proceso de transferencia de los servicios de Educación Básica al Gobierno del Distrito Federal, por lo que posiblemente en el próximo Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación podríamos ya encontrar esta transferencia de recursos especificada en los FAEB, FAETA y FAM para el Distrito Federal.

 

ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GASTO EDUCATIVO FEDERAL

Recursos Educativos en Progresa

Para el análisis del ejercicio presupuestal de los recursos de PROGRESA en educación, puede realizarse una reunión con el Coordinador Nacional de éste. También, considerando que para este programa hay un Comité Técnico conformado por las secretarías de Salud, Educación Pública y Desarrollo Social, Hacienda y el IMSS, puede resultar conveniente convocar al representante de la SEP en dicho Comité para revisar el ejercicio y los resultados de los Recursos Educativos en Ramo 33.

Recursos Educativos en los ramos 11 y 25

Pueden generarse varias líneas de acción. Una de ellas es solicitar al titular de la Secretaría de Educación Pública que se publique en internet la información presupuestal de estos ramos actualizándola mensualmente. En segunda instancia, solicitar al titular de la Secretaría de la Contraloría la información correspondiente a la información que la Secretaría tiene obligación de proporcionarle. En tercer lugar, solicitar por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública cualquier otra información detallada que no se manifieste en el Informe de la Situación de las Finanzas Públicas referente a educación.

Recursos educativos en el Ramo 33

En los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, deben promoverse esquemas que hagan pública la información de las comisiones de Contaduría locales dirigidas a la Comisión de Contaduría Mayor de la Cámara de Diputados. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos puede promover una reunión de trabajo con esta Comisión para hallar conjuntamente procedimientos que favorezcan una rendición de cuentas clara y suficiente al respecto.

Y en cuanto a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en primer lugar, es necesario conocer los convenios que se han firmado (en caso de que los haya) con las legislaturas locales, para evaluar y comparar los términos en que están especificados los tiempos y formas en cada uno. En segunda instancia, habría que ponderar la posibilidad de reformar esta Ley para definir en el propio texto, la norma que rija los tiempos y formas de la fiscalización de los recursos de la Federación con cada legislatura local y disminuir así, al máximo, cualquier posibilidad de discrecionalidad.

Otros recursos educativos

Aunque el gasto educativo se define por los egresos de los ramos 11, 25 y los componentes respectivos del 33, existen asignaciones a otros ramos que cumplen con la Función Educativa (07, según la clasificación de la Nueva Estructura Programática), tales como los destinados a becas y capacitación en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; para la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea (UDEFA), de la Secretaría de la Defensa Nacional; para el desarrollo de tecnología aplicado al sector energético en los institutos descentralizados de la Secretaría de Energía; así como lo asignado a la Secretaría de Agricultura para las universidades agrarias. En todos estos casos el procedimiento no es otro que dirigirse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para solicitar a Hacienda los correspondientes informes de finanzas de las dependencias en su corte trimestral.

La promoción de las contralorías sociales

No obstante las diversas disposiciones que rigen al Ejecutivo federal y de las entidades de los estados, la promoción de órganos de fiscalización distintos a los órganos de los poderes públicos de la federación y los estados, constituirían una instancia de importante valía para una mejor y permanente fiscalización de los recursos públicos, los cuales puedan incidir en una tarea preventiva en el adecuado manejo y ejercicio del presupuesto, antes que correctiva y represiva.

Integrados por ciudadanos con calidad moral reconocida públicamente, deberíamos encontrar las fórmulas legales para dotar a estos consejos de facultades y personalidad jurídica, así como para definir las figuras institucionales que determinaran su marco de acción, organización y procesos de elección. Podemos pensar en los Consejos de Participación Social en la Educación, una figura que ya existe en la reglamentación de la Secretaría de Educación Pública, pero inoperantes en la práctica. Además, no poseen facultades en lo referente a los recursos presupuestales, ni en su asignación ni en su fiscalización. Habrá, entonces, que trabajar en la construcción de la figura de las contralorías sociales que carecen, hasta ahora, de forma alguna en la legislación educativa y de fiscalización.